“Se está especulando demasiado con una causa muy compleja y ahora no puedo hacer ningún análisis, pero no quiero que la opinión pública crea que esto está armado o que responde a una operación política o periodística o internacional.” De este modo, el juez Gabriel Cavallo –que ordenó el martes la detención de la viuda y del hijo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria– salió al cruce de las versiones que circularon sobre el caso, sin ocultar su molestia. El magistrado recibió ayer a la noche una nota de la Dirección Nacional de Migraciones, de la Cancillería y del Ministerio del Interior que señala que “Argentina no tiene ningún convenio con Colombia para reconocer la nueva identidad de la señora y sus hijos, es decir que, las autoridades argentinas no reconocen la validez de los documentos con que los Gaviria ingresaron al país”. Sin embargo, el ministro del Interior, Carlos Corach, afirmó ayer en Uruguay que los documentos son “oficiales” y “fueron entregados por el gobierno colombiano para protegerlos”. Cavallo había insistido en que no recibió ninguna comunicación oficial desde Colombia que acredite la condición de “testigos protegidos” con otra identidad. Por su parte, el cónsul colombiano, Ignacio Ruiz, dijo que no sabían que estaban en el país y que la detención fue una sorpresa. Victoria de Gaviria y su hijo están acusados de falsificación de documento público y uso de documento público falso, pero el juez aclaró que es una “calificación provisoria, no son hechos”. El otro delito que se les imputa es lavado de dinero proveniente del narcotráfico, al que podría agregarse la acusación de integrar una asociación ilícita. En tal sentido, un par de semanas antes de la precipitada detención de la mujer, el juez había solicitado información al Banco Río y al Citibank sobre sus movimientos de dinero. Pero antes de los allanamientos realizados el martes no parecía tener elementos suficientes como para negarle la libertad. El abogado de la mujer, Guillermo Abramson, habría aportado documentación para acreditar que todas las operaciones financieras e inmobiliarias realizadas por su defendida en Argentina son legales. Pero en algunas de ellas la viuda se manejó con testaferros. El juez Cavallo deberá analizar la composición de la fortuna de Victoria de Gaviria, que estaría compuesta por la herencia que le dejó su marido (calculada en dos mil millones de dólares) y las cuentas en donde está depositado el dinero de los juicios por expropiaciones que tiene con el Estado colombiano. Al cierre de esta edición, el juez tomaba declaración indagatoria a Juan Pablo Escobar, de 22 años, mientras su madre aguardaba en la alcaidía de los tribunales federales de Retiro.Aunque no es el objeto de la causa, si el juez encuentra elementos sobre algún tipo de negligencia por parte de los organismos de seguridad o las autoridades de Migraciones en este nuevo escándalo, los separará de la causa para que otro magistrado lo investigue. “Si hay alguna responsabilidad de un funcionario público la voy a hacer conocer”, enfatizó Cavallo ante la prensa. Y agregó que “no me muevo por apellidos, si hay pruebas se tomarán las decisiones necesarias”.El contador de la mujer, Juan Carlos Zacarías, obtuvo la eximición de prisión, mientras que su socio, Enrique Peralta, tuvo menos suerte y quedó detenido hasta que el juez lo indagó. Zacarías es un personaje clave en la historia porque habría compartido inversiones con la viuda, pero ahora litigan en el fuero civil. Victoria Eugenia lo acusa de extorsionarla. El contador dice que se enteró hace pocos meses de la verdadera identidad de la mujer, que antes le pagaba un sueldo de 400 pesos. Su abogado, Víctor Stinfale, reconoció que fue a verla para pedirle que le diera a Zacarías una remuneración acorde a su condición de “acaudalada viuda de narcotraficante”, porque “ella le ocultó su verdadera identidad con locual no le permitió al contador elegir si quería tenerla como cliente”.

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