La Alianza y el PJ
presentaron proyectos en Diputados para que el ex dictador de Tucumán no pueda asumir su
banca en diciembre.
Corrida: El primero de diciembre juran de nuevos
legisladores. La definición tiene queser el miércoles, justo cuando se trata el
Presupuesto.
Bussi: cuestionado por todos.Podría
asumir a fin de mes.
Por Felipe Yapur
Acosado por los
juicios por secuestro de menores cometidos durante la dictadura y el enriquecimiento
ilícito logrado con la plata sucia del Proceso, Antonio Domingo Bussi pugna por lograr la
impunidad que le otorgarían los fueros parlamentarios que obtuvo el 24 de octubre. Pero
no le será fácil. Tanto el bloque de la Alianza como el del PJ presentaron proyectos
para evitar que el ex dictador integre nuevamente la Cámara baja. Los hay vehementes,
como los del diputado Alfredo Bravo y Alfredo Neme Scheij, que sostienen que “es
imprescindible impugnar e impedir el ingreso del dictador”. Los hay también más
moderados, como el que encabeza Mario Cafiero, quien pretende suspender el diploma del
militar hasta tanto se integre la Comisión de Etica Pública. Esta deberá impugnarlo en
base a su falta de idoneidad moral. Pero en lo que todos coinciden es en que para que
Bussi no sea diputado es necesario voluntad política para impedirlo. Todos los
legisladores consultados juran que ésta existe.Pero el tiempo juega en contra de los
diputados. El lunes se incorpora el diploma del ex dictador y el primer día de diciembre
se realizará la jura de los nuevos legisladores. Por ello todos los representantes que
presentaron proyectos reconocen que la definición del caso Bussi tiene que darse el
próximo miércoles, justo el día en que la Cámara se reunirá para tratar el
Presupuesto del 2000. El bussismo cree que este espinoso tema, que enfrenta a los partidos
mayoritarios, terminará favoreciendo al ex dictador.Otro punto que el bussismo piensa que
juega a su favor es la falta de unanimidad que existe tanto en los bloques de la Alianza
como del justicialismo. Esto, por ahora, es cierto. Ayer, en el bloque del PJ no se llegó
a un acuerdo sobre qué hacer con el pliego de Bussi ya que existen dos proyectos. Uno de
ellos es el que presentó la diputada Marta Ortega de Aráoz, quien plantea la
inhabilitación para ocupar la banca hasta tanto Bussi obtenga un fallo judicial favorable
en las causas que pesan sobre él. El otro es el que encabeza Mario Cafiero. El diputado
entiende que es necesario primero suspender provisoriamente la admisión del diputado
Bussi hasta tanto se expida la Comisión Nacional de Etica Pública. Este proyecto,
considerado por varios de los colegas de Cafiero como moderado, fija un plazo de 30 días
para que dicha comisión se integre y dictamine sobre la condición moral del ex dictador
para acceder a una banca de diputado nacional. “Es verdad que este camino puede ser
considerado un poco más moderado. Pero creo es el más seguro”, se defendió
Cafiero. La reunión del bloque terminó cuando su titular, Humberto Roggero, consideró
que era preciso esperar unos días antes de resolver.En la vereda de la Alianza sucede
algo similar. Los legisladores Bravo y Neme Scheij presentarán el lunes un extenso
proyecto donde se realiza una detallada descripción de su raid genocida durante la
dictadura militar. Los diputados escucharán el listado de las personas desaparecidas
durante el paso del militar por Tucumán entre 1975 y 1977, un detalle de los inmuebles
que el dictador adquirió en los años de plomo y los procesos que llevan adelante los
jueces Ricardo Maturana (enriquecimiento ilícito), Adolfo Bagnasco (desaparición de
menores) y Baltasar Garzón (genocidio). “Con todo estos datos no se puede pedir una
inhabilitación provisoria, es imprescindible impugnar y rechazar la incorporación de
Bussi”, indicó el diputado socialista.Mientras Bravo y Neme Scheij terminan de
redactar contra reloj su proyecto, los diputados de su mismo bloque, Nilda Garré, Diana
Conti, Juan Pablo Cafiero y Pablo Fernández presentaron el suyo. Curiosamente éste
coincide en parte con el presentado por Ortega de Aráoz y el del Cafiero peronista. Estos
aliancistas sostienen que “la idoneidad moral de Bussi está seriamente dañada
pública y notoriamente. Tiene un pedido de captura internacional por violaciones a los
derechos humanos, y con relación a lafalsedad ideológica de sus declaraciones juradas y
cuentas bancarias en el exterior no declaradas, lo comprendería la ley de Etica
Pública”.Un detalle a tener en cuenta es la posición del nuevo gobierno sobre este
tema. Ayer, el posible ministro de Justicia de la Alianza, Ricardo Gil Lavedra, advirtió
que para rechazar el pliego del ex dictador debió haberse impugnado su candidatura y no
esperar a que se realizara la compulsa popular, que lo consagró diputado. Esta posición
no es compartida por la APDH, entidad que también presentó una impugnación en donde
sostiene que “el voto sin el cual no hay república ni democracia, no es un
instrumento mágico para limpiar basura”. Sin duda, esto preocupa al ex dictador
quien ve que el arco democrático se está uniendo en su contra.
Acosado por los
juicios por secuestro de menores cometidos durante la dictadura y el enriquecimiento
ilícito logrado con la plata sucia del Proceso, Antonio Domingo Bussi pugna por lograr la
impunidad que le otorgarían los fueros parlamentarios que obtuvo el 24 de octubre. Pero
no le será fácil. Tanto el bloque de la Alianza como el del PJ presentaron proyectos
para evitar que el ex dictador integre nuevamente la Cámara baja. Los hay vehementes,
como los del diputado Alfredo Bravo y Alfredo Neme Scheij, que sostienen que “es
imprescindible impugnar e impedir el ingreso del dictador”. Los hay también más
moderados, como el que encabeza Mario Cafiero, quien pretende suspender el diploma del
militar hasta tanto se integre la Comisión de Etica Pública. Esta deberá impugnarlo en
base a su falta de idoneidad moral. Pero en lo que todos coinciden es en que para que
Bussi no sea diputado es necesario voluntad política para impedirlo. Todos los
legisladores consultados juran que ésta existe.Pero el tiempo juega en contra de los
diputados. El lunes se incorpora el diploma del ex dictador y el primer día de diciembre
se realizará la jura de los nuevos legisladores. Por ello todos los representantes que
presentaron proyectos reconocen que la definición del caso Bussi tiene que darse el
próximo miércoles, justo el día en que la Cámara se reunirá para tratar el
Presupuesto del 2000. El bussismo cree que este espinoso tema, que enfrenta a los partidos
mayoritarios, terminará favoreciendo al ex dictador.Otro punto que el bussismo piensa que
juega a su favor es la falta de unanimidad que existe tanto en los bloques de la Alianza
como del justicialismo. Esto, por ahora, es cierto. Ayer, en el bloque del PJ no se llegó
a un acuerdo sobre qué hacer con el pliego de Bussi ya que existen dos proyectos. Uno de
ellos es el que presentó la diputada Marta Ortega de Aráoz, quien plantea la
inhabilitación para ocupar la banca hasta tanto Bussi obtenga un fallo judicial favorable
en las causas que pesan sobre él. El otro es el que encabeza Mario Cafiero. El diputado
entiende que es necesario primero suspender provisoriamente la admisión del diputado
Bussi hasta tanto se expida la Comisión Nacional de Etica Pública. Este proyecto,
considerado por varios de los colegas de Cafiero como moderado, fija un plazo de 30 días
para que dicha comisión se integre y dictamine sobre la condición moral del ex dictador
para acceder a una banca de diputado nacional. “Es verdad que este camino puede ser
considerado un poco más moderado. Pero creo es el más seguro”, se defendió
Cafiero. La reunión del bloque terminó cuando su titular, Humberto Roggero, consideró
que era preciso esperar unos días antes de resolver.En la vereda de la Alianza sucede
algo similar. Los legisladores Bravo y Neme Scheij presentarán el lunes un extenso
proyecto donde se realiza una detallada descripción de su raid genocida durante la
dictadura militar. Los diputados escucharán el listado de las personas desaparecidas
durante el paso del militar por Tucumán entre 1975 y 1977, un detalle de los inmuebles
que el dictador adquirió en los años de plomo y los procesos que llevan adelante los
jueces Ricardo Maturana (enriquecimiento ilícito), Adolfo Bagnasco (desaparición de
menores) y Baltasar Garzón (genocidio). “Con todo estos datos no se puede pedir una
inhabilitación provisoria, es imprescindible impugnar y rechazar la incorporación de
Bussi”, indicó el diputado socialista.Mientras Bravo y Neme Scheij terminan de
redactar contra reloj su proyecto, los diputados de su mismo bloque, Nilda Garré, Diana
Conti, Juan Pablo Cafiero y Pablo Fernández presentaron el suyo. Curiosamente éste
coincide en parte con el presentado por Ortega de Aráoz y el del Cafiero peronista. Estos
aliancistas sostienen que “la idoneidad moral de Bussi está seriamente dañada
pública y notoriamente. Tiene un pedido de captura internacional por violaciones a los
derechos humanos, y con relación a lafalsedad ideológica de sus declaraciones juradas y
cuentas bancarias en el exterior no declaradas, lo comprendería la ley de Etica
Pública”.Un detalle a tener en cuenta es la posición del nuevo gobierno sobre este
tema. Ayer, el posible ministro de Justicia de la Alianza, Ricardo Gil Lavedra, advirtió
que para rechazar el pliego del ex dictador debió haberse impugnado su candidatura y no
esperar a que se realizara la compulsa popular, que lo consagró diputado. Esta posición
no es compartida por la APDH, entidad que también presentó una impugnación en donde
sostiene que “el voto sin el cual no hay república ni democracia, no es un
instrumento mágico para limpiar basura”. Sin duda, esto preocupa al ex dictador
quien ve que el arco democrático se está uniendo en su contra.