Por David Cufré A última hora, el
justicialismo incluyó en el farragoso texto del Presupuesto dos artículos polémicos. El
32 dice textualmente: “Ratifícase el decreto 1121/99 del Poder Ejecutivo”.
Página/12 pudo decodificarlo: se otorga a La Rioja por esa disposición 250 millones de
pesos al año, adicionales a lo que le corresponde por la coparticipación de impuestos.
Se trata de un nuevo intento por convalidar la pretensión de Carlos Menem, quien a
mediados de octubre pasado firmó un decreto concediendo aquella asignación especial a la
gobernación de su provincia natal. En aquel momento, la Alianza reaccionó con vehemencia
y anticipó que de ganar las elecciones del 24, emitiría otro decreto anulando esa
asistencia financiera. En medio de la polvareda que se levantó con el dictamen al
Presupuesto, firmado por los diputados del oficialismo, la maniobra del menemismo para
favorecer a La Rioja anticipa un nuevo escándalo en la cada vez más agitada experiencia
de la transición.
El decreto original, que firmaron Menem, Jorge Rodríguez, Carlos Corach y Roque
Fernández, dio lugar –a diez días de las elecciones– a que Fernando de la Rúa
cancelara una visita a La Rioja, como un gesto de repudio a la norma. Antes de abandonar
el poder, Menem aspira a conceder un último gran favor a sus coterráneos. El artículo
32 “ratifica” la vigencia del decreto, que a su vez había reflotado, sin plazo
de finalización, un convenio de 1996 entre la Nación y la provincia, por el cual el
gobierno central se comprometió a efectuar un desembolso de 250 millones de pesos anuales
a la provincia norteña. Se trata de una ayuda financiera “permanente”.
Ante la protesta de la Alianza, el gobernador Angel Maza y el senador Jorge Yoma habían
salido a defender enfáticamente el decreto presidencial. “No significa ningún costo
adicional para la Nación ni se les extrae ningún fondo a otras provincias”,
aseveró Maza. Ante la inminencia de las elecciones, el tema quedó oculto en el fragor de
las campañas. Pero ahora resurge con potencia, dado que implica una complicación
adicional para el gobierno electo en su tarea por limitar el déficit fiscal del próximo
año a 4500 millones de pesos.
A lo largo de su gestión, Menem favoreció en más de una oportunidad a La Rioja. De
hecho, es la provincia más favorecida con recursos girados por la Nación. Desde la
época en que Domingo Cavallo era ministro de Economía, ese distrito recibe “en
concepto de aporte no reintegrable” 145 millones de pesos, a lo que se agregan los
jugosos desembolsos por ATN, que en lo que va de este año treparon a 105 millones de
pesos.
Con respecto al decreto, que ahora se intenta convalidar con la ley de Presupuesto, el
diputado radical por La Rioja Gastón Mercado Luna había denunciado que “la
Legislatura provincial ratificó el convenio con la Nación en una sesión sorpresiva y
sobre tablas”. El senador Leopoldo Moreau, a su vez, había anticipado que si la
Alianza triunfaba en las elecciones se emitiría otro decreto para anular la ayuda
financiera.
Pero el artículo 32 no es la única sorpresa que apareció en el Presupuesto. El 54,
también “colado” a último momento, es menos significativo en su impacto
económico, pero igualmente emblemático de la retirada del menemismo del gobierno. Ese
artículo establece que los diputados y senadores podrán seguir concediendo pensiones
graciables, por un total de 25 millones de pesos al año. Las pensiones graciables han
sido severamente cuestionadas, ante los numeros casos detectados en que los beneficiarios
resultaron familiares de los legisladores o personas con un bienestar económico que no
justificaría la ayuda, así como también punteros políticos. Desde el punto de vista de
especialistas en programas de asistencia social, se sostiene además que esos fondos
podrían utilizarse de un modo más eficiente, al ser asignados a planes mejor
estructurados.
Otro aspecto que torna más controvertido este artículo es que prorroga “por el
término de diez años, a partir de las fechas de sus respectivosvencimientos (...), las
pensiones que hayan caducado o caduquen durante el presente año”. Si algunas de esas
pensiones fueran favores políticos –como de hecho se ha verificado–, y si el
artículo es finalmente aprobado en la ley de Presupuesto, habrá que esperar hasta el
2009 para corregir esas prebendas concedidas.
Todos estos cambios introducidos en el Presupuesto pueden ser eliminados cuando el
proyecto se trate en el pleno de la Cámara de Diputados o luego en el Senado. Otra
alternativa es que el Poder Ejecutivo haga uso de su poder de veto, pero si la ley es
sancionada antes del 10 de diciembre –como pretende la Alianza–, quien
dispondrá de esa facultad será Carlos Menem.
| Claves  El PJ
sigue sorprendiendo a la Alianza en medio de una transición cada vez más polémica.
Los diputados oficialistas colaron un artículo en el dictamen
del Presupuesto del 2000 que ratifica el decreto que dispone un giro de 250 millones de
pesos por año a La Rioja.
El decreto original dio lugar –a diez días de las
elecciones presidenciales– a que De la Rúa cancelara una visita a La Rioja, como
gesto de repudio a esa norma.
La Rioja recibe “en concepto de aporte no
reintegrable” 145 millones de pesos, a lo que se agregan los ATN, que en este año
treparon a 105 millones.
También, para poner nervioso a José Luis Machinea, los
diputados del PJ mantienen las pensiones graciables, que representan 25 millones de pesos
anuales.
En ese polémico dictamen se habilitó, además, un retiro
voluntario en la administración central, que podría implicar una reducción de hasta 17
mil agentes públicos.
La transición también se complica con nombramientos de
último momento, como los del INPI. Diputados de la Alianza presentaron ayer un proyecto
de resolución rechazando el decreto de esas designaciones.
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ESCANDALO EN EL BANCO DE LA RIOJA
“Hubo vaciamiento”
El Banco
de La Rioja SA, cuyo dueño es Elías Sahad, íntimo amigo del presidente Carlos Menem,
otorgó un total de 13 millones de créditos a empresas vinculadas, según se desprende de
una resolución de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco
Central. Ante esa irregularidad, entre otras, la entidad monetaria le reclamó su
reestructuración y capitalización. En una controvertida iniciativa, la Legislatura
provincial autorizó un aporte de la gobernación por 16 millones de pesos mediante bonos
con garantía de la coparticipación federal. El senador nacional Jorge Yoma denunció que
ese salvataje tiene como objetivo cubrir el vaciamiento del Banco de La Rioja por parte de
Sahad.
Yoma remarcó que en realidad se trata de un “caso de vaciamiento” y pidió el
veto del gobernador Angel Maza a la ley de capitalización, agregando que con esa norma se
desvían “recursos de todos los riojanos para financiar quebrantos que se producen en
el banco y para cubrir el agujero por préstamos mal otorgados”. La entidad pertenece
en un 70 por ciento a Elías Sahad (el 30 por ciento restante al estado provincial), un
empresario de servicios sociales amigo del presidente Carlos Menem y su chofer particular
cuando se traslada a Anillaco para descansar. Es además uno de los nuevos vecinos del
Presidente, en Anillaco, junto a Víctor Alderete.
El BCRA identificó a los “clientes vinculados” con el directorio de la entidad
de Sahad, detallados en la resolución 495. En ésta, en base a informes de áreas
específicas, se menciona a las empresas Central Dorado SA; Cía. de Minas Santa Rita SRL;
Gemas Riojanas SRL; Olivos de la Quebrada SA; y Marruecos SRL. En total, al 30 de junio
pasado, “y según cifras declaradas por la propia entidad”, a esas compañías
se las asistió con 13,6 millones de pesos. Por caso, Marruecos SRL pidió dinero para
montar un centro de diversión en la quebrada, llamado Moro, que ya funciona y que
aparecería a nombre del secretario privado del propio Sahad. El BCRA considera a estos
clientes “vinculados” con el banco porque Sahad “ejerce influencia directa
e indirecta en la política” de esas firmas.
El proyecto deja afuera a 17 mil
empleados públicos
El Presupuesto votado por los
legisladores del PJ prevé un recorte en la partida para sueldos y un plan de
“retiros voluntarios”.
Rodolfo Terragno, vicepresidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.
Al evaluar el dictamen ante los legisladores de la Alianza, no surgió la preocupación
por los despidos. |
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Entre los mecanismos
que la mayoría justicialista de la Comisión de Presupuesto de Diputados imaginó para
compensar la devolución de fondos específicos a las provincias, se incluyó el despido
de cerca de 17 mil empleados públicos, adicionales al recorte del 4 por ciento, ya sea en
puestos de trabajo o en sueldos, que promovía el proyecto de Presupuesto de Roque
Fernández. Para viabilizar el recorte de los planteles, los diputados comandados por
Oscar Lamberto dejaron inalterado el artículo 15 del proyecto redactado por el Ministerio
de Economía, que habilita “la creación de un sistema de retiro voluntario para el
personal de la planta permanente del sector público nacional”.
La partida para el pago de salarios de la Administración Nacional alcanzó en el
Presupuesto 1999 (en ejecución) a 7020 millones de pesos. En el proyecto para el año
próximo enviado al Congreso, Economía los redujo a 6936 millones, una exacción de 84
millones que podrían surgir tanto de reducción de planteles como de disminución de
sueldos, según evaluaron fuentes gremiales. Pero al resolver el restablecimiento de los
fondos específicos asignados a las provincias –al tiempo que se desestimaba fijar un
techo a los fondos girados a dichas jurisdicciones por coparticipación de impuestos
nacionales–, Lamberto echó mano a la misma partida para aplicarle un nuevo
guadañazo que compensara lo que se iba a gastar por otra vía.
Así, los fondos para sueldos de la Administración Nacional sufrieron un nuevo recorte,
esta vez de 6936 a 6636 millones de pesos. Los expertos en el tema calculan, en base a un
salario promedio de 1300 pesos, que la disminución de 300 millones equivale a las
remuneraciones de 17 mil agentes en el año.
El artículo 15 que crea el sistema de retiro voluntario establece que el mismo debería
reglamentarse antes del 31 de enero próximo, tarea que se encomienda a la Jefatura de
Gabinete “con intervención del Ministerio de Economía”. El mismo artículo
ordena la constitución de un Fondo de Reestructuración Organizativa para el pago de los
referidos retiros, que se financiará “mediante la venta de bienes públicos” y
“por medio de endeudamiento público”. Según se sabe, Roque Fernández ya
había acordado una línea de crédito del Banco Mundial para atender, precisamente, el
pago de indemnizaciones a agentes públicos.
El punto en cuestión o bien no fue advertido por los legisladores de la Alianza o, por el
contrario, fue considerado funcional al propósito de reestructuración de la
administración pública, reflejada en el proyecto de eliminar 13 secretarías y 59
subsecretarías. Ni el miércoles, cuando se votó el proyecto en comisión, ni ayer, se
oyeron voces de la actual oposición y futuro gobierno cuestionando este aspecto del
proyecto. Tampoco surgieron del encuentro del bloque de la Alianza para evaluar el
dictamen, realizada el miércoles por la noche.
Actualmente revistan en el sector público 291.235 agentes en la Administración Nacional,
otros 104.465 dependientes de las Fuerzas Armadas y 67.647 que se desempeñan en las
fuerzas de seguridad. En fuentes gremiales se da por descontado que el recorte de
planteles, si se produce, recaerá sobre los primeros. La respuesta no se hará esperar:
para el próximo miércoles, desde la CTA (central político-sindical opositora al modelo)
se anticipó que se convocará a una marcha sobre el Congreso con participación de
estatales (ATE), docentes (CTERA) y jubilados, para repudiar los despidos en ciernes y el
Presupuesto para el año 2000 en general.
| “Es el
peor de los mundos” “Este es el peor
de los mundos. No hemos tenido un solo aportes de ideas por parte de la Alianza, salvo la
propuesta de ajustar a las provincias.” Oscar Lamberto, titular de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja se quejó amargamente de la actitud de la
Alianza en medio de la transición. “La posición del PJ no es la más cómoda. La
Alianza juzga un Presupuesto que ellos no hacen, desestiman las cifras que envía el
Ejecutivo y después piden que se vote esa propuesta. Y, encima, califican de mamarracho
nuestro trabajo. Así es muy difícil colaborar”, añadió el diputado del PJ. Tras
las críticas, Lamberto se mostró dispuesto al diálogo para acordar el Presupuesto del
2000. Pero advirtió: “Si nuestro dictamen no les sirve, no les interesa, y bueno,
que presenten otro proyecto. Pero me parece que no es justo descalificar todo nuestro
trabajo”. |
| Los lobbies
velan armas La posibilidad de que la Alianza
incluya en el probable paquete impositivo un aumento de Impuestos Internos ya ha disparado
la acción de lobbies para impedir que afecte a las actividades que serían gravadas, como
la de los cigarrillos, colas y cerveza. Al respecto, el director de la tabacalera Massalin
Particulares, Jorge Vives, salió al cruce con dureza ante la eventualidad de un aumento
de cinco puntos adicionales a la actual carga tributaria incluida en los paquetes de
puchos. “Es una ataque al consumidor; no es lo que la gente ha votado (más
impuestos)”, afirmó, agregando que “es un disparate” aplicar tributos al
consumo “que son regresivos”. Según el cálculo realizado por Vives, en caso de
que se suba cinco puntos la alícuota del impuesto a los cigarrillos, el precio del
paquete aumentaría un 25 por ciento. “Y esto va a provocar una caída del volumen de
ventas y un ingreso proporcional de contrabando”, apuntó. |
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