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La Alianza cuestionó con dureza
los nombramientos en el INPI

Carlos Menem designó de apuro al directorio del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, dependencia clave en el tema patentes, lo que precipitó airadas críticas. Diputados de la Alianza en pie de guerra.

Alieto Guadagni, secretario de Industria, deslindó responsabilidades. “No soy yo quien firma los decretos.”
En el Congreso se presentó un proyecto de declaración rechazando el decreto que cesa la intervención del INPI.

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t.gif (862 bytes)  Diputados radicales presentaron ayer un proyecto de declaración rechazando el decreto del Ejecutivo que cesa la intervención del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) prevista hasta el 10 de diciembre y que supone el nombramiento de un nuevo directorio cuando falta menos de un mes para el cambio de gobierno.
El INPI, una dependencia clave en el controvertido tema de las patentes medicinales, es un organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Industria. Los diputados radicales consideraron la “inoportunidad e inconveniencia” de nombrar un nuevo directorio en un período de transición y reclamaron la derogación del decreto.
El proyecto, que lleva la firma, entre otros, de los diputados radicales Juan Pablo Baylac (Buenos Aires) y Mario Negri (Córdoba), expresa entre sus fundamentos la importancia que tiene el nombramiento del directorio del INPI para el nuevo gobierno. Los diputados destacaron que la ley de patentes sancionada en 1995 dejó muchos puntos sin definición y es precisamente al Instituto al que competerá la resolución de esas cuestiones, puesto que la norma comenzará a regir a partir de enero. Entre las tareas del organismo estará nada menos que el establecimiento de los montos que deberán pagar los laboratorios (nacionales) que quieran comercializar drogas desarrolladas por terceros (extranjeros).
Por su parte, el secretario de Industria, Alieto Guadagni, de quien depende el INPI, deslindó responsabilidades por la decisión presidencial. “No soy yo quien firma los decretos, me enteré por el Boletín Oficial”, argumentó. Guadagni admitió que cuando dialogó con el economista Miguel Bein, coordinador del proceso de transición en Industria, le aseguró que la designación del nuevo directorio quedaría para la futura administración.
Rodolfo Terragno también se sumó al coro de los opositores al decreto. “Cualquier decisión de último momento que pretenda limitar o restringir la libertad de acción del futuro gobierno está sujeta a revisión”, declaró el candidato a jefe de Gabinete. “No es admisible que días antes de concluir estos 10 años y medio de gobierno el presidente Menem pretenda tomar decisiones que afecten la evolución del país a partir del 10 de diciembre”, se quejó. “Ya bastante tenemos con la restricción que significa la deuda y la crisis fiscal que vamos a heredar como para que además se agreguen decisiones de último momento que pretenden restringir la libertad de acción del futuro gobierno”, concluyó Terragno.
El justicialista Emilio Martínez Garbino sostuvo respecto al nuevo directorio del INPI que: “Si (José Luis) Machinea cambia algún funcionario del INPI por presión de Estados Unidos, que recuerde antes que estaría comportándose igual que Domingo Cavallo”, recordó. En relación a las denuncias de sobornos, Martínez Garbarino afirmó que “desde la embajada de Estados Unidos tratan de embarrar la cancha”.

 

Facturas de proveedores

La excusa preferida en la Casa Rosada es la caída en la recaudación. Pero lo cierto es que, no bien asuma, Fernando de la Rúa deberá hacerse cargo de un paquete de 1000 millones de dólares en deudas que le deja a manera de regalo Carlos Menem. Además del pasivo acumulado con los exportadores, por 470 millones de pesos, la Alianza deberá hacerse cargo de deudas con un grupo de empresas privadas proveedoras del Estado. A diversas compañías constructoras de rutas y caminos el Estado les debe un total de 400 millones de pesos. Y otros 180 millones a un grupo de contratistas privados. Según la Unión de Proveedores del Estado, las deudas “más críticas” son las que afrontan las áreas de Defensa, Salud y Educación. En el Ejército, por ejemplo, hay facturas impagas en los gastos de catering, alimentos, indumentaria y calzado por un total de 25 millones. En el Ministerio de Salud, las deudas impagas de los últimos tres meses acumulan 40 millones.


 

Leve recuperacion de la industria en octubre
La economía camina a paso lento

t.gif (862 bytes) La actividad industrial creció alrededor del 1 por ciento en octubre, con lo que se estabiliza la recuperación iniciada en julio y que ya acumula un 7 por ciento. No obstante, la comparación con octubre del ‘98 muestra una caída del 4,5 por ciento, aunque si se excluye al sector más afectado, el automotor, la caída se reduce al 1,9 por ciento. Las cifras fueron dadas a conocer en conferencia de prensa por Alieto Guadagni, secretario de Industria, y contribuyen a presentar un cuadro menos dramático del registrado en la primera mitad del año.
De acuerdo con la información compilada por Industria, “los datos de octubre continúan presentando signos alentadores”, destacando que la producción de aluminio aumentó un 41 por ciento con relación al mismo mes del año pasado, mientras que los despachos de cemento al mercado interno crecieron 2,2 por ciento sobre los valores de setiembre de este año.
Guadagni criticó a quienes hablan de desindustrialización durante los ‘90: “Una frase sobre la que se machaca es que en la última década hubo desindustrialización”, se quejó. Para refutar estas afirmaciones, el secretario comparó el crecimiento acumulado de la producción industrial desde 1991, que situó en 46,5 por ciento, con el mismo valor para la producción mundial; un 25,5 por ciento. Además, agregó, si se toma a 1970 como base 100, el índice para 1990 es 98,3 y para 1998, 144,1. “¿Dónde está la desindustrialización?”, se preguntó. Guadagni también sostuvo que “durante la década del ‘90 hubo creación de empleo en un 65 por ciento mayor a la década del ‘80”.
La inversión extranjera mereció un capítulo aparte. Si se considera la propiedad de las 200 principales empresas del país, en 1994 eran extranjeras 69 y nacionales 131. Esta proporción se invirtió de manera exacta para 1998. Guadagni no se mostró preocupado por las nuevas relaciones de propiedad y las atribuyó a la actitud del empresariado nacional. “Esto es un choque de culturas empresariales”, explicó. “Muchos empresarios argentinos, que en el pasado vivieron cómodos bajo la protección, ahora decidieron vender sus empresas y dedicarse a actividades recreativas. Y no se puede tener inversión sin empresarios. Aunque yo hubiese preferido que la inversión la hagan empresarios locales, lo cierto es que muchos de los extranjeros que vienen tienen una visión más optimista de la Argentina; si no, no se explica que Chile esté invirtiendo en el sector forestal argentino. Y bienvenido sea, porque no se trata de negarle ningún sector a nadie”, argumentó. Las cifras brindadas por la secretaría confirman el optimismo. La inversión de firmas extranjeras en la industria manufacturera, tanto en nuevas plantas como en ampliaciones, en los últimos dos años se multiplicó en 3,5 veces. Mientras que el promedio anual entre 1990-1996 fue de 1107 millones de dólares, entre 1997-1999 creció a 3921 millones.

 

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