Página/12

PRESION SOBRE EL JUSTICIALISMO PARA EVITAR UN PAQUETE IMPOSITIVO
Ante el matrimonio más difícil

Los dirigentes de la coalición redoblaron sus esfuerzos por tratar de torcer la voluntad de los gobernadores justicialistas. Sin progresos concretos en materia de acuerdos, volvieron a cruzarse ayer acusaciones por el ajuste al que obligaría el dictamen de presupuesto aprobado en el Congreso.
Carlos “Chacho” Alvarez, vicepresidente electo de la Alianza, hizo un llamado a la convivencia.“Es momento de que todos nos hagamos cargo de la situación, y no tirarnos la pelota unos a otros.”

“Es momento de que nos hagamos un poco todos cargo de la situación del país. No se trata de tirarnos la pelota unos a otros, sino de colaborar en un nuevo modo de convivencia política.” El reclamo de Carlos “Chacho” Alvarez, dirigido a los gobernadores del justicialismo que se niegan a ajustar las cuentas de sus provincias, refleja la creciente presión que los dirigentes de la Alianza pretenden inyectarle al PJ a medida que se acerca el 10 de diciembre. Uno a uno, los máximos referentes de la coalición volvieron a advertir sobre el peligro que significa no contar con la buena voluntad del justicialismo: la posibilidad de tener que implementar un duro aumento de impuestos.
“La suba de impuestos se puede evitar en la medida en que las provincias colaboren con una reducción de gastos”, señaló el senador Antonio Berhongaray. La fuerte reacción de la Alianza responsabilizando al justicialismo sobre un futuro ajuste apareció después de la negativa de los gobernadores del PJ a recibir una suma fija de 870 millones de pesos mensuales ofertado por José Luis Machinea. En cambio, los mandatarios reclamaron percibir un mínimo de 740 millones y un techo de 920 tal como lo establece el actual Pacto Fiscal. La diferencia, advierten en la coalición, tendrá que afrontarla la Nación a través de nuevos impuestos. “Vamos a seguir negociando con los gobernadores”, adelantó Alvarez.
Pero, además, el contraataque de la coalición se enmarca en la decisión de los legisladores del PJ de aprobar un dictamen propio, sin consensuarlo con la actual oposición, del Presupuesto 2000, haciendo valer la mayoría con que contarán hasta el recambio del 10 de diciembre.
“No estamos poniendo palos en la rueda. Si el presupuesto contempla 48.000 millones de pesos de gastos, la discusión con las provincias es de sólo 500 o 600 millones. No es justo que se carguen las tintas con cosas que no son reales”, se defendió el justicialista Oscar Lamberto, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Lejos de ese análisis, Rodolfo Terragno recurrió a la historia para explicar que buena parte del rojo de las cuentas públicas que heredará Fernando de la Rúa se debe a “los 45.000 millones de las privatizaciones que se hicieron humo”.
“No ponemos presión porque querramos. Acá hay una ley de Convertibilidad Fiscal que nos exige un déficit máximo de 4500 millones para el próximo año. Esa es la realidad”, explicó a su vez Horacio Pernasetti, diputado de la Alianza. El legislador, miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dio una pista de la estrategia que desplegará la coalición: “Vamos a tratar de consensuar. Pero si no lo logramos, vamos a aprobar el Presupuesto como está y le haremos las correcciones pertinentes cuando seamos gobierno”.
El análisis de Pernasetti es el mismo que realizan los legisladores de la coalición: que no bien De la Rúa se instale en la Casa Rosada se anunciará un paquete fiscal. Su magnitud, especulan, dependerá de los acuerdos que se tejan con los gobernadores, de la ley de Presupuesto que se apruebe y “de alguna sorpresa que podamos llevarnos cuando lleguemos al gobierno”.
Lo cierto es que el probable impuestazo ya genera intensos debates en el seno de la coalición. En ese sentido, José Luis Machinea se comprometió a discutir el futuro paquete con los legisladores de la Alianza antes de dar a conocer cualquier medida. La movida tiene una explicación: por un lado, el compromiso le vale al economista para bajar la ansiedad de los diputados y senadores de la coalición. Y, por el otro, asegurarles la participación en el armado del ajuste, con el objetivo de preservar la unidad del bloque cuando llegue el momento de votar las iniciativas.
“Las medidas impositivas van a dar lugar a un fuerte debate interno. No queremos empezar el gobierno tomando medidas impopulares”, coincidieron en diálogo con Página/12 varios diputados de la Alianza. Un grupo de legisladores, incluso, va a proponerle a Machinea que las medidas más polémicas, como generalización del IVA y de Ganancias, se tomen como transitorias para aplacar el costo político.

Disputa en la Alianza por el area en Energia
El lobby privado prendió el motor

Por Raúl Dellatorre

La disputa por la futura titularidad de la Secretaría de Energía está sacando chispas. En la Alianza existen por lo menos tres candidatos a ocupar el cargo, con apoyo en distintos sectores. Las grandes empresas que dominan la actividad están desarrollando a pleno su capacidad de lobby para asegurarse una continuidad en la actual política y reclaman una pronta definición. El virtual ministro de Economía, José Luis Machinea, les advirtió que no conversen con ninguno como número puesto, ya que él aún no ha tomado una decisión. Roberto Echarte y Daniel Montamat se anotan entre los aspirantes al cargo, en tanto se menciona a un tercer “tapado”: un economista con experiencia en regulaciones en el exterior.
En el transcurso de esta semana se realizaron por lo menos dos encuentros de expertos energéticos del justicialismo y la Alianza con empresarios del sector. Las reuniones se concretaron por iniciativa del sector privado, fundamentalmente por impulso de las empresas españolas, con Repsol y Endesa a la cabeza. Estas empresas quieren conocer, de fuente directa, si está garantizada la continuidad en las actuales políticas para las privatizadas. Y, en particular, si habrá objeciones a las tasas de ganancias que obtienen por la explotación de los servicios públicos.
“No pueden reclamarnos que bajemos la rentabilidad al nivel de un país europeo, cuando aquí el riesgo de la inversión es mucho mayor”, se atajaron los empresarios ante el eventual pedido de sacrificar ganancias para bajar las tarifas. Los directivos que manejan los servicios privatizados también dejaron de manifiesto, preventivamente, su oposición a cualquier tipo de aumento en la presión regulatoria. No es casual su apoyo explícito –al menos, en estos ámbitos técnicos– a Daniel Montamat para la Secretaría de Energía, bien conocido entre los empresarios por su tarea de consultor y con quien profesan ideas comunes, según confiesan. Para impulsar su candidatura, los principales grupos españoles en el país ya han tomado contacto con Rodolfo Terragno, “padrino” político del consultor.
Sin embargo, la pulseada por Energía aún no está resuelta. El ex presidente Raúl Alfonsín propuso para el cargo a Roberto Echarte, un profesional que formó parte de su gobierno y es caracterizado como un “regulacionista”. Desde el Frepaso también se hicieron oír las objeciones a Montamat, en boca del diputado Rafael Flores, el asesor técnico Gustavo Caraballo y el operador político Alberto Flamarique. Mientras que en otros despachos de encumbrados aliancistas se guarda como un secreto de Estado el nombre de un tercer candidato. La única referencia dada refiere a que es un economista radicado desde hace años en el exterior, donde habría adquirido experiencia en mecanismos de control de monopolios.

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