Es
momento de que nos hagamos un poco todos cargo de la situación del país. No se trata de
tirarnos la pelota unos a otros, sino de colaborar en un nuevo modo de convivencia
política. El reclamo de Carlos Chacho Alvarez, dirigido a los
gobernadores del justicialismo que se niegan a ajustar las cuentas de sus provincias,
refleja la creciente presión que los dirigentes de la Alianza pretenden inyectarle al PJ
a medida que se acerca el 10 de diciembre. Uno a uno, los máximos referentes de la
coalición volvieron a advertir sobre el peligro que significa no contar con la buena
voluntad del justicialismo: la posibilidad de tener que implementar un duro aumento de
impuestos.
La suba de impuestos se puede evitar en la medida en que las provincias colaboren
con una reducción de gastos, señaló el senador Antonio Berhongaray. La fuerte
reacción de la Alianza responsabilizando al justicialismo sobre un futuro ajuste
apareció después de la negativa de los gobernadores del PJ a recibir una suma fija de
870 millones de pesos mensuales ofertado por José Luis Machinea. En cambio, los
mandatarios reclamaron percibir un mínimo de 740 millones y un techo de 920 tal como lo
establece el actual Pacto Fiscal. La diferencia, advierten en la coalición, tendrá que
afrontarla la Nación a través de nuevos impuestos. Vamos a seguir negociando con
los gobernadores, adelantó Alvarez.
Pero, además, el contraataque de la coalición se enmarca en la decisión de los
legisladores del PJ de aprobar un dictamen propio, sin consensuarlo con la actual
oposición, del Presupuesto 2000, haciendo valer la mayoría con que contarán hasta el
recambio del 10 de diciembre.
No estamos poniendo palos en la rueda. Si el presupuesto contempla 48.000 millones
de pesos de gastos, la discusión con las provincias es de sólo 500 o 600 millones. No es
justo que se carguen las tintas con cosas que no son reales, se defendió el
justicialista Oscar Lamberto, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Lejos de
ese análisis, Rodolfo Terragno recurrió a la historia para explicar que buena parte del
rojo de las cuentas públicas que heredará Fernando de la Rúa se debe a los 45.000
millones de las privatizaciones que se hicieron humo.
No ponemos presión porque querramos. Acá hay una ley de Convertibilidad Fiscal que
nos exige un déficit máximo de 4500 millones para el próximo año. Esa es la
realidad, explicó a su vez Horacio Pernasetti, diputado de la Alianza. El
legislador, miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dio una pista de la
estrategia que desplegará la coalición: Vamos a tratar de consensuar. Pero si no
lo logramos, vamos a aprobar el Presupuesto como está y le haremos las correcciones
pertinentes cuando seamos gobierno.
El análisis de Pernasetti es el mismo que realizan los legisladores de la coalición: que
no bien De la Rúa se instale en la Casa Rosada se anunciará un paquete fiscal. Su
magnitud, especulan, dependerá de los acuerdos que se tejan con los gobernadores, de la
ley de Presupuesto que se apruebe y de alguna sorpresa que podamos llevarnos cuando
lleguemos al gobierno.
Lo cierto es que el probable impuestazo ya genera intensos debates en el seno de la
coalición. En ese sentido, José Luis Machinea se comprometió a discutir el futuro
paquete con los legisladores de la Alianza antes de dar a conocer cualquier medida. La
movida tiene una explicación: por un lado, el compromiso le vale al economista para bajar
la ansiedad de los diputados y senadores de la coalición. Y, por el otro, asegurarles la
participación en el armado del ajuste, con el objetivo de preservar la unidad del bloque
cuando llegue el momento de votar las iniciativas.
Las medidas impositivas van a dar lugar a un fuerte debate interno. No queremos
empezar el gobierno tomando medidas impopulares, coincidieron en diálogo con
Página/12 varios diputados de la Alianza. Un grupo de legisladores, incluso, va a
proponerle a Machinea que las medidas más polémicas, como generalización del IVA y de
Ganancias, se tomen como transitorias para aplacar el costo político.
Disputa en la Alianza por el area en Energia
El lobby privado prendió el motor
Por Raúl Dellatorre
La
disputa por la futura titularidad de la Secretaría de Energía está sacando chispas. En
la Alianza existen por lo menos tres candidatos a ocupar el cargo, con apoyo en distintos
sectores. Las grandes empresas que dominan la actividad están desarrollando a pleno su
capacidad de lobby para asegurarse una continuidad en la actual política y reclaman una
pronta definición. El virtual ministro de Economía, José Luis Machinea, les advirtió
que no conversen con ninguno como número puesto, ya que él aún no ha tomado una
decisión. Roberto Echarte y Daniel Montamat se anotan entre los aspirantes al cargo, en
tanto se menciona a un tercer tapado: un economista con experiencia en
regulaciones en el exterior.
En el transcurso de esta semana se realizaron por lo menos dos encuentros de expertos
energéticos del justicialismo y la Alianza con empresarios del sector. Las reuniones se
concretaron por iniciativa del sector privado, fundamentalmente por impulso de las
empresas españolas, con Repsol y Endesa a la cabeza. Estas empresas quieren conocer, de
fuente directa, si está garantizada la continuidad en las actuales políticas para las
privatizadas. Y, en particular, si habrá objeciones a las tasas de ganancias que obtienen
por la explotación de los servicios públicos.
No pueden reclamarnos que bajemos la rentabilidad al nivel de un país europeo,
cuando aquí el riesgo de la inversión es mucho mayor, se atajaron los empresarios
ante el eventual pedido de sacrificar ganancias para bajar las tarifas. Los directivos que
manejan los servicios privatizados también dejaron de manifiesto, preventivamente, su
oposición a cualquier tipo de aumento en la presión regulatoria. No es casual su apoyo
explícito al menos, en estos ámbitos técnicos a Daniel Montamat para la
Secretaría de Energía, bien conocido entre los empresarios por su tarea de consultor y
con quien profesan ideas comunes, según confiesan. Para impulsar su candidatura, los
principales grupos españoles en el país ya han tomado contacto con Rodolfo Terragno,
padrino político del consultor.
Sin embargo, la pulseada por Energía aún no está resuelta. El ex presidente Raúl
Alfonsín propuso para el cargo a Roberto Echarte, un profesional que formó parte de su
gobierno y es caracterizado como un regulacionista. Desde el Frepaso también
se hicieron oír las objeciones a Montamat, en boca del diputado Rafael Flores, el asesor
técnico Gustavo Caraballo y el operador político Alberto Flamarique. Mientras que en
otros despachos de encumbrados aliancistas se guarda como un secreto de Estado el nombre
de un tercer candidato. La única referencia dada refiere a que es un economista radicado
desde hace años en el exterior, donde habría adquirido experiencia en mecanismos de
control de monopolios.
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