Fernando de la Rúa está decidido a apurar los tiempos: el miércoles por la noche anunció el organigrama y todo indica que presentará su gabinete el lunes que viene. Ayer, el presidente electo continuó trabajando en el nuevo esquema. El destino de las 79 secretarías y subsecretarías que hoy dependen de Presidencia aparece como la principal duda, que se resolverá una vez que se determine la función de cada una. Algunas secretarías -como la de la Tercera Edad– podrán desaparecer, mientras que otras –como la de Desarrollo Social– se fusionarán con otros organismos. El problema parece centrarse en el traspaso de ciertas dependencias a un ministerio o a otro, lo que implica una definición de espacios de poder: un ejemplo es la Secretaría de Medio Ambiente, que podría quedar bajo la órbita de Graciela Fernández Meijide en Acción Social o de Nicolás Gallo en Infraestructura.
El miércoles pasado, el presidente electo mantuvo un maratón de reuniones con los encargados de diseñar la nueva estructura: su hermano Jorge, el radical Héctor Rodríguez y el frepasista Marcos Makón. Por la noche anunció que a partir del diez de diciembre el Ejecutivo funcionará con dos ministerios que se sumarán a los ocho actuales: el de Infraestructura y Vivienda, que se escindirá de Economía, y el de Salud, que se separará del de Acción Social. Para compensar la creación de estas dos carteras, De la Rúa se preocupó en aclarar que reducirá drásticamente la actual estructura: suprimirá 13 secretarías y 59 subsecretarías que hoy dependen directamente de Presidencia, que contará con sólo cinco secretarías bajo su órbita: la Secretaría General, la SIDE, la Legal y Técnica, la de Cultura y Comunicación y la de la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva, que liderará Dante Caputo (ver recuadro).
El anuncio del miércoles fue el primer paso. Ayer, De la Rúa trabajó en el Hotel Panamericano y en la Jefatura de Gobierno, dividiendo su tiempo entre el debate por el Presupuesto y el diseño de la estructura de gobierno. “Estamos analizando qué función va a tener cada uno de los organismos que antes dependían de Presidencia. Una vez que lo definamos, vamos a ver dónde va a quedar”, señaló a Página/12 uno de los encargados del proyecto, quien explicó que existen tres posibilidades.
  La primera es la de algunas secretarías, como la de la Tercera Edad, que directamente serán eliminadas.
  La segunda posibilidad es que algunas secretarías, cuyas funciones se superponen con otras, se fusionen. La de Desarrollo Social, por ejemplo, se unificaría con la de Acción Social.
  En un tercer grupo se ubicarían otros organismos que pasarían a depender de algún ministerio. La Secretaría de Turismo, un área a la que De la Rúa planea darle especial relevancia, pasaría a depender de Economía. La de los Cascos Blancos irá –quizá con otro rango– a la Cancillería. En estos casos, lo que se discute es el grado de autonomía del organismo. La de Deportes pasará a depender de Acción Social.
Aquí es donde surgen los tironeos. Es que el traspaso de una secretaría a un ministerio o a otro implica una definición de espacios de poder. Un ejemplo es el destino de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable que comanda María Julia Alsogaray: Nicolás Gallo, casi seguro titular de Infraestructura, pretende que la dependencia quede bajo la órbita de ese ministerio. Su argumento es que el nombre de la secretaría es engañoso y que María Julia ha concentrado una serie de programas que exceden el área de medio ambiente y que incluyen, por ejemplo, la construcción de diques. La otra posibilidad, defendida por algunos dirigentes del Frepaso, es que la secretaría pase a depender del Ministerio de Acción Social, que quedará en manos de Graciela Fernández Meijide. Existe, también, una solución mixta que consistiría en repartir las funciones de la secretaría entre las dos carteras.
La definición de estas cuestiones dependerá, en última instancia, de la voluntad de De la Rúa. El presidente electo apura los tiempos porquepretende anunciar el lunes los nombres de sus ministros. La idea es que el nuevo esquema del Ejecutivo este listo para esos días: el jefe radical quiere girar al Congreso el proyecto de Ley de Ministerios el miércoles próximo.

Condicionan el pliego de Corach
En defensa de Avelín

Por S.R.

Los legisladores porteños del peronismo fracasaron ayer en su intento por aprobar el ingreso de Carlos Corach al Senado. El obstáculo con el que se toparon no fue otro que la Alianza, que resolvió no votar el pliego del ministro del Interior hasta tanto el PJ no renuncie en forma explícita a su pretensión de quedarse con la banca de senador por San Juan que dejará vacante el electo gobernador de esa provincia, Alfredo Avelín.
Para consagrar a Corach como senador el peronismo requiere sí o sí el apoyo de la Alianza en la Legislatura porteña, porque tres diputados de ese bloque –su presidente, Antonio Cortés, Juliana Marino y Liliana Sánchez– y Nueva Dirigencia ya anticiparon que no lo votarán. Pero ayer los peronistas necesitaban, además, que la coalición los ayudara a juntar los dos tercios necesarios para tratar el pliego sobre tablas.
Eso fue lo que pidió durante la sesión el peronista Guillermo Olivieri y la Alianza le respondió que no. “Mejor dejemos que el pliego siga su trámite natural”, lo frenaron los aliancistas en el breve cuarto al que dio lugar su solicitud.
Poco antes, la jefa del bloque de legisladores de la Alianza, Gabriela González Gass, había acordado con el titular de la bancada de senadores radicales, José Genoud, no abrirle a Corach las puertas del Senado si antes el PJ no renunciaba por escrito a la banca por San Juan. Lo que pretenden los aliancistas es un pronunciamiento expreso de la Legislatura sanjuanina o del bloque de senadores peronistas en contra de la incorporación a la Cámara alta de cualquier candidato a reemplazar a Avelín que no sea de la coalición. La semana próxima, el pliego de Corach podría volver a comisión si el peronismo no hace los deberes.

PRINCIPAL