 En los 13
años que lleva como rector de la UBA, Oscar Shuberoff nutrió a la universidad pública
–y a unos cuantos establecimientos que dependen de ella– de un batallón de
familiares, amigos y militantes políticos. Entre los primeros: su mujer, su hermano, su
cuñada e incluso empleados de sus empresas, e hijos de esos empleados. Entre los
segundos, 31 muchachos que trabajan con él en su comité de Formosa 114, en el barrio de
Caballito. Tal es la denuncia impulsada por un grupo de correligionarios de Shuberoff, de
la que ayer el rector se defendió devolviendo el golpe. En diálogo con Página/12
calificó las acusaciones como “un apriete para (Fernando) De la Rúa” y
aseguró que “está seguro de que detrás de ella están los ex concejales Eliseo
Roselló y Miguel Herschberg”, expulsados del radicalismo en medio de un escándalo
de denuncias cruzadas sobre la contratación de ñoquis en el Concejo Deliberante,
amenazas y extorsiones. Shuberoff, sin embargo, admitió que los contratos de sus
parientes existen.
–Designé a miles de personas –dijo a Página/12– y es razonable que en
algunos casos eligiera a quienes tienen que ver con mis afectos.
–¿Su mujer trabaja en la universidad?
–Está acá hace 14 años.
–¿Qué cargo tiene?
–Es profesora adjunta en una facultad, jefa del servicio de psicología en la
Dirección de Salud y asesora al rectorado.
–¿Tiene entonces tres sueldos?
–Son tres salarios distintos, compatibles con las normas vigentes.
–¿Cuánto gana?
–No recuerdo los valores. Posiblemente esté cerca de los 1800 pesos.
–¿Y su hermano?
–Trabaja en un programa que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria,
desde hace unos cuatro años. No en ningún teatro como dijeron los periodistas.
–¿Quién lo designó?
–Lo tengo que haber designado yo.
La denuncia contra Shuberoff, que fue difundida por radio Mitre, señala también que su
primera esposa, su cuñada y la hija de su actual pareja consiguieron empleo en el ámbito
de la universidad o en establecimientos que dependen de ella. Y que lo mismo vale para la
treintena de militantes del comité de Caballito. “Mis ex mujeres nunca trabajaron
aquí”, sostuvo ayer Shuberoff.
–¿Los militantes radicales tampoco?
–En una parte de los casos puede ser, pero no en todos. Se trata de gente honorable
que trabaja 7 horas por día, no de ñoquis. Todo esto me indigna porque atacan gente que
ayudó a reconstruir la universidad. Además, se meten con mi intimidad. Me acusan de
haberme enriquecido cuando en todos los años que llevo como rector tuve que desprenderme
de 54 propiedades y mi patrimonio se redujo.
–¿La universidad no objeta el nombramiento de parientes?
–No está prohibido contratarlos. Nadie le prohíbe al presidente Menem contratar a
su cuñado o algún hermano. Eso sería como atacar a Arturo Illia porque puso a su
hermano de secretario general. Con esto quieren presionar a De la Rúa, pero desde ya le
digo que el presidente no es presionable y que lo invito a que venga a ver lo que quiera.
Quiero que quede claro que tanto la universidad como mi persona están abiertas a
cualquier investigación. Lo que quieran revisar, que lo hagan.
HACEN LUGAR A UN AMPARO DE LA UBA
Rodríguez perdió la pulseada
Una vez
más el Poder Ejecutivo intentó recortar el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) y una vez más el rector Oscar Shuberoff ganó la pulseada en la Justicia. En esta
oportunidad fue el juez en lo contencioso administrativo federal Martín Silva Garretón
quien ordenó a la Jefatura de Gabinete que se abstenga de “darles un destino
distinto” a los fondos asignados en el presupuesto nacional a esa casa de altos
estudios.
La UBA no recibirá por el momento los fondos que Jorge Rodríguez pretende retacearle,
pero al menos se aseguró que no sean desviados hacia otros destinos. Eso, porque Silva
Garretón hizo lugar a la medida cautelar que la casa de altos estudios solicitó junto
con un recurso de amparo que interpuso contra el recorte presupuestario, pero no se
expidió sobre la cuestión de fondo: o sea, si la Jefatura de Gabinete puede o no asignar
a otras áreas las partidas previstas por el Congreso para la UBA.
Shuberoff resolvió recurrir a la Justicia para destrabar el pago de partidas pendientes
por un total de 14.135.842 pesos. La UBA puntualizó en su presentación judicial que ese
monto “representa el 56 por ciento del presupuesto con que la universidad cuenta para
sus gastos de funcionamiento, lo cual crea un desfinanciamiento crítico y la coloca a la
al límite de su capacidad operativa, impidiéndole el pago de servicios básicos y
subsidios de investigación, así como el mantenimiento de los edificios que posee”.
En su planteo advirtió también que “todos los recortes son absolutamente
inconstitucionales”.
Silva Garretón sostuvo en su resolución que “prima facie” la intangibilidad de
las partidas asignadas a las universidades nacionales “encuentra sustento” en
disposiciones constitucionales. Recordó, además, que “el ejercicio de la autonomía
y autarquía reconocidas (en la Constitución) no sería posible si sus recursos pudieran
ser cercenados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo”.
Si bien el magistrado no se expidió acerca de la legalidad o no del recorte que impulsa
Rodríguez, esas consideraciones dan un indicio acerca de cuál sería su pronunciamiento
en torno de la cuestión de fondo. Del mismo modo puede interpretarse su decisión de
conceder la medida cautelar que solicitó la UBA para evitar que los fondos asignados a la
casa de estudio fueran utilizados con otros fines.
Sobre esa medida, Silva Garretón explicó que “tiende a asegurar el cumplimiento de
la Ley de Presupuesto en lo que hace a la partida correspondiente a la UBA”. Y
agregó que negarla “podría tornar de cumplimiento imposible” una eventual
sentencia en favor de la casa de altos estudios porteña, lo cual sería
“especialmente grave en el caso, en atención al manifiesto interés público que
reviste la actividad académica y asistencial” de la universidad.
Voceros de la Jefatura de Gabinete aclararon que Rodríguez –quien se encuentra de
viaje–, “se enteró de la novedad por los cables de agencia y aún no se le
notificó oficialmente”. De todos modos, aseguraron que “cuando reciba la
resolución judicial, se la notificará al procurador general del Tesoro para su
cumplimiento”.
La UBA no es la única universidad amenazada por la tijera del Ejecutivo. La semana pasada
se supo de la intención de recortar en 89 millones de pesos el presupuesto actual de las
casas de altos estudios y desde entonces no sólo la comunidad universitaria entró en
alerta –los docentes cumplieron un paro anteayer–, sino también la Comisión de
Educación de Diputados que reclamó el urgente pago de los fondos adeudados.
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