El juez de Córdoba que intentó darle respaldo jurídico a la re-reelección de Carlos Menem fue suspendido ayer en sus funciones por decisión del plenario del Consejo de la Magistratura, que solicitó su destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento. “Ricardo Bustos Fierro quiso hacer un traje a medida del presidente Carlos Menem. Lo acusamos, precisamente, por su falta de independencia y su desconocimiento de la Constitución”, dijo el abogado Juan Gersenobitz, uno de los autores del dictamen que apoyó la mayoría. Ante el caso más político que le tocó resolver al cuerpo, el resultado sorprendió a más de un consejero.
Cuando Menem todavía creía tener alguna chance de gobernar por un tercer período consecutivo, Bustos Fierro dictó una medida cautelar que lo habilitaba para postularse en la interna justicialista. La acción judicial había sido impulsada por Domingo Carbonetti, el apoderado del PJ cordobés. Pero el guiño hacia el oficialismo le costó caro al magistrado: 12 de los 17 integrantes del Consejo de la Magistratura presentes en la audiencia de ayer decidieron suspenderlo y abrirle el proceso de juicio político.
“Lo más reconfortante es verificar que el Consejo, como sistema de control político, ha podido reaccionar ante la falta de un juez que dejó en suspenso la Constitución nacional; los consejeros votaron de acuerdo a su convicción y no en la pertenencia partidaria o estamental”, celebró el diputado aliancista Melchor Cruchaga. Se refería a que, contra algunos pronósticos, ni los magistrados ni los legisladores justicialistas que integran el órgano judicial votaron en bloque: el juez Javier Fernández Moores se pronunció contra Bustos Fierro y lo mismo hizo el senador peronista Ricardo Branda. La ausencia de otro justicialista, Augusto Alasino, que salió disparado de su silla apenas se anunció el tratamiento de este tema, facilitó que la mayoría sumara la proporción de dos tercios.
A Bustos Fierro se lo acusó por mal desempeño y prevaricato (fallar contra derecho), como indicaba el dictamen que habían emitido Gersenobitz, Cruchaga, Fermín Garrote y Oscar Massei desde la Comisión de Acusación. Señalaban que el magistrado había desconocido la ley suprema “al ignorar la cláusula constitucional que impide la re-reelección y al haber dicho ante el propio Consejo que tenía pensado citar a constitucionalistas como testigos para dilucidar si Menem podía ser candidato”, dijo Gersenobitz.
“Fue evidente su falta total de independencia”, insistió el abogado. Y recordó que el propio juez cuestionado declaró ante la Comisión de Acusación “que, pese a haber rechazado previamente seis recursos de amparo a favor de la reelección, en este caso estimó no sólo que el demandante estaba legitimado sino que le bastaba que el presidente hubiera manifestado su intención de postularse”. Los consejeros señalaron también que Bustos Fierro violó los términos jurídicos en que debe dictarse una medida cautelar y que, como broche de oro, mintió en su descargo ante el Consejo: dijo que la controvertida causa había ingresado por la secretaría civil aunque había tramitado por la secretaría fiscal cuando, al margen, debió haberlo hecho por la secretaría electoral.
“Estamos abriendo las puertas del infierno”, exclamó en defensa del juez cordobés el diputado menemista Miguel Picheto. Su comentario adhería a la postura oficial de la Asociación de Magistrados, que pregona que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus fallos. “Estamos abriendo las puertas del paraíso”, refutó el académico Humberto Quiroga Lavié. “Se puede analizar las sentencias sin afectar la independencia del poder judicial e incluso defendiéndola”, coincidió Cruchaga.
El expediente de Bustos Fierro es el tercero que recibe el jurado de enjuiciamiento. Ahora tiene 180 días para resolver si lo destituye.

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