UN PROYECTO ABRE EL DEBATE SOBRE LOS MEDIOS FRENTE A UN DELITO Entre los límites y la mordaza
A tono con las
críticas lanzadas desde el Gobierno por el rol de los medios durante el asalto en
Ramallo, un proyecto de ley propone prohibir la transmisión en directo de un hecho
delictivo. Legisladores, fiscales y especialistas en comunicación opinan sobre el lugar
de la prensa en estos casos y el riesgo de la censura.
La
salida de uno de los rehenes de Villa Ramallo, perseguido por las cámaras de televisión.
Por Horacio Cecchi
En las horas
previas a la masacre de Villa Ramallo, cuando las tensiones y la expectativa aún se
concentraban detrás de las paredes del Banco Nación, los medios periodísticos ya
habían ocupado un espacio hasta entonces inimaginable: no sólo transmitían imágenes en
vivo desde el exterior del banco, sino que además se habían entrometido allí dentro
negociando por vía telefónica y en directo con los asaltantes. Se abrió entonces el
debate sobre el papel de los medios. Poco más de un mes después, el rol periodístico
subió un escalón más durante el motín de la cárcel de San Juan, donde pasó a ser
protagonista directo como rehén calificado de las negociaciones. Para entonces, ya el
ministro de Interior Carlos Corach y su segundo Miguel Angel Toma habían avanzado con la
idea de cuestionar el papel de la prensa. Ahora, tras cumplirse dos meses de la masacre,
la misma idea tomó cuerpo con la forma de un proyecto de ley bonaerense que penaliza al
periodismo por “transmitir en directo, grabar o emitir comentarios” de hechos
delictivos en los que participen fuerzas de seguridad o funcionarios judiciales.
Legisladores, especialistas en negociación, miembros del Poder Judicial y organismos de
derechos humanos se suman al debate. El proyecto pertenece al senador provincial del PJ,
Reinaldo Pierri –hermano menor del presidente de la Cámara–, presentado el
martes pasado cuando se cumplieron dos meses exactos de la masacre de Villa Ramallo. Su
artículo primero pone sobre el papel las críticas de Corach y Toma contra la
participación de la prensa, emitidas a las pocas horas de haber concluido la masacre:
“Prohíbese a los medios de comunicación social –dice el artículo–
transmitir en forma directa un hecho delictivo que se estuviera cometiendo en el
territorio de la Provincia de Buenos Aires, en el cual estén interviniendo fuerzas de
seguridad o funcionarios del Poder Judicial”. “El proyecto es muy
peligroso”, dijo a Página/12 Eduardo Sigal, senador bonaerense por la Alianza.
“Apunta a dos cosas: por un lado a recortar la información, un derecho que señala
la Constitución. Pero además, apunta a ocultar la naturaleza de los hechos delictivos.
Con la excusa de cargar contra la responsabilidad profesional periodística, el proyecto
pretende impedir que sean conocidos los hechos delictivos violentos que ocurren en la
provincia de Buenos Aires y en los que tienen participación policías bonaerenses. Lo de
Ramallo nunca había pasado. Si no hubiera cámaras, como pretende esta propuesta, los
Ramallo se repetirían con mucha frecuencia. Las cámaras se transforman en una
garantía”.Osvaldo Dameno es subsecretario de la Policía en Función Judicial y uno
de los responsables de los cursos de negociación en situación de crisis con rehenes,
organizados por la Procuración General de la Suprema Corte Bonaerense. “Habría que
analizar esta norma a la luz de la Constitución”, explicó Dameno. “Lo que se
aconseja es que la prensa no ocupe un espacio próximo al lugar de los hechos, y no es
bueno que se comunique en directo con los asaltantes. Pero los límites están librados a
cada caso particular. El tema es cómo conciliar la libertad de prensa y el derecho de los
rehenes a proteger sus vidas. Y eso, seguramente, se logrará a partir de un debate. Pero
la cuestión parece bastante simple: no hace falta una ley para que la prensa no acceda al
lugar de los hechos. Basta con colocar un vallado de seguridad eficiente a la distancia
que se considere necesaria. Y para que no se comunique con los asaltantes, simplemente hay
que cortar los teléfonos.”Uno de los fiscales de San Isidro, Martín Etchegoyen
Lynch, participó en Los Angeles de un curso para negociadores ofrecido por un grupo de
especialistas. Y también le tocó como fiscal uno de los casos más resonantes de toma de
rehenes, antes de la masacre: el asalto a la casa de la familia Bauer, en Villa Adelina.
“Puse en práctica lo que habían explicado en ese curso –afirmó el
fiscal–. Al grupo GEO lo ubiqué a una cuadra, para que controlara que nadie entrara
en la zona de conflicto.Toda la resolución operativa la dejé en manos de los
especialistas, el grupo Halcón. Conformé un comité de crisis con el jefe del operativo
policial, el negociador y una persona de mi confianza, el fiscal adjunto, y yo era
informado a la distancia. El periodismo quedó ubicado detrás del vallado, hasta que la
situación indicaba que se resolvía: los asaltantes pedían para entregarse la garantía
de las cámaras. Entonces se llamó a uno de los medios. La crisis fue resuelta. En el
caso de Ramallo, donde el grupo era más pesado y tenía una organización mediocre, pero
organización al fin, los medios deberían haber estado a más distancia. Pero, como en
Villa Adelina, no hacía falta una ley para ponerlo en práctica.”Para Sofía
Tiscornia, colaboradora del CELS y directora del equipo de Antropología Política y
Jurídica de la UBA, el proyecto en sí “es un disparate. Si tuviésemos una Justicia
eficiente, que tenga muy claro la forma de procedimiento y las garantías, con una
policía que cumpla su función eficiente y dentro de las leyes, el trabajo de la prensa
estaría muy acotado. Pero no es lo que pasa en este país. Al contrario, lo único que se
logra con semejante proyecto es oscurecer lo que ocurre en estos hechos, donde no existen
complicidades de policías y jueces, y donde la prensa es la única que saca a la luz los
hechos. Otra cuestión es discutir la forma en que se conduce la prensa, pero su
presencia, en este país, cumple un rol fundamental. De no existir este periodismo,
viviríamos en un estado de oscurantismo”.
La opinión de tres especialistas
Luis Alberto Quevedo,
secretario académico de Flacso “Hace falta transparencia”
“El delito y la violencia que vive la Argentina no se va a detener ni a incrementar
porque los medios transmitan algunos de estos hechos. Además, si hay algo que quedó
demostrado es que los problemas policiales y judiciales necesitan transparencia y los
medios colaboran con esta transparencia. Yo creo que la acción de los medios es positiva.
Por otro lado, cuando los medios transmiten, sobre todo TV, no lo hacen exactamente por
mejorar seguridad y justicia sino buscando rating. En ese punto creo que el Estado debe
poner límites a las cosas que la ley marca, como la protección de la identidad de los
menores y familias involucradas, pero yo descartaría cualquier estrategia global de
prohibición porque se volvería a lo que fuera la peor época de la Argentina, donde las
fuerzas de seguridad actuaban sin control. Es exactamente al revés: más bien deberíamos
garantizar esta transparencia. Hasta el día de hoy, en la Argentina no se demostró que
sea perjudicial para la acción de las fuerzas de seguridad que los medios estén
allí.”
Héctor Schmucler, director
de la Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea de la Universidad Nacional de
Córdoba “Prohibir nosoluciona”
“En
principio, me parece que el problema no pasa ni remotamente por prohibir o no que aparezca
una escena en TV. Si no se ve el tema como parte de un fenómeno cultural más general, va
a ser un nuevo fracaso y se puede generar la ilusión colectiva de que modificando los
medios se arregla la sociedad. Por otro lado, algunos de los periodistas que hablan con
los ladrones en el momento de la toma de rehenes habría que ponerlos en la gama de los
delincuentes no explícitos, porque en realidad lo único que les interesa es el rating.
Creo que no es una solución prohibir nada en TV, pero aborrezco mucho de lo que veo. Si
hubiera una legislación general para que la TV fuera de otra manera, yo estaría de
acuerdo, pero, ¿quién hace esa legislación? Estamosen una aporía, una situación sin
salida, porque hay un sentido común que acepta esta televisión. El día que estos casos
no tengan éxito, desaparecerán de los medios.”
Estela Martini, profesora de
la carrera de Comunicación de la UBA “La éticaen la mira”
“Cualquier
proyecto que intente prohibir informar me parece muy riesgoso. Por otro lado, los medios
no tendrían que meterse en lugares que son propios de otras instituciones. No estoy de
acuerdo con el papel de Chiche Gelblung y Mariano Grondona en el caso Ramallo. Más allá
de que las fuerzas de seguridad o la Justicia sean corruptas, en esos casos se obstruye la
acción de la Justicia. Lo que está ahí en la mira es la ética. Se da una
triangulación difícil –entre instituciones, medios y opinión pública–,
acosada por las exigencias del mercado. Lo que falta en la Argentina es una discusión
entre periodistas y empresas sobre ética profesional. Se podría legislar en un marco
global de los medios, pero no en el sentido de impedir la información sobre estos casos
puntuales. De todas formas, que no exista una legislación específica no quiere decir que
esté todo permitido. Las instituciones deberían dar instrucciones. Lo que tendríamos
que exigir como ciudadanos es que los jueces pongan en su lugar a los medios.”
En las horas
previas a la masacre de Villa Ramallo, cuando las tensiones y la expectativa aún se
concentraban detrás de las paredes del Banco Nación, los medios periodísticos ya
habían ocupado un espacio hasta entonces inimaginable: no sólo transmitían imágenes en
vivo desde el exterior del banco, sino que además se habían entrometido allí dentro
negociando por vía telefónica y en directo con los asaltantes. Se abrió entonces el
debate sobre el papel de los medios. Poco más de un mes después, el rol periodístico
subió un escalón más durante el motín de la cárcel de San Juan, donde pasó a ser
protagonista directo como rehén calificado de las negociaciones. Para entonces, ya el
ministro de Interior Carlos Corach y su segundo Miguel Angel Toma habían avanzado con la
idea de cuestionar el papel de la prensa. Ahora, tras cumplirse dos meses de la masacre,
la misma idea tomó cuerpo con la forma de un proyecto de ley bonaerense que penaliza al
periodismo por “transmitir en directo, grabar o emitir comentarios” de hechos
delictivos en los que participen fuerzas de seguridad o funcionarios judiciales.
Legisladores, especialistas en negociación, miembros del Poder Judicial y organismos de
derechos humanos se suman al debate. El proyecto pertenece al senador provincial del PJ,
Reinaldo Pierri –hermano menor del presidente de la Cámara–, presentado el
martes pasado cuando se cumplieron dos meses exactos de la masacre de Villa Ramallo. Su
artículo primero pone sobre el papel las críticas de Corach y Toma contra la
participación de la prensa, emitidas a las pocas horas de haber concluido la masacre:
“Prohíbese a los medios de comunicación social –dice el artículo–
transmitir en forma directa un hecho delictivo que se estuviera cometiendo en el
territorio de la Provincia de Buenos Aires, en el cual estén interviniendo fuerzas de
seguridad o funcionarios del Poder Judicial”. “El proyecto es muy
peligroso”, dijo a Página/12 Eduardo Sigal, senador bonaerense por la Alianza.
“Apunta a dos cosas: por un lado a recortar la información, un derecho que señala
la Constitución. Pero además, apunta a ocultar la naturaleza de los hechos delictivos.
Con la excusa de cargar contra la responsabilidad profesional periodística, el proyecto
pretende impedir que sean conocidos los hechos delictivos violentos que ocurren en la
provincia de Buenos Aires y en los que tienen participación policías bonaerenses. Lo de
Ramallo nunca había pasado. Si no hubiera cámaras, como pretende esta propuesta, los
Ramallo se repetirían con mucha frecuencia. Las cámaras se transforman en una
garantía”.Osvaldo Dameno es subsecretario de la Policía en Función Judicial y uno
de los responsables de los cursos de negociación en situación de crisis con rehenes,
organizados por la Procuración General de la Suprema Corte Bonaerense. “Habría que
analizar esta norma a la luz de la Constitución”, explicó Dameno. “Lo que se
aconseja es que la prensa no ocupe un espacio próximo al lugar de los hechos, y no es
bueno que se comunique en directo con los asaltantes. Pero los límites están librados a
cada caso particular. El tema es cómo conciliar la libertad de prensa y el derecho de los
rehenes a proteger sus vidas. Y eso, seguramente, se logrará a partir de un debate. Pero
la cuestión parece bastante simple: no hace falta una ley para que la prensa no acceda al
lugar de los hechos. Basta con colocar un vallado de seguridad eficiente a la distancia
que se considere necesaria. Y para que no se comunique con los asaltantes, simplemente hay
que cortar los teléfonos.”Uno de los fiscales de San Isidro, Martín Etchegoyen
Lynch, participó en Los Angeles de un curso para negociadores ofrecido por un grupo de
especialistas. Y también le tocó como fiscal uno de los casos más resonantes de toma de
rehenes, antes de la masacre: el asalto a la casa de la familia Bauer, en Villa Adelina.
“Puse en práctica lo que habían explicado en ese curso –afirmó el
fiscal–. Al grupo GEO lo ubiqué a una cuadra, para que controlara que nadie entrara
en la zona de conflicto.Toda la resolución operativa la dejé en manos de los
especialistas, el grupo Halcón. Conformé un comité de crisis con el jefe del operativo
policial, el negociador y una persona de mi confianza, el fiscal adjunto, y yo era
informado a la distancia. El periodismo quedó ubicado detrás del vallado, hasta que la
situación indicaba que se resolvía: los asaltantes pedían para entregarse la garantía
de las cámaras. Entonces se llamó a uno de los medios. La crisis fue resuelta. En el
caso de Ramallo, donde el grupo era más pesado y tenía una organización mediocre, pero
organización al fin, los medios deberían haber estado a más distancia. Pero, como en
Villa Adelina, no hacía falta una ley para ponerlo en práctica.”Para Sofía
Tiscornia, colaboradora del CELS y directora del equipo de Antropología Política y
Jurídica de la UBA, el proyecto en sí “es un disparate. Si tuviésemos una Justicia
eficiente, que tenga muy claro la forma de procedimiento y las garantías, con una
policía que cumpla su función eficiente y dentro de las leyes, el trabajo de la prensa
estaría muy acotado. Pero no es lo que pasa en este país. Al contrario, lo único que se
logra con semejante proyecto es oscurecer lo que ocurre en estos hechos, donde no existen
complicidades de policías y jueces, y donde la prensa es la única que saca a la luz los
hechos. Otra cuestión es discutir la forma en que se conduce la prensa, pero su
presencia, en este país, cumple un rol fundamental. De no existir este periodismo,
viviríamos en un estado de oscurantismo”.