La
escena se desarrolla en la gerencia general del Banco Nación. Convocados por el gerente
del momento, Santiago Anich, están reunidos en el despacho Miguel Alberto Iturbe (con
causa penal abierta por prevaricato) y su hija María Trinidad, abogados de la concursada
Pradymar, una de las empresas del Grupo Romero endeudada con el BNA. Asisten además el
abogado Ramón Urssino, que representa al BNA, y un administrativo. El gerente se muestra
convencido de que al banco oficial le conviene aceptar la oferta de los Romero, que a
través de otra de sus empresas, Concentrados Argentinos, ofrecen 1.657.000 pesos para
cancelar una deuda que casi triplica esa suma. Hay además un pequeño detalle: los
100.000 pesos reclamados por Iturbe (también vicepresidente de Noel) como honorarios por
un incidente de revisión, que ni siquiera había ganado. Anich insiste en aceptar todo,
porque, según asegura, el arreglo le conviene al Nación, que recibirá plata fresca.
Pero un momento después el empleado informa que acaba de llamar Hugo Romero: está muy
cerca y pregunta si puede pasar a firmar la obtención de un crédito por alrededor de
1.700.000 pesos para Desmontadora San Luis, una firma fantasmal del grupo, con activos por
$ 20.800 y carente de pasivos. No había entonces tal plata fresca, sino la cancelación
de una deuda mediante un nuevo préstamo, por un capital muy inferior y a una empresa sin
bienes ni giro.
De hecho, sin que la Justicia, la DGI y la
banca oficial (el Nación o el ya vaciado de Mendoza, entre otros) se abstuvieran de todo
esfuerzo por cobrar las enormes acreencias acumuladas contra el correntino clan Romero,
estrechamente vinculado al menemismo, aquél no podría mostrar hoy hazañas como ésta:
Roberto Romero, primo de los Romero Feris, con quiebra decretada, le debe 154 millones al
Nación, como fiador solidario de Noel y Cía., empresa que la familia Romero pasó a
comandar totalmente en 1984 y le debe más de 55 millones a Impositiva. Roberto, que fue
asesor de su medio hermano Humberto cuando éste ocupó el Ministerio de Defensa en los
comienzos del gobierno de Carlos Menem, no posee patrimonio alguno, según surge de su
declaración de bienes. No tiene auto, ni tarjeta de crédito, ni cuenta bancaria. El
departamento que habita, en el octavo piso del ya famoso edificio de Quintana 59 (cobijo
de Trovato y de Agüero Iturbe), está escriturado a nombre de su mujer, Silvia Gabriela
Cianchi. Ella lo compró con un crédito de 450.000 dólares que le otorgó el Banco
Ciudad (otro de los pródigos), 35 mil más que el precio de la operación, certificada
por el escribano Jorge Luis Valiante.
En 1991, Cuando José Octavio Bordón
--próximo director general de Escuelas bonaerense, bajo Carlos Ruckauf-- gobernaba
Mendoza, el banco provincial no tuvo reparos en prestarle a sola firma 6.345.000 pesos a
Noel, aunque esta compañía de los Romero ya estaba en su segundo y consecutivo concurso
de acreedores y técnicamente quebrada porque no había cumplido con dos cuotas anuales
pactadas. Obviamente, la entidad estatal no recuperó ni un centavo, pero aplicó el
habitual método de maquillaje contable, cuyo final anunciado es la bancarrota: devengar
intereses usurarios, inflando así ese activo incobrable, mientras renovaba
automáticamente el crédito. Es así que en mayo de 1994, la deuda de Noel con el Mendoza
trepaba ya a 17.173.185 pesos. El banco sólo había exigido la garantía personal de
todos los directores de la compañía, pero luego las pericias establecieron que las
firmas eran falsas, a excepción de la del presidente de Noel, Hugo Romero. La obvia
conclusión es que los funcionarios del Mendoza daban por buenas las rúbricas, aunque no
se estamparan en su presencia. Cuando el banco, tardíamente, accionó para recuperar su
crédito, Emma Tacta de Romero, madre de Roberto y Hugo, se llegó hasta la sede porteña
del Mendoza y prorrumpió en estruendosos insultos al presidente de la entidad.
Pradymar, empresa que los Romero les
compraron a empresarios chilenos venidos en tiempos de Allende y marchados de regreso a
casa con Pinochet, fue por su parte concursada por la familia en 1993 y ostenta un acuerdo
vencido e impago desde 1997. Inexplicablemente, el capital accionario de esa firma, con
planta fabril en Munro y propiedad de Noel y Cía., le fue cedido en octubre de 1993 por
irrisorios 50.000 pesos a un tal Saúl Rogelio Báez. Era presidente de la firma José
Antonio Eiras, quien había sido un simple empleado de oficina en Noel y, en verdad,
apenas poseía un quiosco de galletitas en San Justo. Los principales acreedores de
Pradymar eran el BNA, por 19 millones, y la DGI, por 6. Finalmente, el juez Luis María
Codeglia, de San Isidro, decretó en diciembre de 1994 la quiebra con continuidad
empresaria. Irregularidades como la inexistencia de registros contables fueron denunciadas
por escrito a Carlos Silvani, titular de la AFIP, sin lograr que éste ni siquiera acusara
recibo. Al cabo, la Cámara de Apelaciones de San Isidro levantó la quiebra.
Impositiva había accionado contra Hugo
Romero, dueño de Pradymar, por la evasión de los aportes previsionales retenidos al
personal en 1993 y 1994. Romero pidió que la DGI desistiera de la acción, y el juez
Codeglia fue más allá y le otorgó el desestimiento del derecho. Como Impositiva dejó
vencer --nadie aclaró por qué razón-- el plazo que tenía para apelar esa medida
judicial, ya no pudo reclamar tales aportes. En cuanto al acuerdo sobre la deuda
impositiva, la DGI no llegó a cobrar ni una cuota. Sin darse ninguna prisa, el ente
recaudador reclamó los pagos en 1997, y los Romero respondieron, sin sonrojarse, que no
los habían efectuado por no tener en claro el monto a abonar.
Según está establecido, Pradymar emplea a
460 personas en su planta de Mitre 3350, en Munro, pero sólo efectúa aportes y
contribuciones previsionales por 15. La regional 8 de Impositiva, ante la cual se
denunció el hecho, no ha hecho nada al respecto. De todas formas, la empresa parece
encaminada a reiterar la historia de las otras del grupo. El dato clave es la creación de
Prady en 1996, con 50.000 pesos de capital y asiento en Corrientes. Su apoderado es José
Martínez, un ex obrero de Pradymar que ganaba 400 pesos mensuales por preparar los
"amasijos" (composición de la masa). Cuando se revisaron sus comprobantes de
gastos, éstos consistían en boletos de colectivo. A su vez, el presidente de la firma es
Jorge Emilio Billordo, quien habita en un paraje rural correntino en la ruta 12, km 6, sin
número.
Según denunció la sindicatura en 1997,
Prady --con domicilio legal en la casa de Emma Tacta, la segunda mujer de Julio Romero, ex
delegado personal de Perón, ex gobernador provincial, amigo de Stroessner y Galtieri--
sería utilizada para vaciar Pradymar, el producido de cuyas ventas es ingresado por
aquella, que mientras tanto va generando pasivos. En este caso, la DGI envió una
inspección, que encontró e interrogó a Billordo, sólo para comprobar que desconocía
totalmente la gestión económica de la empresa. Pero esto tampoco tuvo consecuencias para
los Romero. Para justificar el giro de Prady con tan magro capital, se hizo entrar en
escena a Faroe Internacional, una sociedad uruguaya con 200.000 dólares de capital que,
sin embargo, se las ingenió para invertir 1.400.000 dólares en Prady, transferidos
(según propias actas) a Emma, a la que designaron, en una muestra de confianza ciega,
administradora del aporte. El mencionado obrero Martínez es también el apoderado de
Faroe. Otra firma montevideana de los Romero, Biblos Trading Company, es presidida por
Horacio Luis Abeytúa, también director de Noel y de otras empresas, aunque se trate de
un simple ex empleado de Noel y Pradymar.
Uno de los innumerables motivos de asombro a que da lugar
esta obra de realismo mágico cuyos protagonistas son los Romero y el Estado se descubre
en las declaraciones juradas de bienes que el Banco Nación tomó en cuenta para financiar
con esplendidez a esos señores. La de Hugo, por ejemplo, consigna 300.000 pesos en
efectivo (volátiles e incomprobables) y 3.300.000 en artículos para el hogar, lo que
induce a pensar en un equipamiento doméstico inconmensurable. ¿Dónde pondrá tantos
televisores, heladeras, lavarropas? Otro garante de Pradymar y Concentrados, Daniel Del
Val, tiene menos artefactos: sólo los valúa en 2 millones. Norberto Domínguez y Juan
Galiano, también avalistas, omitieron directamente toda manifestación de bienes. Fueron,
a su modo, los más sinceros. |
