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"Será un verdadero desastre, un descalabro." La advertencia, cargada con una dosis no menor de dramatismo, fue lanzada ayer por el futuro ministro de Economía de Fernando de la Rúa, José Luis Machinea. Se refería al estado en que quedará la economía si se aprueba el proyecto de Presupuesto que votaron en comisión los diputados justicialistas. Pero hubo otra definición de máximo voltaje, ya que sostuvo que la Argentina puede caer en default (cesación de pago de la deuda) si los legisladores oficialistas y los gobernadores se resisten a "colaborar" con la Alianza en la búsqueda del ordenamiento fiscal. "Con un déficit de 7500 millones de pesos (que quedaría con el Presupuesto votado por el peronismo), nadie le va a prestar plata a la Argentina". "Si esto sucede, dejamos de pagar la deuda, las tasas suben y la recesión continúa o empeora", enfatizó. Salvo que hubiera hablado de la posibilidad de una devaluación, la mención al eventual incumplimiento con los acreedores fue la carta más fuerte que podía jugar Machinea, en su intento por conmover a la opinión pública sobre lo delicado de la discusión por el Presupuesto. Con ello, comenzó a justificar el severo ajuste de gastos y el aumento de impuestos que aplicará la Alianza. Y, a la vez, descargó la responsabilidad por esas medidas en el justicialismo. "El gobierno de Fernando de la Rúa necesita que el sector público sea solvente", ya que, "si seguimos aumentando la deuda, en cuatro o cinco años quebramos", continuó Machinea en el mismo tono, durante una entrevista que concedió al programa "Fuego Cruzado", de Marcelo Longobardi. El próximo ministro de Economía planteó con vehemencia la posición de la Alianza en el debate con el justicialismo por el Presupuesto. "Lo que estamos viendo es que todo el mundo dice que va a colaborar, pero, cuando llega el momento de hacerlo, algunos diputados justicialistas miran para otro lado", sostuvo. La queja obedece a que el proyecto de Presupuesto que votaron los legisladores del oficialismo "encubre" un déficit fiscal de al menos 2000 millones de pesos, según la estimación del economista. "Es un dibujo", dijo Machinea. Por lo tanto, indicó, para cumplir con la ley de Convertibilidad Fiscal y "no aumentar la deuda como se hizo en los últimos cuatro o cinco años", la Alianza se verá obligada a profundizar el ajuste y a aumentar los impuestos. "Cuando dije que el déficit fiscal (del próximo año) sería de 10 mil millones de pesos, muchos me acusaron de exagerado. Pero ahora no hay un analista de mercado que diga que vaya a ser menor, y algunos sostienen que será de 11 mil millones si no tomamos medidas", describió. "Esa es la magnitud del problema que tenemos --añadió-- y por eso estamos buscando un acuerdo con las provincias para que nos acompañen con el esfuerzo" de contener el déficit fiscal. De lo contrario, concluyó, "esto será un verdadero desastre, un descalabro". El pedido de "colaboración" radica en lo siguiente: la Alianza pretende que los gobernadores accedan a recibir una suma fija mensual de 870 millones de pesos. De acuerdo al Pacto Fiscal vigente, las provincias tienen derecho a que la Nación les gire hasta un máximo de 920 millones por la coparticipación. Sin embargo, los gobernadores rechazaron esta semana aquella demanda, con el argumento de que si el próximo gobierno sube los impuestos, la Nación embolsará fondos adicionales, mientras que las provincias recibirán sólo el "sueldo" convenido. "Quieren que seamos socios en las malas, pero nos dejan afuera en las buenas", le dijo a este diario un estrecho colaborador de Carlos Reutemann. "Aunque lleguemos a un acuerdo, por el lado del gobierno nacional va a haber alguna reducción adicional de gastos y algo de aumento de impuestos. Lo que estamos peleando es que compartamos el esfuerzo, porque si no el esfuerzo que va a tener que hacer la Nación va a ser mayor", anticipó. "Lo que pasa es que con un déficit de 7500 millones de pesos, la Argentina no va a conseguir financiamiento en los mercados internacionales, las tasas de interés subirán automáticamente, y seguramente en dos meses dejamos de pagar la deuda y no salimos de la recesión", alertó. En este marco, Machinea también apuntó que "necesitamos del esfuerzo de todos", y sostuvo que "definitivamente" la Alianza va a buscar una baja de las tarifas de los servicios públicos. "Estas negociaciones no son fáciles --admitió--, pero hemos comenzado a dialogar con las empresas porque creemos que hay que bajar los precios de los servicios." "Las empresas tienen que hacer su aporte. La manera en que van a aportar es lo que estamos negociando", indicó. Las alternativas que se barajan son: un descenso de las tarifas --especialmente en peajes--, la suscripción de un bono especial para las privatizadas para financiar al Estado, o un incremento de los aportes patronales solamente a esas empresas.
OCHO AUMENTOS DE PARTIDAS INTRODUCIDAS POR EL
PROYECTO LAMBERTO
El dictamen del Presupuesto 2000, aprobado el último miércoles por los legisladores del justicialismo, tiene más de una sorpresa para el gobierno que deberá ejecutarlo. Además de los 250 millones de dólares anuales que ese despacho prevé que se destinen a La Rioja, tal como reveló ayer Página/12, el equipo económico de la Alianza detectó otras ocho propuestas presupuestarias que, de aplicarse, implicarían mayores erogaciones para el Tesoro nacional. El ítem de mayor impacto económico de los colados por el justicialismo es el que involucra a 1575 millones de pesos de impuestos coparticipados que debían destinarse a la ANSeS. El artículo 68, introducido en el dictamen propuesto por Oscar Lamberto, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, faculta a las legislaturas provinciales a echar mano a los recursos del sistema de precoparticipación impositiva. En el esquema vigente, los gobernadores habían accedido a separar de esa masa de recursos un 15 por ciento del total para financiar el sistema previsional. Son 1575 millones de pesos que van a parar directamente a la ANSeS. En su proyecto presupuestario, Roque incluyó un artículo por el cual se extiende ese mecanismo hasta el año 2001. Sin embargo, los legisladores justicialistas lo corrigieron, y en el dictamen dispusieron que las provincias tienen la facultad de elegir si quieren o no seguir entregando esos fondos. Esta alternativa abre la posibilidad de que la Nación pierda nada menos que 1575 millones de pesos, una cifra astronómica si se considera que la Alianza puso el grito en el cielo porque el proyecto de Roque ya le dejaba un déficit encubierto de 2000 millones. La introducción de este artículo en el dictamen del Presupuesto 2000 se enmarca en la pelea que la Alianza y el justicialismo vienen manteniendo por los fondos que percibirán las provincias durante el próximo año. Preocupado por disminuir al máximo el desequilibrio fiscal, Machinea les propuso a los gobernadores el envío de 870 millones de pesos mensuales, el mismo nivel que este año. Pero los mandatarios se negaron, y reclaman se les reconozca un techo de 920 millones. La puja llegó tan alto que el propio Machinea ya responsabilizó a los gobernadores del PJ por el duro ajuste fiscal que deberá encarar el próximo gobierno en caso de que las provincias no acompañen a la administración central en la poda de recursos. En este contexto, el permiso de los legisladores justicialistas a que las provincias dejen de aportar esos 1575 millones de pesos se emparenta más con subirle la apuesta a la Alianza que a la pretensión de la coalición para que los gobernadores limiten sus aspiraciones y se presten a un ajuste consensuado, en el marco de la tan mencionada "cohabitación" política. Al respecto, en el equipo económico de la Alianza piensan que ya cedieron, dejando intactas las asignaciones específicas que se destinan a las provincias --Fonavi, Fondo del Conurbano y subsidios varios-- por un total de 1460 millones de pesos. Pero los problemas para Machinea no se agotan allí. En el dictamen, y tal como reveló anteayer este diario, se consignan otros 25 millones de pesos anuales en concepto de pensiones graciables que los legisladores podrán conceder. También aparecen otros seis puntos polémicos, que la Alianza pondrá bajo discusión la próxima semana y que involucran a otros 588,2 millones: * Se autoriza al jefe de Gabinete a comprometer créditos para comprar un edificio para la Ciudad Judicial ($ 36 millones). * Giro para la base Puerto Belgrano de la Armada ($ 7,2 millones). * Subsidios del Poder Legislativo ($ 9 millones). * Ampliación del sistema de comunicaciones de la Gendarmería ($ 29 millones). * Autorización a la Comisión Nacional de Energía Atómica a construir un prototipo de reactor ($ 132 millones). * Constitución de un fondo para estabilización fiscal ($ 375 millones). "Cada cosa tendrá su lógica, pero todo suma", señaló Machinea, dando a entender que algunos de esos apartados tendrán lugar en el Presupuesto. Pero que algunos otros se borrarán.
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