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Por Irina Hauser  Hace cinco
años María Julia Alsogaray fue acusada de evadir impuestos. Entonces le debía a la
Dirección General Impositiva (DGI) unos 300 mil pesos. Su explicación fue memorable: le
había dado el dinero a su contador para que fuera a pagar, pero él se encargó de
hacerlo humo. La causa judicial nunca murió. Los argumentos de la ingeniera tampoco. Como
si todavía estuviera en la cúspide de la era de Carlos Menem, repitió el mismo libreto
cuando ayer la indagó el juez Guillermo Tiscornia. Pero hay otro punto que al magistrado
le genera serias sospechas: ¿por qué María Julia incorporó una alta cifra de gastos
reservados del gobierno a su declaración ante la DGI? "Es lo mismo que hizo Domingo
Cavallo", argumentó ella. Sin embargo, un allegado al juzgado advirtió: "Se
está estudiando si eso equivale a peculado (apropiación indebida de fondos
públicos)". Si la Justicia encuentra a María Julia culpable de evasión fiscal, la puede castigar con una pena de entre 6 meses y 6 años de prisión. El castigo puede llegar a 10 años de cárcel si se la acusa de malversación de fondos públicos. Pero la secretaria de Recursos Naturales ayer le aseguró al juez Tiscornia que tiene todos sus pagos en regla, que nunca violó la ley y que la culpa de cualquier irregularidad aparecida en sus declaraciones de impuestos es de su ex contador, Mario Furlone, un hombre que supo custodiar las cuentas de la familia Alsogaray entera. Para el magistrado, sin embargo, la pesquisa no está terminada, según pudo saber Página/12. Todavía no pudo cuantificar el monto de la evasión, registrada entre 1991 y 1993, porque la DGI aceptó que la funcionaria saldara su deuda en pagos parciales. Para terminar de establecer si hubo delito, Tiscornia pediría en los próximos días un nuevo peritaje contable. No es todo. María Julia incluyó en sus declaraciones juradas ante el órgano recaudador una cifra correspondiente a gastos reservados que rondaría los 300 mil pesos obtenidos al amparo de la Ley Secreta 18.302, un dato sobre el cual ya alertaron los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, que la investigan por enriquecimiento ilícito. La incorporación directa de esos fondos al patrimonio de la mujer se habría producido entre 1991 y 1994. Al respecto, al ser indagada ayer, se defendió citando el antecedente de Cavallo y argumentando que conoce una norma de la DGI que le autoriza esa inyección de dinero. Si es por el caso del ex ministro de Economía, se trata de una causa por enriquecimiento ilícito que todavía no tuvo definiciones (el juez Claudio Bonadío, recusado luego de pedir el desafuero de Cavallo, se la tuvo que pasar a María Romilda Servini de Cubría). Tiscornia se apresta a estudiar la norma sobre fondos secretos y a rastrear si alguna norma de la ahora Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dice lo mismo que expuso María Julia. Es que "según el Código Penal, existe la posibilidad de que haya incurrido en el delito de peculado y eso tenemos que confirmarlo o descartarlo", informó un funcionario de la investigación. Con todo, si existe peculado (malversación) parte del expediente pasaría al fuero federal. Esta investigación judicial que volvió a posar a Alsogaray-hija en el banquillo es una vieja derivación de la causa por enriquecimiento que está a cargo del juez Juan José Galeano y en la que ya la citó a indagatoria, aunque sin fecha. Cuando en 1994, a pedido de ese juez, la DGI hurgó en las declaraciones juradas de impuestos de la funcionaria encontró irregularidades e hizo la denuncia. Además de la acusación por evasión, aparecieron otros aspectos controvertidos como, por ejemplo, la detección de sellos apócrifos presuntamente utilizados para justificar pagos impositivos y la aparente subvaluación fiscal de su casa, un petit hotel de 650 metros cuadrados. Sin embargo, para alegría de la acusada, la DGI fue separada como parte querellante en 1994. El contador Furlone ya tuvo su propio juicio en el fuero federal, donde fue procesado por defraudación por el juez Jorge Urso y, por ende, pronto deberá enfrentar a María Julia en un juicio oral. En cuanto a la niña mimada de Menem, Tiscornia tiene 10 días para decidir si la procesa.
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