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Por Raúl Dellatorre  El intento
del gobierno de Carlos Menem para dejar en manos del sindicalismo asociado a su gestión,
nucleado en la CGT, el control de los 360 millones de pesos del fondo de redistribución
de las obras sociales quedó ayer bloqueado por la Justicia. El decreto 1215/99, firmado
apenas 24 horas después de las elecciones que consagraron a Fernando de la Rúa, otorgaba
a la central sindical menemista cuatro de los ocho asientos en la conducción de la
Administración de Programas Especiales. Pero la central opositora, la CTA, reclamó una
acción de amparo que ayer fue resuelta en su favor en el fuero laboral. "Es un reconocimiento a que aquí hay dos centrales sindicales y no sólo una, como pretendía Menem", se entusiasmó ayer al comentar la noticia Víctor De Gennaro, secretario general de la CTA. La central opositora había denunciado el "contenido discriminatorio" del decreto presidencial, al otorgarle representatividad exclusiva a la CGT en el movimiento obrero, pidiendo su declaración de inconstitucionalidad y una medida cautelar de amparo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. La jueza del trabajo Inés Gassibe hizo lugar a la medida cautelar, disponiendo que el Estado nacional se abstenga de ejecutar los nombramientos de los nuevos directores de la APE. Según lo establecido en el decreto del 25 de octubre, el nuevo cuerpo de conducción debía hacerse cargo del flamante organismo el 1º de enero próximo. Para su conformación se facultaba a la CGT a designar a cuatro miembros, que se sumarían a uno del sector empresario y tres del gobierno. Oscar Lescano (Luz y Fuerza), José Rodríguez (Smata), Oscar Mangone (trabajadores del gas) y Mariano Silva (camioneros, MTA) resultaron los representantes designados por la CGT. La designación de hombres de primerísima línea del sindicalismo ortodoxo ya ponía de manifiesto la trascendencia que el menemismo le otorga a dichos cargos, en virtud de su estrategia futura desde la oposición. La APE estaba facultada a absorber el 10 por ciento de la recaudación total de las obras sociales, de los que debía disponer para su redistribución en favor de las obras sociales con menores ingresos por afiliado y para cubrir las prestaciones de alta complejidad de todo el sistema. La suma a administrar se estima en 360 millones de pesos anuales. Ariel Basteiro, presidente de la Obra Social del Personal Aeronáutico, uno de los firmantes de la demanda judicial, manifestó que "la sensación que tiene la mayoría de los trabajadores argentinos es que se buscó convertir a esta administradora de fondos en una simple caja de los gremios menemistas". Dicha impresión resulta reforzada por una sucesión de medidas dispuestas en el último año en favor de los gremios que acompañaron la política del gobierno. La última de ellas fue la concesión por 30 años del Ferrocarril de Cargas General Belgrano a la Unión Ferroviaria, resuelta a principios de esta semana en un trámite plagado de irregularidades. La resolución judicial le sirve en bandeja al próximo gobierno, que encabezará De la Rúa, la posibilidad de revisar o anular el cuestionado decreto. En forma ambigua, el presidente electo y quienes lo acompañarán en el área de Salud cuestionaron la oportunidad del decreto. En tanto, por otro lado circulaba la versión de que el sindicalismo menemista había establecido contactos con el radicalismo para asegurarse que la nominación de la conducción de la APE no sería revertida. Según esta especie, los hombres de contacto habrían sido el gastronómico José Luis Barrionuevo y Enrique "Coti" Nosiglia. Los fondos de redistribución no forman parte del Presupuesto nacional, pero le otorgan un enorme poder discrecional a quien lo administre sobre la suerte de las obras sociales que los demandan. En los últimos años, dicho fondo estuvo en manos de la ANSeS primero y de la Superintendencia de Salud más recientemente, en ambas épocas controlado por José Luis Lingeri, de la federación de trabajadores de la ex Obras Sanitarias. Mediante dicho mecanismo de reparto, no sólo se han atendido las necesidades específicas previstas sino también fuertes subsidios que, no casualmente, se concentraron en los gremios que acompañaron con más fervor las transformaciones ejecutadas por el menemismo.
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