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Por Mariana Carbajal La tuberculosis pulmonar en niños menores de 5 años creció un 153 por ciento desde 1991, mientras la diarrea infantil aumentó un 40 por ciento. El 35 por ciento de los chicos menores de 6 años no está vacunado contra la polio y el 30 por ciento no recibió la vacuna triple. Cuatro de cada diez niños de 14 años o menos son pobres. La tasa de mortalidad infantil triplica la de Singapur, es un 90 por ciento superior a la de Cuba y un 35 por ciento mayor que la de Chile. Los datos son parte de un informe del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el que se evalúa la situación de la niñez en la Argentina al cumplirse diez años de la aprobación de ese instrumento legal de alcance mundial, que aquí tiene rango constitucional. "La década menemista se olvidó de los chicos. En vez de pensar tanto en el niño por nacer, el Gobierno debería haberse preocupado más por los que ya nacieron. A nivel nacional es posible afirmar que la ratificación y posterior aprobación de la Convención sólo ha tenido un impacto retórico o político", opinó Nora Schulman, vicepresidenta del comité cuya titular es Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo. La Convención fue sancionada por la ONU el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por la Argentina un año después. Establece los derechos humanos de la niñez, normas mínimas necesarias para el bienestar de los chicos. Sin embargo, el país está a años luz de cumplirla, según surge de las conclusiones del comité y coincidieron el director de Unicef Argentina, Edward Madinger, y el presidente saliente de la Asociación de Magistrados de Menores, Julio Rogiano, en diálogo con Página/12. "Con una situación de pobreza como la que existe hoy es muy difícil asegurar los derechos de niños y adolescentes. Muchos chicos se mueren por causas evitables. Además, la adecuación de la legislación a la Convención todavía es una asignatura pendiente", cuestionó Madinger. En la Argentina, está vigente una ley de protección de los menores de principios de siglo, que dista mucho de cumplir los preceptos de la Convención. "Hay que reformarla para que los menores acusados de un delito tengan las mismas garantías en el proceso que un adulto, algo que hoy no ocurre", observó Rogiano, juez de menores de Santa Fe. Hay varios proyectos que contempla la Convención pero están trabados en el Congreso. Sólo Mendoza, Chubut y la ciudad de Buenos Aires han adecuado sus leyes. Para Rogiano, la situación de los menores con problemas con la ley "empeoró significativamente" durante el gobierno menemista, porque "hubo mayor cantidad de delitos graves cometidos por chicos de menor edad y no hay infraestructura adecuada para alojarlos, ni presupuestos para programas de reinserción y tratamiento como establece la Convención". La Convención prohíbe expresamente que los chicos y adolescentes sean alojados en cárceles o comisarías, algo que ocurre diariamente en el país. Además, propone programas de libertad vigilada para los infractores y considera que el Estado debe hacer todo lo posible por mantener a los niños en el seno de sus familias. Una investigación del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) --incluida en el informe del Comité de Seguimiento de la Convención al que tuvo acceso Página/12-- denuncia que los institutos de menores locales son "verdaderas cárceles por sus características y estructura". La eficacia de estas instituciones podría medirse con algunas estadísticas. Según reveló Rogiano, en provincias como Buenos Aires y Santa Fe la reincidencia en jóvenes de 18 a 23 años que estuvieron encerrados durante su adolescencia va del 75 al 80 por ciento. "Y casi la mitad de ellos están presos por causas graves", agregó el magistrado. La Convención establece que el Estado debe proteger a los niños de la explotación y garantizarles el derecho a la educación. El informe del Comité (integrado por la Sociedad Argentina de Pediatría, Abuelas de Plaza de Mayo, FUA, FUBA y la Asociación Cristiana de Jóvenes, entre otras entidades), advierte que "el porcentaje de niños trabajadores es particularmente intenso en Rosario, Mendoza y el Gran Buenos Aires, donde realizan tareas laborales entre el 6 y el 8,2 por ciento de los niños con edades entre los 10 y 14 años". Por otra parte, precisa que el 40 por ciento de la totalidad de los jóvenes y adolescentes del país, "abandonan la escuela en su nivel medio".
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