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El País Por José Yoldi El 5 de noviembre de 1996, la Sala Segunda del Supremo, por seis votos contra cuatro, decidió no citar a declarar a Felipe González como imputado en el "caso Marey" (un secuestro y primera acción de los GAL) por considerar que no había suficientes elementos para inculparlo. El caso Oñederra investiga "el surgimiento de la organización terrorista" GAL en 1983, el asesinato del etarra Ramón Oñederra el 21 de diciembre del mismo año, los asesinatos de los también etarras Angel Gurmindo y Vicente Perurena --el 8 de febrero de 1984-- y el atentado que costó la vida al ciudadano francés Christian Olaskoaga y graves heridas a su hermano Claude, el 18 de noviembre de 1984. Garzón menciona en su escrito que en la causa "se contienen una serie de datos que directa o indirectamente están referidos al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en ejercicio en 1983". Parte de ellos fueron tenidos en cuenta por el Supremo cuando decidió que no eran suficientes para abrir un procedimiento contra González. Aquellos datos se referían a las declaraciones del secretario de los socialistas de Vizcaya, Ricardo García Damborenea, y el ex director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, que implicaban a Felipe González en la creación de los GAL. Después han aparecido otros indicios que apuntan a González y que se concretan en los documentos del Cesid desclasificados por el gobierno y, en especial, el llamado "Acta fundacional de los GAL" de 6 de julio de 1983, otra nota de despacho, una de 28 de setiembre de 1983 sobre el inicio de acciones violentas en el sur de Francia, de forma inmediata, y otra que se corresponde con la nota anterior en la que el director del centro, Emilio Alonso Manglano, anota: "Me lo quedo, Pte. para el viernes". El juez entiende que los meros documentos del Cesid, aislados, serían suficientes para elevar el escrito al Supremo, pero que "unidos a los que en su momento se tuvieron formalmente en cuenta, estos nuevos datos pueden motivar un punto de vista diverso o confirmar el adoptado, rechazando la eficacia de los nuevos elementos. En todo caso, unos y otros sólo pueden y deben ser valorados por el único órgano judicial autorizado para ello, la Sala Segunda del Supremo". "Si no se tomara esta decisión --dice Garzón--, tales aspectos quedarían permanentemente sin resolver", al no poder la Audiencia Nacional pronunciarse sobre los mismos ni partir de ellos y mucho menos rechazarlos, a no ser que fueran absolutamente incongruentes, cosa que no sucede en este caso al hallarse incorporados a documentos oficiales, con registro en un archivo público, con custodia gubernamental y amparados por la legislación de secretos oficiales". Garzón señala en su escrito que en este momento tienen pendiente decidir sobre si procesa a algunos imputados, como el ex director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, y el que fuera jefe de su Agrupación Operativa, el coronel Juan Alberto Perote, pero que no puede pronunciarse hasta que el Supremo valore "la eventual implicación del entonces presidente del gobierno, o por el contrario éste es ajeno a la trama delictiva que se pone en marcha entre julio y setiembre de 1983, desde el seno de las instituciones del Estado". La causa no puede avanzar, dice el juez, "hasta tanto no se fije el límite de responsabilidad, desde arriba". Tras conocer el auto de procesamiento de Garzón, Felipe González declaró que "no tengo la menor idea del auto. No lo sé (si las resoluciones judiciales han influido en las decisiones políticas y viceversa). Una vez oí al juez Garzón en el Tribunal Supremo hace muy poco tiempo en que afirmaba, prácticamente textual, refiriéndose a otros jueces de la Audiencia Nacional que en sus conversaciones decían que había que acabar con el sistema político corrupto y con el felipismo, y que ésa era su misión en la vida. Lo decía el juez Garzón como testigo bajo juramento en el Tribunal Supremo, no hace todavía dos meses. Es la declaración más confirmatoria y con más credibilidad de aquella vieja teoría de la conspiración de hace unos años. Y no lo decía refiriéndose a periodistas o políticos sino que se refería a jueces. Y no lo digo yo. Lo que a mí no me falta es memoria". "No tengo ninguna información y no puedo pronunciarme al respecto. El único recuerdo que tengo es que a la mañana siguiente de las elecciones catalanas el señor De Grandes (portavoz parlamentario del PP) anunció algo de eso como una especie de amenaza velada, y yo le contesté el 28 de octubre que siempre me he tomado en serio las amenazas de la derecha, pero que no voy a cambiar de actitud y seguiré haciendo lo que debo hacer. A lo mejor él sabía algo. No estoy haciendo nada más que valorar esa declaración política. Lo demás, como no lo sé, pues no logro estar preocupado". González agregó que "la verdad es que tengo la impresión de que proceden de papeles del Cesid (el auto de Garzón). Pueden ser valoraciones de carácter judicial. Creo que en la desclasificación de estos papeles a que se refiere el asunto está dentro del 'caso Marey' (primera acción del terrorista de Estado de los GAL, con el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey). Pues probablemente hace un año que se pudiera haber pedido, cuando se dictó la sentencia de aquel caso. No sé por qué se pide en este momento y para qué, o si se basa en alguna intencionalidad que no conozco. La única referencia que tengo es una declaración política amenazante. Y esto sí me parece extraño a la transición política española, que se ha basado fundamentalmente en la superación del rencor. Cuando se hacen estas declaraciones amenazantes desde la política, uno se acuerda de la vieja derecha de siempre, de la vieja derecha que amenazaba y cumplía sus amenazas. Pero en absoluto va a cambiar mi vida y mi actividad. Seguiré haciendo exactamente lo que hago. Y no creo que haya que entrar en esta dinámica y yo no lo voy a hacer", concluyó el ex presidente. Ramón Oñederra, alias Kattu, fue la primera víctima mortal de los GAL. El 19 de diciembre de 1983, hacia las siete y media de la tarde, fue tiroteado por tres individuos en el bar Caiette, de Bayona (Francia), en el que trabajaba como camarero. Según amigos suyos, temía por su vida tras haber recibido amenazas varios meses antes.
Por Pablo Rodríguez Los escuadrones del Grupo Armado de Liberación (GAL) realizaron su guerra sucia contra los etarras entre 1983 y 1987, dejando 28 muertos. Las investigaciones sobre los atentados, secuestros y asesinatos ilegales de los GAL comenzaron a inicios de la década del 90, pero fue en 1994 donde comenzó a salpicar políticamente: los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, destinados a ser los chivos expiatorios de la investigación, prendieron el ventilador y las manchas llegaron hasta el ex secretario de Seguridad del Estado, Rafael Vera, y al ex ministro del Interior José Barrionuevo. De allí al entonces premier Felipe González había un solo despacho. El caso GAL tiene varias ramificaciones. La primera y más conocida es el sumario abierto por el caso de Segundo Marey, ciudadano vasco francés secuestrado por error en 1993 y liberado diez días después de su arresto. En este sumario también figuran los atentados contra el bar Consolation y Batsoki, en 1986 en Francia, que dejaron seis heridos. Vera y Barrionuevo fueron condenados en 1998 por este mismo caso, pero su prisión de diez años para cada uno está por ahora en suspenso. El Tribunal Supremo español había considerado que no había pruebas suficientes para inculpar a Felipe González. Pero, además del caso Marey, están los casos Laza y Zabala, Monbar, García Goena y Lucía Urigoitía. El juez Garzón abrió esta nueva puerta en la historia de los GAL por el caso Oñederra, considerado "el acto fundacional" de estos escuadrones paramilitares. Ramón Oñederra, "Kattu", fue asesinado en Bayona en 1983, a lo que se agregaron los crímenes de Angel Gurmindo, "Stein" y Vicente Perurena, "Peru", en 1984, y la muerte de Christian Olazkoaga. Todas estas acciones fueron cometidas en el sur de Francia y reivindicadas por los GAL. La cuestión, para el ahora diputado Felipe González y para la plana mayor de su largo gobierno (1982-1996), es que el caso GAL parece infinito, y que para ellos la sed de venganza política de Garzón parece interminable. Durante los dos primeros años del gobierno conservador de José María Aznar, el caso GAL los sentó en el banquillo de los acusados, los condenó y los terminó indultando, al menos para Vera y Barrionuevo. Los héroes de la cultura del pelotazo, Mario Conde y Luis Roldán, también habían entrado a la cárcel. Pero con esta nueva puerta abierta por Garzón, y las que aún pueden abrirse en manos de otros jueces, la catarata mediática contra lo que se conoce como "el felipismo" comenzará de nuevo. Y no se sabe en qué momento quedará definitivamente en el pasado.
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El juez
español Baltasar Garzón, que mantiene procesado al ex dictador chileno Augusto Pinochet,
ha pedido al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre si el ex presidente del gobierno
socialista, Felipe González, decidió la creación de la banda terrorista Grupos
Antiterroristas de Liberación (GAL). El magistrado remitió el pasado jueves una
exposición a la Sala Segunda del Alto Tribunal en la que da cuenta de que en el sumario
que instruye por el "caso Oñederra", en el que se investiga la creación de la
banda y de cuatro asesinatos cometidos por sus miembros, existen indicios delictivos que
afectan a González y que, como éste tiene la condición de aforado, debe ser el Supremo
el que valore si esos indicios son suficientes o no para proceder contra él. El fiscal
jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, anunció que recurrirá la decisión
del juez y recordó que el fiscal encargado del caso, Pedro Rubira, el 7 de julio de 1998,
ya pidió que se levantasen las medidas cautelares contra los imputados y que no se
procesase a nadie por entender que en el sumario no existían pruebas suficientes. Esta
postura, según Fungairiño, permanece inalterable. Fuentes del Supremo señalaron que los
magistrados de la Sala Segunda se reunirán la próxima semana con carácter de urgencia
para resolver sobre la cuestión planteada.