Por Julio Nudler Aparte de la
superpoblación de economistas en el gabinete nacional, el gobierno de Fernando de la Rúa
puede verse afectado por una sobredosis de visión económica (o, aún peor, financiera)
de cualquier cuestión, incluyendo las sociales. Una probable víctima del hiperfinancismo
sería Alberto Flamarique, quien asumirá Trabajo sólo para constatar, quizá, que el
ministerio se quedó con muy pocos botones que apretar. El caso sería altamente
significativo, porque uno de los instrumentos que perdería el frepasista lo ganaría tan
luego Daniel Marx. Este ex negociador de la deuda externa en las eras Alfonsín y Menem
reclamó, para aceptar hacerse cargo de la Secretaría de Financiamiento, dentro del
Ministerio de Economía, el manejo integral del mercado de capitales. En la exigencia
está incluida la Superintendencia de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (además de la
Superintendencia de Seguros y la Comisión Nacional de Valores). Desde este enfoque, las
AFJP son contempladas como inversores institucionales, que recogen ahorro
(compulsivo, en su caso) del público y lo vuelcan en activos financieros, entre ellos
bonos emitidos por el fisco. Lo que genuinamente le importará a Marx es que el Tesoro
pueda colocar en los fondos manejados por las Administradoras la mayor cantidad de
títulos a la menor tasa de interés posible, mientras que a los trabajadores titulares de
esos fondos de capitalización les conviene que el rendimiento de los papeles sea el mayor
obtenible. Tampoco sería fácil para Marx regular estrictamente el trato que las AFJP
dispensan a sus afiliados (el nivel de las comisiones, por ejemplo), mientras negocia con
ellas la absorción de títulos para financiar el déficit fiscal.La visión
fiscal-financiera llevaría a la desaparición de la Secretaría de Seguridad Social,
cuestión que se perdería como tema de gobierno en sí mismo. Discusiones como la del
destino de la PBU (Prestación Básica Universal) se dirimirían en Hacienda o algún otro
ámbito extraño. Dentro del desbande no está clara tampoco la suerte que correrá la
ANSeS, que ya viene viviendo bajo la amenaza de que las AFJP se apropien de gran parte de
sus funciones. En todo caso, desde una perspectiva fiscal la factura más difícil de
administrar respecto de ese organismo es el pago de los juicios que ganan jubilados.La
alta densidad de economistas por metro cuadrado de gobierno es vista por algunos como una
dilución de la voz cantante de José Luis Machinea, que se perdería entre el coro de
economistas: López Murphy, Llach, Rodríguez Giavarini y hasta Terragno, además de
Santibañes como jefe de los notables. Además, ante cualquier problema, el
presidente tendría para elegir, dentro mismo del gabinete, el sustituto para Economía.
Pero esta lectura es descartada por otros, convencidos de que esta exageración de De la
Rúa convierte automáticamente a Machinea en el mal menor, una especie de
rótula entre el ala progresista y la facción conservadora del gobierno. Desde el
interior de la Alianza se razonará que cualquier desestabilización del ministro
conduciría a una alternativa peor. Y, al fin de cuentas, los eventuales reemplazantes de
Machinea no lo serían menos si estuvieran fuera del gobierno. Aun así, quedaría por
explicar la curiosa elección de López Murphy para Defensa, una cartera que no involucra
virtualmente ninguna cuestión de mercado, y tampoco ofrece campo propicio para un
fanático del corte del gasto público y la reducción de salarios como es él. Para los
partidarios de la teoría del cerco a Machinea, tendido por presión del establishment
sobre el presidente electo, canalizada a través de Santibañes, es ésa la razón por la
que el corpulento economista de Fiel ocupará una de las diez sillas del gabinete. Otros
reducen todo a una desmedida obsesión de Chupete por atiborrar de señales gratas a los
grandes financistas.
Un bache de 2400 millones José Luis Machinea ve un bache de 2400 millones de pesos en el Presupuesto
2000 que quiere votar el Justicialismo, por encima de los 4500 millones admitidos como
déficit fiscal máximo para ese primer año de la gestión De la Rúa. Suponiendo que por
privatizaciones podrán obtenerse 300 millones más que los 700 contemplados en el esbozo
del peronista Oscar Lamberto, la brecha a salvar queda en 2100 millones. Esta es la cifra
que debería ser cubierta, básicamente, con mayor presión impositiva.Después de las
tremendistas declaraciones de anteayer de Machinea, a tenor de las cuales el país
marcharía hacia la cesación de pagos por la obcecación del PJ, los aliancistas
redoblarán su presión en los próximos días sobre los gobernadores para que acepten el
sueldo que la Nación les ofrece a las provincias: 860 millones mensuales como
suma fija que, sin embargo, podrían estirarse un poco.Los números fueron discutidos ayer
en una extensa reunión escenificada en la Fade, la fundación presidida por Machinea, con
economistas, legisladores y expertos tributarios. El debate sigue mostrando divergencias
en relación con las reformas impositivas a propiciar para obtener más recursos. Mientras
Darío Alessandro, designado jefe de bancada, se inclina por gravar con Ganancias a las
hoy exentas rentas financieras, el equipo de Machinea teme una reacción adversa de la
banca. |
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