MAÑANA COMIENZAN LAS AUDIENCIAS POR DESAPARECIDOS EN BAHIA
BLANCA Para saber qué pasó en La Escuelita
Con el testimonio
de tres secuestrados en1976, comienzan las audiencias sobre torturas y apropiación de
menores.
Noemí Labrune, de la APDH de Neuquén,
y Mirta Mántaras, abogada patrocinante.
El caso involucra a retirados y a un militar en actividad, y trata sobre dos
nacimientos en cautiverio.
Por Victoria Ginzberg
En la madrugada
del 21 de diciembre de 1976 fueron secuestrados quince adolescentes en Bahía Blanca.
Hombres armados, disfrazados con bigotes postizos, boinas, pelucas y anteojos oscuros
entraron en varias casas y se llevaron a los adolescentes frente a sus padres. Los chicos
eran alumnos de la Escuela Nacional de Educación Técnica número 1. Fueron llevados al
centro clandestino de detención conocido como La Escuelita, donde varios fueron
torturados. La historia de estos chicos, que sobrevivieron al horror de la última
dictadura, será la que abra mañana las audiencias públicas en el juicio que investiga
lo sucedido con los desaparecidos en la jurisdicción del V Cuerpo del Ejército. Después
de escuchar a las víctimas, la Cámara Federal de Bahía Blanca citará a los
responsables, entre los que hay un militar en actividad. A principios de junio de este
año la Cámara Federal de Bahía Blanca decidió iniciar la investigación sobre el
destino de los desaparecidos y de los bebés nacidos en cautiverio en su jurisdicción,
que abarca el sur de la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y La Pampa. El
pedido lo habían formulado las asambleas por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y
Neuquén, y familiares de las víctimas. En su resolución, el tribunal puntualizó que la
Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas, incluida en la
Constitución, considera el delito de desaparición forzada de personas como
“continuado o permanente mientras no se establezca el paradero de la víctima”.
Esta cámara, aunque con su composición modificada, y el fiscal Hugo Cañón, que lleva
adelante esta investigación, se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la ley de
Obediencia Debida, que impidió la condena de los responsables en el juicio que se inició
en 1986. Pero la Corte Suprema anuló este dictamen. “En esta etapa pretendemos que
se entienda lo que fue el terrorismo de Estado, y que la gente vea todos los episodios en
su tremenda gravedad. Además que se identifiquen públicamente a los responsables y que
se informe a la sociedad lo que está demostrado de su actuación. El escrache judicial es
importantísimo”, aseguran Noemí Labrune, de la Asamblea por los Derechos Humanos de
Neuquén y la abogada patrocinante Mirta Mántaras. En lo que queda de noviembre y hasta
fines de diciembre, el tribunal se dedicará a investigar lo ocurrido en La Escuelita de
Bahía Blanca, una vieja casa ubicada atrás del Comando del V Cuerpo del Ejército. Ese
centro clandestino estaba cerca de una vía del ferrocarril. Los prisioneros podían oír
el paso de los trenes además de los tiros de práctica del Comando y el mugido de las
vacas. Allí dieron a luz al menos dos mujeres.El hijo de Graciela Alicia Romero de Metz y
de Raúl Eugenio Metz nació frente a otras secuestradas el 16 o 17 de abril de 1977. En
febrero de 1977 habría nacido el hijo de María Graciela Izurieta y Alberto Ricardo
Garralda. En febrero de 1976, con ocho meses de embarazo, esa mujer escribió una carta de
puño y letra a sus padres. Los bebés y sus padres continúan desaparecidos. Si bien la
cámara separó en otra causa los casos de apropiación de menores –que se empezarán
a investigar el año que viene–, el destino de las mujeres embarazadas y sus
compañeros se intentará dilucidar en ésta. Después de escuchar a los sobrevivientes,
el tribunal llamará a los responsables. Dentro de dos semanas deberán presentarse dos
médicos militares que atendieron a detenidos de La Escuelita. Una semana más tarde,
serán citados Santiago Cruciani y Julián Oscar Corres. El último está señalado como
uno de los jefes de guardia del centro clandestino y aún está en actividad. Corres,
según señaló el diario bahiense Nueva Provincia, es teniente coronel de Infantería y
actualmente es jefe de una unidad de Inteligencia en la Patagonia. Cruciani fue el
encargado de La Escuelita. Labrune relata que durante la dictadura este militar, que sus
víctimas conocían como “El Tío”, trabajaba en el destacamento de inteligencia
con el nombre de Mario Mancini. “Los familiares iban al destacamento a preguntar por
los desaparecidos y los atendía Mancini”, asegura. Todavía no está definido si los
represores que sean citados por el tribunal lo serán en calidad de testigos o imputados.
Hasta ahora la cámara indicó que las declaraciones de los responsables podrían ser
“informativas”, es decir sin juramento de decir la verdad. “Si esto implica
que luego puede haber una persecución penal, estoy de acuerdo, pero si sólo significa
una protección extra la fiscalía se va a oponer”, aseguró Cañón.
En la madrugada
del 21 de diciembre de 1976 fueron secuestrados quince adolescentes en Bahía Blanca.
Hombres armados, disfrazados con bigotes postizos, boinas, pelucas y anteojos oscuros
entraron en varias casas y se llevaron a los adolescentes frente a sus padres. Los chicos
eran alumnos de la Escuela Nacional de Educación Técnica número 1. Fueron llevados al
centro clandestino de detención conocido como La Escuelita, donde varios fueron
torturados. La historia de estos chicos, que sobrevivieron al horror de la última
dictadura, será la que abra mañana las audiencias públicas en el juicio que investiga
lo sucedido con los desaparecidos en la jurisdicción del V Cuerpo del Ejército. Después
de escuchar a las víctimas, la Cámara Federal de Bahía Blanca citará a los
responsables, entre los que hay un militar en actividad. A principios de junio de este
año la Cámara Federal de Bahía Blanca decidió iniciar la investigación sobre el
destino de los desaparecidos y de los bebés nacidos en cautiverio en su jurisdicción,
que abarca el sur de la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y La Pampa. El
pedido lo habían formulado las asambleas por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y
Neuquén, y familiares de las víctimas. En su resolución, el tribunal puntualizó que la
Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas, incluida en la
Constitución, considera el delito de desaparición forzada de personas como
“continuado o permanente mientras no se establezca el paradero de la víctima”.
Esta cámara, aunque con su composición modificada, y el fiscal Hugo Cañón, que lleva
adelante esta investigación, se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la ley de
Obediencia Debida, que impidió la condena de los responsables en el juicio que se inició
en 1986. Pero la Corte Suprema anuló este dictamen. “En esta etapa pretendemos que
se entienda lo que fue el terrorismo de Estado, y que la gente vea todos los episodios en
su tremenda gravedad. Además que se identifiquen públicamente a los responsables y que
se informe a la sociedad lo que está demostrado de su actuación. El escrache judicial es
importantísimo”, aseguran Noemí Labrune, de la Asamblea por los Derechos Humanos de
Neuquén y la abogada patrocinante Mirta Mántaras. En lo que queda de noviembre y hasta
fines de diciembre, el tribunal se dedicará a investigar lo ocurrido en La Escuelita de
Bahía Blanca, una vieja casa ubicada atrás del Comando del V Cuerpo del Ejército. Ese
centro clandestino estaba cerca de una vía del ferrocarril. Los prisioneros podían oír
el paso de los trenes además de los tiros de práctica del Comando y el mugido de las
vacas. Allí dieron a luz al menos dos mujeres.El hijo de Graciela Alicia Romero de Metz y
de Raúl Eugenio Metz nació frente a otras secuestradas el 16 o 17 de abril de 1977. En
febrero de 1977 habría nacido el hijo de María Graciela Izurieta y Alberto Ricardo
Garralda. En febrero de 1976, con ocho meses de embarazo, esa mujer escribió una carta de
puño y letra a sus padres. Los bebés y sus padres continúan desaparecidos. Si bien la
cámara separó en otra causa los casos de apropiación de menores –que se empezarán
a investigar el año que viene–, el destino de las mujeres embarazadas y sus
compañeros se intentará dilucidar en ésta. Después de escuchar a los sobrevivientes,
el tribunal llamará a los responsables. Dentro de dos semanas deberán presentarse dos
médicos militares que atendieron a detenidos de La Escuelita. Una semana más tarde,
serán citados Santiago Cruciani y Julián Oscar Corres. El último está señalado como
uno de los jefes de guardia del centro clandestino y aún está en actividad. Corres,
según señaló el diario bahiense Nueva Provincia, es teniente coronel de Infantería y
actualmente es jefe de una unidad de Inteligencia en la Patagonia. Cruciani fue el
encargado de La Escuelita. Labrune relata que durante la dictadura este militar, que sus
víctimas conocían como “El Tío”, trabajaba en el destacamento de inteligencia
con el nombre de Mario Mancini. “Los familiares iban al destacamento a preguntar por
los desaparecidos y los atendía Mancini”, asegura. Todavía no está definido si los
represores que sean citados por el tribunal lo serán en calidad de testigos o imputados.
Hasta ahora la cámara indicó que las declaraciones de los responsables podrían ser
“informativas”, es decir sin juramento de decir la verdad. “Si esto implica
que luego puede haber una persecución penal, estoy de acuerdo, pero si sólo significa
una protección extra la fiscalía se va a oponer”, aseguró Cañón.