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 El ex jefe
del gobierno español, el socialista Felipe González, decidió hacerle caso al dicho que
reza que “la mejor defensa es un buen ataque”. Ayer, un día después de que el
juez Baltasar Garzón, ex ahijado político de Felipe, pidiera al Tribunal Supremo
español el procesamiento del ex mandatario por su responsabilidad en el caso GAL,
González le retrucó con una denuncia contra el actual gobierno conservador de José
María Aznar. La reedición de la causa judicial –de la que González salió ileso en
1996 por “falta de pruebas”– sirve para desviar la atención sobre la
privatización del grupo de telecomunicaciones Telefónica, respondió el ex premier y
actualmente diputado. Desde la ciudad italiana de Milán, el juez Garzón dejó a un lado
su habitual bajo perfil y salió al cruce de la acusación. “Decir que un magistrado
hace política es el típico comportamiento de quien quiere deslegitimar las
investigaciones para lograr la impunidad -disparó Garzón en el marco de una conferencia
internacional sobre “Respuestas al desafío de la corrupción”–. La
obligación de un magistrado es investigar y sancionar comportamientos ilegales”. El
viernes, Garzón presentó nuevas evidencias que, según su criterio, involucran al ex
presidente socialista en la creación de los escuadrones del Grupo Antiterrorista de
Liberación (GAL), que libró una guerra sucia contra la organización vasca ETA durante
los años 80. Esos documentos podrían demostrar la responsabilidad del ex mandatario
socialista en las operaciones armadas contra ETA que comenzaron en 1983 con el asesinato
del etarra Ramón Oñederra y siguieron con la muerte de otros 27 en los cuatro años
siguientes. El 5 de noviembre de 1996, la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió no
citar a Felipe González como imputado en el “caso Marey”, el primer golpe del
GAL al secuestrar al ciudadano francés Segundo Marey, por considerar que no había
pruebas suficientes para procesarlo. Ahora, con la presentación de Garzón y a menos de
cuatro meses de las elecciones legislativas en España previstas para marzo del 2000, el
socialismo parece tener motivos suficientes para temer que la historia de 1996
–cuando el escándalo político precipitó el triunfo presidencial de Aznar– se
repita con una nueva derrota en las urnas. El viernes, González aseguró que
“siempre me he tomado en serio las amenazas de la derecha. No sé por qué se pide en
este momento y para qué, o si se basa en alguna intencionalidad que no conozco. La única
referencia que tengo es que se trata de una declaración política amenazante”. Pero
ayer precisó el origen de esa amenaza cuando acusó al gobernante Partido Popular (PP) de
haber orquestado su vuelta a los tribunales. “Hay que sumar muchos, muchos, muchos
casos de corrupción en los últimos 40 años para compararlos con el pelotazo que han
organizado”, aseguró. “No somos tan ingenuos como para pensar que estas cosas
suceden por casualidad” salió a respaldarlo el vocero del Partido Socialista,
Alfredo Pérez Rubalcaba, que además acusó al PP de “mirar al pasado con
rencor” y de preparar una campaña electoral “bronca y sucia”.Pero “el
felipismo” recibió una muestra de apoyo desde la Justicia. El fiscal jefe de la
Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, confirmó ayer lo que ya había adelantado el
viernes: que apelará la acusación del juez Garzón. Su argumento es que el fiscal
encargado del caso, Pedro Rubira, pidió el 7 de julio del año pasado que se levanten las
medidas cautelares contra los imputados y que nadie más fuera procesado por considerar
que no existían pruebas suficientes. Según Fungairiño, esa postura se mantiene
inalterable.
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