Rico también es un peligro para los documentos sobre la represión

Ante la designación de Rico, la Comisión de la Memoria pidió garantías a Soria para preservar pruebas sobre violaciones a los derechos humanos.

La idea es que por lo menos una copia de los archivos secretos de la Bonaerense, aquellos en los que quedó la huella de la participación de la fuerza en los operativos conjuntos que terminaron con la vida de miles de personas en centros clandestinos de detención, sea llevada a un lugar seguro, lejos de cualquier posibilidad de extravío, destrucción o robo por encargo como el que sufrió la sede de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas en marzo del año pasado. En aquella oportunidad, los ladrones rompieron tres cerraduras de la casa de Familiares y se llevaron los discos rígidos de sus computadoras, que contenían información reunida durante años sobre víctimas y represores de la dictadura. El robo se cometió a la madrugada y ningún policía notó el menor movimiento, a pesar de que el edificio asaltado está enfrente de la Cámara de Diputados; si los datos no se perdieron para siempre fue porque una copia de ellos viajaba rumbo a España para ser entregados al juez Baltasar Garzón.

Una de las alternativas barajadas durante la reunión realizada ayer con Soria fue dejar copia de los archivos, por ejemplo, en una urna especial del Banco Provincia. Los documentos en cuestión están hoy dispersos en diferentes organismos. La Cámara Federal de La Plata, que investiga el destino final de más de dos mil desaparecidos, recibió los que se descubrieron a mediados del año pasado. Se trata de libros de novedades y partes oficiales valiosos para reconstruir el organigrama de la represión ilegal, además de pedidos de viáticos o fondos que hizo la Bonaerense para el mantenimiento de sus campos de concentración y que revelaron detalles de la complicidad de sectores de la Iglesia Católica con el genocidio.

Otros papeles fueron encontrados por azar durante una mudanza en la Facultad de Periodismo de La Plata, hace apenas dos meses. Contenían medio millar de fichas con datos que evidentemente se utilizaron para la persecución de estudiantes no sólo de la capital bonaerense sino también de otras universidades del interior del país, como las de Cuyo, Córdoba y Misiones. En esos listados se hallaron los nombres de cinco jóvenes desaparecidos; también algunas fichas que contenían información reservada del tipo de "A disposición del Ejército" o "A disposición del Poder Ejecutivo Nacional". La sospecha es que puede haber más documentos de este tipo ocultos en las guarniciones policiales de la provincia.

"Creemos que hay que apurarse a buscarlos porque Aldo Rico ha tenido actitudes que evidencian la intención de que nunca se sepa lo que ocurrió en esos años", señaló ayer Alejandro Mosquera, presidente de la Cámara baja provincial, después de la reunión con el ministro Soria. Como se recordará, los levantamientos carapintada tuvieron el objetivo principal de frenar la citación por parte de la Justicia de integrantes de las Fuerzas Armadas acusados de haber cometido secuestros y asesinatos durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional, además del sistemático despojo de los bienes de sus víctimas.

La Comisión Provincial de la Memoria está integrada por personalidades vinculadas con los derechos humanos --como Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Adolfo Pérez Esquivel y Adelina de Alaye, de Madres--, representantes del ámbito religioso --monseñor Miguel Hesayne y el obispo Aldo Etchegoyen-- y sindical, juristas y legisladores. Su función es recopilar toda la documentación existente sobre la dictadura y sistematizarla. Tras la reunión de ayer, Carlotto dijo estar conforme y aseguró que Soria se comprometió a ayudarlos, tanto para preservar los archivos que ya se encontraron como para rastrear los que siguen ocultos. La Comisión entregará mañana al Ministerio de Justicia y Seguridad un reclamo formal al respecto.

MAS IMPUGNACIONES PARA LA DIPUTACION DEL REPRESOR
Bussi busca aliados en la Cámara

Por Felipe Yapur
Antonio Domingo Bussi ganó una semana. Su diploma de diputado ya ingresó a la Cámara baja pero, por cuestiones reglamentarias, los pedidos de impugnación a su incorporación al Congreso no se definirán hasta el mismo día en que jure junto a los demás legisladores electos de todo el país, el próximo primero de diciembre. Mientras tanto, el ex general está operando para ganar la inmunidad que necesita para eludir los requerimientos de la justicia. Al mismo tiempo, la presidencia de la Cámara continúa recibiendo pedidos de impugnación desde diferentes provincias y organizaciones, ayer llegó una de la Universidad Nacional de Tucumán.

A pesar de que hay algo más de cuatro solicitudes presentadas para evitar la obtención del título de diputado --tanto de legisladores como de particulares--, entre algunos de los integrantes de la Cámara hay cierta preocupación por el resultado de la votación que debe realizarse en el recinto. La primera preocupación surge por la cantidad necesaria de voluntades que se necesitan para frenar la intentona bussista. Es preciso contar con los dos tercios de los diputados: unos 167 legisladores. El segundo problema es tan complicado como el anterior. A pesar de que lo niegan, varios legisladores, tanto del PJ como de la Alianza, reconocen haber sufrido algunas presiones para que "el caso Bussi termine cuanto antes". El tema es que "cuanto antes" significa para varios de los consultados que "Bussi entre y después veremos qué pasa", como reconoció un diputado frepasista. Para evitar dar nombres, los aliancistas dicen que pedirán una votación nominal "así se sabrá quién banca a Bussi".

En el justicialismo ocurre algo similar. Nadie se muestra a favor de la presencia del ex dictador, pero también reconocen que Bussi está buscando apoyo para su diploma. Los bussistas dejaron conocer que el militar tiene previsto un reunión con el todavía presidente de la Cámara, Alberto Pierri. Bussi cree que ha llegado la hora de cobrar los favores que le hizo a Pierri con su empresa papelera en Tucumán. Los pierristas juran que no es así. Pero tal vez como para ir curándose en sano, el ex dictador no se presentó ayer en Tucumán a recibir su diploma de diputado electo. Bussi tenía que recibir el certificado junto a otros legisladores del PJ y la Alianza. Para evitar el seguro abucheo, alegó "motivos personales" para justificar su faltazo.

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