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 Primero lo
había aceptado a trámite. El juez Baltasar Garzón, el mismo de los juicios de Madrid
contra Pinochet y los militares argentinos, había desenterrado nuevas evidencias sobre el
caso GAL. Pero después el Tribunal Supremo de España las consideró insuficientes y
rechazó ayer mismo la posibilidad de imputar judicialmente al ex presidente del Gobierno,
el socialista Felipe González, por su presunta participación en la "guerra
sucia" contra ETA librada por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en los
años '80.Los trece jueces de la Sala de lo Penal del Supremo, reunidos ayer en pleno con carácter excepcional, decidieron por unanimidad devolver al juez Baltasar Garzón el escrito que les había dirigido el pasado viernes para que se pronunciaran sobre la eventual imputación de González, quien fue presidente del Gobierno entre 1982 y 1996. El presidente de la Sala de lo Penal, Luis Román Puerta, explicó a la prensa que el tribunal no ha considerado suficientes los argumentos esgrimidos contra Felipe González por el magistrado de la Audiencia Nacional. El Supremo, según Román Puerta, ha tomado esta decisión "por considerar que los razonamientos expuestos (por Garzón) no justifican la asunción por esta Sala de la competencia para conocer de la presente causa, al no haberse observado la existencia de nuevos elementos de prueba" contra el ex presidente. Horas antes de conocerse esta decisión, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya había considerado improcedente la actuación de Garzón y había presentado un recurso contra su decisión. La Fiscalía aseguró en su recurso que no existen "indicios de criminalidad" para imputar a González en la "guerra sucia" contra ETA, en concreto en el llamado "caso Oñaederra". Tras conocerse el pronunciamiento, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, ahora en la oposición), Joaquín Almunia, consideró "lógica" la decisión del Supremo y aseguró no conocer "a casi ningún jurista que haya visto algún viso de verosimilitud en la iniciativa que había tomado el juez" Garzón. En este sumario abierto por Garzón se investigan los asesinatos de los presuntos "etarras" Ramón Oñaederra "Kattu", Angel Gurmindo, Vicente Perurena y Christian Olascoaga, perpetrados por los GAL en Francia entre 1983 y 1984. El recurso de la Fiscalía recuerda que el Supremo "tuvo la oportunidad de resolver ya sobre la posible imputación del ex presidente Felipe González en el procedimiento Marey, basándose en las declaraciones realizadas por Ricardo García Damborenea", dirigente socialista del País Vasco en los años ochenta. El "caso Marey" dio lugar en 1998 al primer y único juicio de la "guerra sucia" contra ETA, por el secuestro en 1983 del ciudadano francés Segundo Marey. El ex ministro socialista del Interior José Barrionuevo y varios altos cargos de la lucha antiterrorista fueron condenados. García Damborenea implicó a González en la organización de los GAL, que en los años '80 cometió 33 atentados en el sur de Francia contra supuestos activistas de ETA con el resultado de 26 muertes. La Fiscalía recuerda que el Supremo valoró ya esas declaraciones "como afirmaciones --en clave política-- carentes de corroboración objetiva y que se refieren genéricamente a una decisión de estrategia antiterrorista". El Supremo "no consideró estas mismas declaraciones judiciales --como tampoco los documentos del CESID-- como indicios suficientes para imputar" a González. Los documentos de los servicios secretos españoles sobre la "guerra sucia" --los llamados "papeles del CESID"-- fueron desclasificados por el gobierno de José María Aznar en 1997 y son la base de las acusaciones de Garzón contra González.
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