Por Felipe Yapur El ex dictador
Antonio Domingo Bussi ha decidido aplicar una de las más viejas estrategias de la guerra,
la maniobra de pinzas, para lograr que su diploma de diputado sea aceptado. Por un lado,
el anciano general aceita sus contactos con los diputados menemistas, recordándoles que
sus legisladores siempre votaron a favor de los proyectos del todavía Presidente. Por el
otro, su hijo y actual diputado nacional, Ricardo Bussi, realiza gestiones con
legisladores de la Alianza a quienes les promete la misma fidelidad que tuvieron para con
el gobierno que se va. En caso de que las gestiones no arrojen resultados positivos, el
vástago del militar tiene una carta guardada: aprovechar los vínculos familiares que uno
de sus más estrechos colaboradores tiene con la futura primera dama, Inés Pertiné de De
la Rúa.Ricardito, como llaman al hijo del general, quiere que su padre sí o sí asuma
como diputado. No quiere defraudarlo como en aquel fatídico 6 de junio cuando perdió la
gobernación de Tucumán a manos del justicialista Julio Miranda. Entonces, ha decidido
valerse de todos los medios para alcanzar el objetivo de conseguir el paraguas protector
de la inmunidad parlamentaria para su progenitor. El detalle es que, más allá de los
acuerdos que pueda tejer con sus pares de la Cámara baja, hoy cuenta con la posibilidad
de conseguir un apoyo hasta hace poco impensado, que llegó de la mano de un hombre de su
mayor confianza, el legislador provincial ultrabussista Mariano Poliche. Este ex rugbier
está casado con Alejandra Ducca, quien además de modelo y diseñadora de moda es sobrina
de la esposa de Fernando de la Rúa. Por estos días, la muchacha hizo publicar en los
diarios tucumanos las fotos que se sacó con su tía y su prima Agustina de la Rúa en el
Centro Cultural Recoleta. Hace diez días realizó allí una exposición de sus vestidos
de look telúrico.Este detalle entusiasmó a los bussistas que ven allí la posibilidad de
conseguir el guiño que necesitan para que los diputados aliancistas no presten su voto a
los proyectos que buscan evitar el ingreso del ex dictador al Parlamento nacional.
Ricardito, al ser consultado por este diario, evitó hablar sobre el tema y mientras
sonreía dijo que son cosas que se dicen, aunque reconoció que el parentesco
existe. Mientras tanto, y según operadores del bussismo, el vástago del ex dictador
mantiene contactos con dirigentes de segunda línea del entorno del mandatario
electo. El propio Bussi hijo dijo a este diario que las conversaciones existen pero
aclaró que son de carácter jurídico porque a mi padre lo quieren expulsar por
motivos políticos, pero a él lo ampara la Constitución Nacional y no se puede
perjudicarlo porque los medios de comunicación tengan algo contra él o por el
insoportable cholulismo de un juez español (por Baltasar Garzón) que insiste en
inmiscuirse cuando deberían investigar los delitos que se comenten en su país.Por
otro lado, el ex gobernador está moviendo sus contactos con el menemismo. Bussi les
recuerda a todos el cumplimiento de su compromiso de acompañar las iniciativas
justicialistas en el parlamento. Por ello exige, a manera de una devolución de favores,
que ahora lo cubran en esta situación límite. Por estos días, el genocida reapareció
en Tucumán con su aspecto cambiado. Ahora vuelve a lucir el grueso bigote canoso que
usaba en 1987, cuando llegó a la provincia norteña para iniciar su carrera política.
Más impugnaciones al general La presidencia de la Cámara de Diputados continúa recibiendo pedidos para
que se rechace el diploma de legislador nacional que obtuvo el ex dictador Antonio Bussi.
Ayer ingresó al despacho de Alberto Pierri, en su carácter de titular del cuerpo, una
resolución del consejo directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Los
representantes de la facultad sostienen que ante la necesidad de contribuir a
preservar una ética del ejercicio de la política, entiende que Bussi es indigno de
ocurpar una banca en la Cámara de Diputados. Sustentan su pedido en que el ex
dictador tuvo responsabilidad directa en la desaparición de 680 detenidos durante la
dictadura y por su constante reivindicación del terrorismo de estado. |
MORRIS DOOGLATZ EVITO SER DESTITUIDA
La jueza renunció a tiempo
Por Irina Hauser
Cuando
fue a declarar por primera vez ante el Consejo de la Magistratura, a principios de junio,
era para todos la jueza que mandó a la cárcel a Enrique Gorriarán Merlo, el líder del
Movimiento Todos por la Patria (MTP). Desde aquel día, Raquel Morris Dooglatz pasó a
formar parte del elenco de magistrados sospechados de corrupción por su presunta
participación en una banda de policías bonaerenses que exigían coimas en el Mercado
Central. Cuando ya se estaba por cumplir el plazo para que el jurado de enjuiciamiento
resolviera si la destituía, ella optó por presentar su renuncia, el lunes. De esta
manera, cae el proceso de juicio político en su contra. Morris Dooglatz ya había sido
obligada a abandonar su despacho en la Justicia federal de Morón a comienzos de
setiembre, cuando el plenario del Consejo de la Magistratura la suspendió por el voto
unánime de los 14 consejeros presentes y envió su expediente al jury. Fue la primera
suspensión decidida por el órgano judicial, que comenzó a funcionar hace un año. La
renuncia fue confirmada ayer por voceros del Ministerio de Justicia y deberá ser aceptada
por el presidente Carlos Menem. El juez Jorge Rodríguez había pedido el juicio político
de la magistrada para indagarla en una causa en la que investigaba su vinculación con
policías que extorsionaban a comerciantes del Mercado Central. Le atribuyó los delitos
de prevaricato (fallar contra derecho), incumplimiento de sus deberes y violación de
secreto. Ahora que la jueza renunció, puede citarla a indagatoria. En el expediente de
esa causa, el fiscal Pablo Quiroga había señalado que, al parecer, un proceso sospechoso
se repetía en causas por evasión tributaria tramitadas por Morris Dooglatz: con su firma
la policía allanaba comercios y retiraba documentación, y si en los papeles confiscados
había algún dato fuera de regla, pedían coimas a cambio de salvarlos en una
investigación. La jueza fue acusada, entre otras cosas, de obviar dar vista de las
actuaciones a los fiscales y de esquivar la intervención de la Dirección General
Impositiva (DGI). La Cámara Federal de San Martín constató que había incurrido en 131
faltas administrativas. Fuentes judiciales asociaron la renuncia de la jueza con las
recientes condenas a prisión de tres policías, tres inspectores municipales y un
abogado, relacionadas con las maniobras en el Mercado Central.
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