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Por Felipe Yapur El ex dictador Antonio Domingo Bussi ha decidido aplicar una de las más viejas estrategias de la guerra, la maniobra de pinzas, para lograr que su diploma de diputado sea aceptado. Por un lado, el anciano general aceita sus contactos con los diputados menemistas, recordándoles que sus legisladores siempre votaron a favor de los proyectos del todavía Presidente. Por el otro, su hijo y actual diputado nacional, Ricardo Bussi, realiza gestiones con legisladores de la Alianza a quienes les promete la misma fidelidad que tuvieron para con el gobierno que se va. En caso de que las gestiones no arrojen resultados positivos, el vástago del militar tiene una carta guardada: aprovechar los vínculos familiares que uno de sus más estrechos colaboradores tiene con la futura primera dama, Inés Pertiné de De la Rúa.Ricardito, como llaman al hijo del general, quiere que su padre sí o sí asuma como diputado. No quiere defraudarlo como en aquel fatídico 6 de junio cuando perdió la gobernación de Tucumán a manos del justicialista Julio Miranda. Entonces, ha decidido valerse de todos los medios para alcanzar el objetivo de conseguir el paraguas protector de la inmunidad parlamentaria para su progenitor. El detalle es que, más allá de los acuerdos que pueda tejer con sus pares de la Cámara baja, hoy cuenta con la posibilidad de conseguir un apoyo hasta hace poco impensado, que llegó de la mano de un hombre de su mayor confianza, el legislador provincial ultrabussista Mariano Poliche. Este ex rugbier está casado con Alejandra Ducca, quien además de modelo y diseñadora de moda es sobrina de la esposa de Fernando de la Rúa. Por estos días, la muchacha hizo publicar en los diarios tucumanos las fotos que se sacó con su tía y su prima Agustina de la Rúa en el Centro Cultural Recoleta. Hace diez días realizó allí una exposición de sus vestidos de look telúrico.Este detalle entusiasmó a los bussistas que ven allí la posibilidad de conseguir el guiño que necesitan para que los diputados aliancistas no presten su voto a los proyectos que buscan evitar el ingreso del ex dictador al Parlamento nacional. Ricardito, al ser consultado por este diario, evitó hablar sobre el tema y mientras sonreía dijo que son cosas que se dicen, aunque reconoció que el parentesco existe. Mientras tanto, y según operadores del bussismo, el vástago del ex dictador mantiene contactos con dirigentes de segunda línea del entorno del mandatario electo. El propio Bussi hijo dijo a este diario que las conversaciones existen pero aclaró que son de carácter jurídico porque a mi padre lo quieren expulsar por motivos políticos, pero a él lo ampara la Constitución Nacional y no se puede perjudicarlo porque los medios de comunicación tengan algo contra él o por el insoportable cholulismo de un juez español (por Baltasar Garzón) que insiste en inmiscuirse cuando deberían investigar los delitos que se comenten en su país.Por otro lado, el ex gobernador está moviendo sus contactos con el menemismo. Bussi les recuerda a todos el cumplimiento de su compromiso de acompañar las iniciativas justicialistas en el parlamento. Por ello exige, a manera de una devolución de favores, que ahora lo cubran en esta situación límite. Por estos días, el genocida reapareció en Tucumán con su aspecto cambiado. Ahora vuelve a lucir el grueso bigote canoso que usaba en 1987, cuando llegó a la provincia norteña para iniciar su carrera política.
MORRIS DOOGLATZ EVITO SER DESTITUIDA Por Irina Hauser Cuando fue a declarar por primera vez ante el Consejo de la Magistratura, a principios de junio, era para todos la jueza que mandó a la cárcel a Enrique Gorriarán Merlo, el líder del Movimiento Todos por la Patria (MTP). Desde aquel día, Raquel Morris Dooglatz pasó a formar parte del elenco de magistrados sospechados de corrupción por su presunta participación en una banda de policías bonaerenses que exigían coimas en el Mercado Central. Cuando ya se estaba por cumplir el plazo para que el jurado de enjuiciamiento resolviera si la destituía, ella optó por presentar su renuncia, el lunes. De esta manera, cae el proceso de juicio político en su contra. Morris Dooglatz ya había sido obligada a abandonar su despacho en la Justicia federal de Morón a comienzos de setiembre, cuando el plenario del Consejo de la Magistratura la suspendió por el voto unánime de los 14 consejeros presentes y envió su expediente al jury. Fue la primera suspensión decidida por el órgano judicial, que comenzó a funcionar hace un año. La renuncia fue confirmada ayer por voceros del Ministerio de Justicia y deberá ser aceptada por el presidente Carlos Menem. El juez Jorge Rodríguez había pedido el juicio político de la magistrada para indagarla en una causa en la que investigaba su vinculación con policías que extorsionaban a comerciantes del Mercado Central. Le atribuyó los delitos de prevaricato (fallar contra derecho), incumplimiento de sus deberes y violación de secreto. Ahora que la jueza renunció, puede citarla a indagatoria. En el expediente de esa causa, el fiscal Pablo Quiroga había señalado que, al parecer, un proceso sospechoso se repetía en causas por evasión tributaria tramitadas por Morris Dooglatz: con su firma la policía allanaba comercios y retiraba documentación, y si en los papeles confiscados había algún dato fuera de regla, pedían coimas a cambio de salvarlos en una investigación. La jueza fue acusada, entre otras cosas, de obviar dar vista de las actuaciones a los fiscales y de esquivar la intervención de la Dirección General Impositiva (DGI). La Cámara Federal de San Martín constató que había incurrido en 131 faltas administrativas. Fuentes judiciales asociaron la renuncia de la jueza con las recientes condenas a prisión de tres policías, tres inspectores municipales y un abogado, relacionadas con las maniobras en el Mercado Central.
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