Página/12

Con la idea de un Plan Marshall de Infraestructura

Nicolás Gallo promete colocar nuevamente al Estado como impulsor de inversiones, sin prescindir del sector privado. Cuáles son sus proyectos.

Es uno de los radicales de más confianza de Fernando de la Rúa. Por ese motivo, Nicolás Gallo fue uno de los primeros ministeriables autorizado a adelantar sus proyectos en el área que manejará desde Infraestructura. Ese ministerio lo armó restando sectores que hasta ahora están bajo la órbita de Economía. Promete que durante su gestión el Estado retomará su lugar como impulsor de la inversión pública, sin dejar afuera al capital privado. El ex titular de obras públicas de la Ciudad Autónoma asegura que revisará las renegociaciones con las privatizadas, en especial las de las concesiones de trenes, encaradas hasta el momento. Afirma que en Argentina “hace falta un Plan Marshall de infraestructura” y sostiene que su filosofía es que “el bien común tiene que prevalecer sobre el particular”.
En un reportaje concedido al suplemento económico Cash, Gallo admitió que la Alianza buscará una disminución de las tarifas. Y los peajes serán el primer caso. Incluso señaló que sólo llegaría al extremo de una rescisión de contratos si tuviera el respaldo legal de la Procuración del Tesoro para hacerlo y no entrañara riesgo de un juicio para el Estado.
Hasta el momento, ya probó su capacidad de negociación con el sector privado como secretario de Producción de la Ciudad, cargo desde el que cerró trato con las firmas encargadas de recolectar la basura y operar autopistas urbanas. Como funcionario comunal, también se opuso a la creación de un órgano regulador que controlase esas contrataciones. Desde el gabinete nacional promete vigilar de cerca los acuerdos con empresas privadas y rediseñar planes en casi todas las áreas:

Peaje: No descarta mantener el peaje después del 2003, fecha en la que expiran estos contratos. Por ahora, intentará inducir una baja de tarifa, de modo tal que el precio del servicio que brindan las concesionarias tenga relación con las obras realizadas. “El peaje debe ser para hacer obras, no se concibe sólo por mantenimiento, por cortar el pasto y bacheo”, sostiene. Negociará con las empresas sobre la base de ampliar los corredores privatizados, incorporando caminos secundarios, que hoy no forman parte de la concesión.

Plan vial: El Estado debe mantener aquellos caminos que no resulten atractivos para la explotación privada. Los recursos deben surgir de un fondo específico, a nutrir con el Impuesto a los Combustibles, y de los préstamos blandos de organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial. Estos créditos podrían obtenerse ofreciendo como garantía la futura recaudación de Combustibles.

Viviendas: Prevé construir 500 mil viviendas en los próximos seis años, a un costo de 9000 pesos cada una. La mitad de ese valor será subsidiado por el Estado, parte con recursos del Fonavi. El resto será costeado por los propios beneficiarios, con un crédito a largo plazo. El plan involucrará a las provincias, los municipios y la Nación. Cualquiera de estas jurisdicciones debería aportar los terrenos.

Trenes: Es partidario de renegociar los contratos sobre bases diferentes a lo que está haciendo el actual gobierno. Su idea es reemplazar el subsidio estatal por un aumento de tarifa, pero sólo después de que el plan de inversiones esté concluido, no antes, como prevén las revisiones contractuales que hizo la actual administración.

Aeropuertos: Es partidario de mantener operativo el aeroparque Jorge Newbery. No descarta una negociación con el concesionario del sistema nacional de estaciones aéreas, Aeropuestos 2000, sobre la propuesta que el grupo comandado por Eduardo Eurnekian formuló al gobierno para sostener la estación metropolitana que, por pliego, debe trasladarse. Llamaría a una consulta popular para resolver el tema.

Organos Reguladores: Bajo su área estarán casi todos, salvo el Enre (electricidad) y el Enargás (gas). Sostiene que deben ser creados por ley (hay un proyecto preparado para enviar al Congreso) y sus cuerpos directivos cubiertos por concurso. Los funcionarios designados por decreto serán removidos.

Obras polémicas: Suspenderá el arbitraje confiado a Henry Kissinger y Mariano Cavagna Martínez sobre los 1500 millones de pesos que le reclama Eriday –la contratista civil de Yacyretá– al Estado. Prevé convocar a una licitación para ampliar la cota de la represa, pero descarta otorgársela en forma directa a ese consorcio, liderado por Impregilo. Piensa que si se construye el Canal Federal se debería expropiar las tierras que se beneficien con el polémico acueducto que llevará agua a La Rioja.

“ES UN DESATINO Y PELIGROSO QUE SIGA”, AFIRMAN EN LA ALIANZA
El interinato de Silvani ya levanta polvareda

Por David Cufré

La designación de Juan José Llach como ministro de Educación no es el único motivo de enojo dentro de las filas de la Alianza. Por ahora más subterránea, pero tan o más contundente, es la crítica a la decisión de Fernando de la Rúa de mantener transitoriamente a Carlos Silvani como titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El primero en manifestar públicamente sus objeciones es Antonio Figueroa, tributarista con una extensa carrera en la administración pública y actual asesor principal en esa materia de Rodolfo Terragno, próximo jefe de Gabinete. “Es inoportuno, un desatino y peligroso que Silvani siga en su puesto”, le dijo a Página/12. “Puedo entender que continúe por unos meses, hasta que los funcionarios entrantes en la AFIP conozcan a fondo su funcionamiento, pero espero que esa transición sea lo más corta posible”, añadió.
La oposición a la continuidad de Silvani es compartida por los agentes superiores del organismo, quienes denuncian actitudes “despóticas” de su jefe, y por los empleados de los escalafones más bajos, que ayer hicieron un paro nacional para “repudiar la inacción de Silvani ante los problemas (salariales) de los trabajadores”. Incluso José Luis Machinea, de quien dependerá la AFIP cuando asuma como ministro de Economía, y Carlos Alvarez le transmitieron al presidente electo su desacuerdo con que el funcionario permanezca en el cargo. Pero, a pesar del amplio “coro” de opositores, Silvani será el único miembro importante del elenco menemista que se mantendrá en funciones con la Alianza en el poder.
El propio Alvarez impulsó al economista Arnaldo Bocco para conducir la AFIP. Sin embargo, De la Rúa optó por seguir el consejo de su amigo y más influyente asesor, Fernando de Santibañes, quien jugó a favor de Silvani. El funcionario se quedará “por seis o siete meses, hasta que el equipo de técnicos, especialistas y economistas de la Alianza conozcan a fondo el manejo interno de la AFIP”, dijo anteayer Alvarez, aceptando la decisión de De la Rúa, aunque fuentes cercanas al vicepresidente electo le dijeron a este diario que “prefirió no armar un nuevo revuelo, después de lo que pasó con la designación de Llach”.
De todos modos, Chacho se permitió afirmar que “la Aduana tuvo problemas de subfacturación de importaciones, contrabando y dumping que perjudicaron a las pymes, de la misma manera que la DGI no pudo resolver el problema de la evasión, que hoy alcanza los 25 mil millones”. “Ninguno de los dos (organismos) funcionó como uno quería que funcionaran”, concluyó. Por su parte, Machinea sostuvo en más de una oportunidad que prefiere que la AFIP sea desintegrada, y que la DGI y la Aduana actúen de manera independiente, bajo la tutela de una nueva Secretaría de Ingresos Públicos. Y en privado, el economista le transmitió a De la Rúa que su candidato para la DGI era el ex ejecutivo de Loma Negra Víctor Sabanti, aunque éste ahora se sumó al Consejo Asesor del Presidente, coordinado por Santibañes. Machinea no lo quiere a Silvani para un área central como la DGI, que debe combatir el estructural problema de la evasión.
“El estado de situación de la DGI y de la Aduana puede calificarse de caótico”, consideró Antonio Figueroa, cuyo jefe, Rodolfo Terragno, también le dijo a Página/12 que pondrá bajo la lupa la gestión de Silvani (ver página 6). “Los organismos están totalmente desorganizados. Hay gente de la DGI que se ha insertado en Aduana y no conoce su funcionamiento, y lo que ha conseguido es crear mayor confusión. Es evidente que la DGI no funciona, porque la evasión no disminuyó, se relajó la conducta de los contribuyentes y Silvani no actuó como correspondía, sino todo lo contrario”, enfatizó Figueroa. Por último, evaluó como “un desatino, inoportuno y peligroso” que el Congreso apruebe el proyecto de ley, con media sanción del Senado, que le otorga al titular de la AFIP la permanencia en el cargo por seis años. Silvani apuesta a ganarse la confianza de De la Rúa durante el semestre de trabajo que le prometió elpresidente electo, para afianzarse en el cargo y ser designado definitivamente.

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