Por Irina Hauser  ”El doctor De la Rúa ha
dicho que no lo queremos en la Argentina, y se está buscando otro país que lo
reciba”, aseguró a Página/12 el ministro de Justicia entrante, Ricardo Gil Lavedra.
La Alianza quiere quitar toda protección al golpista paraguayo Lino Oviedo, asilado en el
país mientras la Justicia del Paraguay lo espera para juzgarlo como presunto autor
intelectual del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña. En el equipo del
presidente electo, Fernando de la Rúa, esperan que el ex militar se vaya rápido, antes
de que asuma el nuevo gobierno. Tal vez Oviedo les dé el gusto. Ya se está preparando
para irse antes de que llegue un pedido de extradición del país vecino o antes de que el
gobierno argentino decida expulsarlo.
Desde la Alianza ya le habían hecho saber a Oviedo que no están dispuestos a seguir la
política de amparo que le brindó Carlos Menem. Rodolfo Terragno, que será jefe de
Gabinete, viene aceitando el diálogo con la Cancillería actual y están en vías de
lograr acuerdos para que otro país asile al golpista. Las opciones no han variado:
Venezuela, Panamá, Alemania y Bolivia son los destinos más negociables. Pero “si
antes hay un pedido de extradición de Paraguay, le daremos trámite judicial”, dijo
Gil Lavedra, a coro con el actual diputado y futuro ministro del Interior, Federico
Storani.
La alternativa de la vía judicial no sería la más satisfactoria ni para unos ni para
otros, ya que Oviedo se tendría que quedar en la Argentina hasta que el juez encargado
resuelva el asunto. Según fuentes aliancistas, y como alternativa extrema, si antes del
10 de diciembre no se logra acuerdo alguno ni llega otro pedido de extradición, el nuevo
gobierno le revocaría el derecho de asilo y lo deportaría automáticamente.
Ante esta tormenta, Página/12 pudo saber que uno de los abogados de Oviedo le hizo llegar
a la Estancia San Luis, donde vive actualmente en Tierra del Fuego, un dictamen acerca de
su situación en el que le sugiere que lo mejor para él es la retirada. El texto intenta
mostrarle su delicada posición frente al gobierno electo y ante un pedido de extradición
del Paraguay que, dice, es inminente aunque no se descarta que quede postergado para
después del cambio de mando. Explica que si, tal como anuncia De la Rúa, esa solicitud
llega a la Justicia, existen chances de que lo detengan y que entre apelaciones y más
trámites todo el proceso demore de uno a dos años, con él entre rejas.
Allegados al ex militar aseguran haber avanzado por su parte en conversaciones con otros
países –especialmente con Bolivia– que podrían asilarlo. Si el gobierno de
ése u otro país lo aceptan, Oviedo puede irse cuando quiera.
Aunque Menem terminó mandando a Oviedo a la Patagonia, pese a sus argumentos sobre el
perjuicio que podría causarle el frío a su implante capilar, nunca dejó de brindarle
una dosis de protección. El Presidente rechazó un primer pedido de extradición de
Paraguay y le perdonó todas las manifestaciones públicas de tono político al considerar
que no había violado las normas de asilo. Así es que, en el sur, el ex militar hasta
aventuró una suerte de campaña en la que se autopostulaba presidente del Paraguay y
anunció por radio que volvería a su país para “levantar al pueblo campesino
necesitado”.
Los gobernantes electos no están dispuestos a tolerar que este show continúe. Eso es
parte de lo que anunciaron ayer Gil Lavedra y Storani, después de que De la Rúa
presentara formalmente su futuro gabinete. Gil Lavedra, que integró la Cámara Federal
que juzgó a los jefes de la última dictadura militar, dijo que si el juez español
Baltasar Garzón gira un pedido de extradición contra militares argentinos, se le dará
intervención a la Justicia nacional. Y, en otro orden, en un arrebato de entusiasmo,
exclamó: “Se acabaron las operaciones especiales con la Justicia y se acabaron las
servilletas”.
| Fredy dixit Mientras se ubica en posición de largada para asumir la titularidad del
Ministerio de Interior, Federico Storani adelantó ayer que una de las primeras medidas
que adoptará será “convocar al Consejo de Seguridad Interior” para
“restituir la necesidad de amparar y proteger a la sociedad”. Después, dijo,
volverá “a darle a la Policía carácter de Policía Federal”, para que
“haya una policía nacional y una seguridad nacional”. En cuanto al perfil de
las futuras políticas sostuvo: “no es que las penas sean blandas, el tema es lograr
llegar con una prevención eficaz, evitar el delito antes que se cometa”. |
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