Por Laura Vales Los archivos secretos de la
policía bonaerense están a un paso de hacerse públicos luego de 23 años de silencio.
Son aquellos en los que quedaron registrados miles de seguimientos ilegales realizados
antes, durante y después de la dictadura, junto a los pedidos de zona liberada que
recibieron los hombres del general Ramón Camps para el secuestro o el asesinato, las
fotos y legajos de desaparecidos cuyo destino final sigue siendo desconocido y hasta
alguna transcripción de interrogatorios con toda la traza de haber sido arrancados bajo
tortura. El ministro de Justicia y Seguridad Bonaerense, Carlos Soria, mostró ayer a la
Comisión Provincial por la Verdad y a un grupo de periodistas los microfilms, ficheros y
carpetas de inteligencia que la Bonaerense acumuló entre principios de los 70 y 1997. Lo
que vieron fue una sorpresa para todos.
En el corazón del edificio donde funcionó la sede central de los servicios de
inteligencia de la Bonaerense, detrás de una puerta gris que simula ser un simple
armario, se esconde una sala que contiene cientos de miles de fichas de personas ordenadas
meticulosamente por orden alfabético. Hasta allí llegó, poco después del mediodía, un
grupo de la Comisión por la Verdad encabezados por Estela de Carlotto –de Abuelas de
Plaza de Mayo–, Adelina de Alaye –de Madres– y el diputado Alejandro
Mosquera. Alguien, casi a modo de prueba, abrió el fichero en la letra T. Ajada por el
tiempo, la ficha con datos de inteligencia sobre Jacobo Timerman estaba intacta. A un
costado los lomos de gruesas carpetas de madera terciada guardaban todavía la
inscripción “DS”, la sigla que los visitantes atinaron a traducir como
“delincuente subversivo”. Soria sacó al azar una carpeta del estante y la
abrió. “Son fotos de detenidos”, concluyó después de repasar las páginas que
mostraban tomas, de frente y perfil, de alguien que vivió alguna vez en la provincia de
Santa Fe.
Abrumados por la cantidad de documentación contenida en la sala, los visitantes
propusieron seguir el rastro de un nombre concreto para entender el sistema en que el
archivo fue organizado. Adelina de Alaye, mamá de Carlos, que desapareció en 1977, dio
el nombre de su hijo. Allí estaba su ficha: “Legajo 117, folio 16, mesa A”,
leyeron en ella. El parte incluía una fecha precisa, la del 15 de noviembre de 1973, día
en que el estudiante secundario, según la anotación de los servicios de inteligencia,
habría realizado alguna peligrosa actividad catalogada de subversiva.
“Ese día hubo una jornada de protesta en la escuela”, corroboró Adelina.
“Recuerdo que mi hijo bajó la escalera cantando la marcha peronista y junto a otros
chicos terminó amonestado y quedó fuera del colegio. Carlos y otro de sus compañeros
fueron, años después, desaparecidos.”
La mayor parte de los archivos de la Bonaerense fueron encontrados por el ex ministro de
Justicia y Seguridad León Arslanian en 1997, cuando disolvió el área de inteligencia de
la Bonaerense. El material contenido en esa sala del edificio de la calle 54 quedó tiempo
después a cargo de la Cámara Federal de La Plata, que investiga el destino final de más
de 2000 desaparecidos. Desde entonces, un grupo de especialistas del Equipo de
Antropología Forense trabaja en su clasificación y ya identificó y localizó los restos
de 124 desaparecidos. “Sabíamos que existían documentos, pero no que era algo tan
impresionante y en realidad muy pocos conocen lo que hay dentro de esas carpetas y
ficheros”, explicó ayer Estela de Carlotto. La Comisión por la Verdad que integra
la abuela de Plaza de Mayo quiere sistematizar toda la información para hacerla pública
y, sobre todo, hacer una copia de todo el material para ponerlo en un lugar seguro antes
de que Aldo Rico asuma como nuevo ministro de Seguridad. “Rico no es garantía de
nada, y nos preocupa qué pueda pasar con toda esta información una vez que un personaje
como él, que se levantó en Semana Santa para defender la impunidad de quienes violaron
los derechos humanos, quede a cargo de la policía”, dicen en la Comisión.
Además del archivo en el viejo edificio de inteligencia, existe un segundo depósito
–con microfilms– que funciona en el subsuelo del Ministerio de Justicia, antigua
sede de la jefatura de la policía bonaerense. Allí se guardan cintas con documentación
de la década del ’70 en adelante.
Ayer, Soria se comprometió a poner una custodia especial en los dos sitios. También
deberá resolver si autoriza a la Comisión a que se revisen otras dependencias policiales
en búsqueda de más archivos.
“De ahora en más, el camino a seguir es pedir a la Cámara Federal que nos autorice
a clasificar toda la información –dijo ayer Alejandro Mosquera–; esto abre una
línea de trabajo para conocer la verdad no solamente de lo que ocurrió durante la
dictadura, sino también en la época de la Maldita Policía”. Es que entre las
carpetas se encontraron dossiers del año ‘97. Uno de ellos, por ejemplo, referido a
Carlos “el Perro” Santillán y la organización de la Segunda Marcha Federal que
el sindicalista encabezó ese año. Como en otros casos, también esa información estaba
encabezada por la sigla “DS”.
Todo indica que la virtual apertura de los archivos de la represión, sostienen en la
Comisión, es una caja de Pandora con información que arranca a principios de los
’70, en el reinado de la triple A, y se extiende hasta el ’97, cuando la
Bonaerense era dirigida por Pedro Klodczyck. Un material que de ser analizado y
clasificado permitirá reconstruir una historia que excede en mucho a los negros años de
la dictadura militar.
Las
reacciones en los organismos |
Hebe de Bonafini *.
Hacer espamento con resguardar la documentación porque asume Rico es una
payasada. Lo peor que hacen es dejar que Rico haga política y, ahora, se rasgan las
vestiduras. Todo esto es una gran propaganda para la Alianza. No nos olvidemos que los
radicales firmaron la Obediencia Debida y el Punto Final. Esto es un blanqueamiento para
ellos y todos los culpables. Recién ahora dicen que encuentran las cosas que siempre
supimos, pero nunca van a encontrar a los culpables. Los archivos muestran dónde estaban
nuestros hijos, cómo los fichaban desde que estaban en la escuela, cómo los perseguían.
Eso ya lo sabemos, las Madres lo contamos desde hace 23 años. Nosotros no estamos de
acuerdo con los Juicios por la Verdad, queremos el castigo. Nos parece que la gente se
arrodilló ante los milicos y el poder. El interés de la Alianza y de los peronistas es
dar por muertos a los desaparecidos. A nuestro hijos no los vamos a dar por muertos.
* Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Enriqueta Maroni *.
Con Rico en el Ministerio de Seguridad no hay seguridad para nadie. Estamos
totalmente en contra de su asunción. Si no hubiese leyes de Obediencia Debida y de
impunidad él estaría condenado por su alzamiento. Gracias a esas leyes tenemos a un
Bussi, a un Patti, a un Rico. Es nuestro trabajo permanente pedir que se anulen las leyes
para llevarlos a juicio. Nosotras sabemos que todos los documentos sobre la represión
existen. Esto nos da la razón: los documentos no se han destruido.
* Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora.Sofia Caravelos *.
Si viene Rico es importante preservar todo, pero es así venga quien venga,
porque se trata de la política de Ruckauf en la provincia de Buenos Aires. Yo no podría
hacer una diferencia entre Rico y este gobierno porque, de todas formas, no se hace nada.
Esto es un reproche concreto a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. La Cámara
sólo acumula información porque el Juicio por la Verdad tiene un límite, que es no
juzgar a nadie. Toda esta documentación es la información de la Dirección de
Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) y ya estaba en poder la Cámara. Ese
lugar fue allanado hace 7 meses, se nombró un depositario judicial y desde ahí se
empezó a relevar información directamente a la Cámara.
* HIJOS La Plata.
Simon Lazara *.
Todo esto de la documentación comenzó con la gestión de Luis Lugones. Está
claro que la quema de documentación nunca existió en la policía. Está todo bien
guardadito y cuidado. El convenio que el gobierno firmó con la CIDH debería ser
implementado por el nuevo gobierno para una búsqueda sistemática, porque está claro que
hay información en muchos lados. El Gobierno se comprometió con el derecho a la verdad,
hay que instrumentarlo. Lo importante es que haya voluntad de buscar la información. Con
la asunción de Rico vamos a tener dificultades. Hay que preservar y resguardar toda la
documentación inmediatamente. Creo que lo más conveniente es dársela a la Cámara
Federal. A Rico le tenemos toda la desconfianza del mundo.
* Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. |
Como se fichaba a los secuestrados en La Escuelita
“Firmé y me sacaron una foto”
Por Victoria Ginzberg
Desde Bahía Blanca
“Un
día me hicieron afeitar, me higienizaron y me sacaron una foto. El que tomó la foto
estaba encapuchado”, aseguró Ricardo Mengatto. “Me hicieron firmar una
declaración en la que decía que yo era el líder de un atentado a una concesionaria de
autos. Estaba escrita a máquina en un papel blanco sin membrete. Me levantaron apenas la
venda para que firmara”, dijo Néstor Bambozzi. Los dos hombres, ex alumnos del la
Escuela Nacional Técnica Nº 1 de Bahía Blanca, estuvieron secuestrados en el centro
clandestino de esa ciudad conocido como La Escuelita y fueron los testigos de la tercera
jornada de audiencias en el juicio en el que se investiga lo sucedido con los
desaparecidos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército. Ambos dieron indicios más que
firmes de que los represores bahienses armaron un fichero y guardaban documentos
relacionados con los detenidos clandestinos.
“La elaboración de listas de detenidos era una práctica generalizada entre los
militares de la última dictadura. Exigimos que el Estado implemente los medios necesarios
para que la información llegue a los jueces”, aseguró ayer a Página/12 Mirtha
Mántaras, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y
Neuquén. Los dirigentes de la APDH local se esperanzaron con que, como en La Plata, se
encuentren documentos microfilmados. Tanto Mengatto y Bambozzi como sus ex compañeros de
secundaria que declararon ayer y el lunes ante la Cámara aseguraron que, antes de su
liberación, los represores les tomaron fotografías y les hicieron firmar una especie de
declaración. Estos papeles debieron formar parte de algún archivo de la represión
bahiense.
Mengatto y Bambozzi fueron secuestrados entre el 20 y el 21 de diciembre de 1976 y
liberados un mes más tarde. “Eramos plantas”, respondió el primero, cuando el
fiscal Hugo Omar Cañon le preguntó cómo transcurrían los días. “Todavía uno
tiene la sensación de la carne y el pelo quemado”, expresó luego con la voz
entrecortada. El testigo hizo un llamado al tribunal: “Espero que esto sirva para
algo y que tenga la suerte de concurrir a un juicio donde pueda ver al que me torturó.
Las preguntas siempre son para uno. Quisiera saber cuándo voy a preguntar yo”.
Mengatto también mencionó que su familia y otros padres de estudiantes del ENET hicieron
gestiones ante el entonces obispo de Bahía Blanca, Jorge Mayer, quien respondió que los
chicos “algo habrán hecho”.
Bambozzi describió que estuvo un día entero colgado en un tanque de agua. Tenía 19
años y acababa de terminar el sexto año de la escuela técnica cuando fue secuestrado.
“Todavía no fui a buscar el diploma. No entré otra vez al colegio”, reveló.
Las audiencias de este juicio se reanudarán el lunes que viene.
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