El gobierno saliente y el Senado están allanando el camino para disponer la rescisión del contrato de los ferrocarriles cargueros Urquiza y Buenos Aires al Pacífico, actualmente en manos de la brasileña América Latina Logística. Las líneas, que a principios de la década fueron adjudicadas al grupo Pescarmona, están paralizadas por un conflicto gremial a raíz del despido de más de 400 agentes, que se suma a las varias razones legales existentes para dar por caída la privatización. La definición es ahora eminentemente política y recaerá en manos de la Alianza, más reacia que el justicialismo a una determinación tan drástica. El tema amenaza originar un pleito con Brasil.
Poco antes de abandonar el poder, el justicialismo hizo gala de una dureza inusual con una empresa privatizada, arrastrando a la Alianza en esta embestida. A última hora de ayer, el Senado votó por unanimidad un proyecto de comunicación del entrerriano Alcides López pidiendo al Poder Ejecutivo que dé por caído el contrato de concesión del Ferrocarril Mesopotámico (que explota el Urquiza). Pero hasta media tarde –cuando el futuro ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, les dio el OK para oponerse– los legisladores de la Alianza dudaban si apoyar o no esa exigencia.
La diferencia de criterio entre justicialistas y aliancistas quedó expresada en la reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones que tuvo lugar temprano. El PJ anunció su intención de promover un dictamen aconsejando al Poder Ejecutivo rescindir el contrato de concesión del Urquiza que, junto al San Martín, fue vendido por Pescarmona a ALL, operador de trenes de carga en el sur de Brasil. Al final del día, los justicialistas habían recolectado seis de las siete firmas necesarias para un dictamen en mayoría, cuando López arremetió con el proyecto votado en el recinto.
Si bien el dictamen del PJ menciona específicamente al Urquiza, y recomienda dejar sin efecto el contrato de esta línea, en sus considerandos se alude a faltas comunes a todos los adjudicatarios de carga, que bien podrían ser causales de rescisión. Entre ellas, no haber abonado el canon al Estado, o haber ignorado el multimillonario plan de inversiones comprometido.
En la Bicameral la Alianza amagó oponerse. El senador frepasista Pedro del Piero advirtió a sus pares justicialistas que no podían arrojar esa brasa caliente a manos del futuro gobierno, ya que éste debería afrontar los costos políticos y, eventualmente, económicos de la rescisión. Hasta que llegó el aval de Gallo, Del Piero debatió junto al radical José María García Arecha cómo redactar un dictamen que obligara al PJ a asumir su responsabilidad por una privatización “mal hecha y mal controlada”, pero sin quedar a la derecha del partido gobernante, en una actitud muy benévola con la empresa concesionaria.
Economía le sacó ventaja a la Alianza, demostrando cierta dureza. El subsecretario de Transporte Terrestre, Gustavo Alvarez, instruyó por escrito a la Comisión Nacional Reguladora del Transporte que notifique a la empresa concesionaria del San Martín y el Urquiza que el Estado está en condición de disponer la rescisión sin costo. Razones no faltan.
ALL despidió unas 400 personas de la línea que llega a Mendoza, cuando el contrato de concesión obliga a garantizar la estabilidad del personal. Estas expulsiones motivaron una medida de fuerza que paralizó el servicio en ambas líneas. Pero, además, acumuló multas (todas recurridas) por más de 2 millones de pesos, superando el equivalente al 30 por ciento de la garantía de mantenimiento de contrato. Amén de que Economía no habría formalizado la aceptación del traspaso accionario desde Pescarmona al holding brasileño.
Pero el problema es más político que legal. “Si no hubiera un 10 de diciembre de por medio, rescindiríamos el contrato”, confió ayer unafuente de Transporte a este diario. La palabra quedará ahora en manos de Gallo y de Adalberto Rodríguez Giavarini, quien desde Relaciones Exteriores debería pilotear la crisis que se desatará con Brasil, si finalmente la privatización cayera.

MONTAMAT TRANQUILIZO A PETROLEROS
Continuidad asegurada

El futuro secretario de Energía, Daniel Montamat, aseguró ante una audiencia compuesta por representantes de las petroleras locales la continuidad de la actual política en el área. “Es un hecho histórico que la oposición dijera que, en caso de llegar al gobierno, iba a consolidar lo realizado en materia energética por la administración actual”, señaló en una jornada titulada “El desafío empresario”.
“No soy un naïf respecto del funcionamiento de los mercados, sé que no existe un mercado que esté funcionando en competencia perfecta, pero considero que las fallas no se solucionan con intervencionismo”, enfatizó.
Montamat recurrió a una frase del presidente electo, Fernando de la Rúa, para remarcar que “una salvaguardia contra cualquier visión reaccionaria respecto de los mercados pasa por corregir los problemas del mercado con más mercado”. Y ejemplificó señalando que, “si alguien tuviera la trasnochada idea de poner un tope a las exportaciones de gas natural para presuntamente preservar el recurso, no podría con ello garantizar una baja del precio del gas a nivel local”.
Sobre el controvertido tema del impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) en las naftas y el gasoil, Montamat sostuvo que “lo ideal sería reducir el ITC que actualmente grava a las naftas para acercarlo al nivel que tiene el que rige para el gasoil, pero esto depende de cómo evolucionen las negociaciones sobre la nueva ley de coparticipación”.
Entre quienes lo escucharon se contaban Ramón Blanco (Repsol/YPF), Oscar Vicente (Perez Companc), Adrián Peres (Pan American Energy), Marcelo Martínez Mosquera (Tecpetrol), y José Ranero Díaz (Astra).
Montamat, por otra parte, elogió la política implementada por el menemismo en el sector a través de tres decretos, sin haber votado en estos diez años una nueva Ley de HIdrocarburos. "Es preferible no tener ninguna ley a tener una mala", señaló.

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