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Los doce apóstoles, condenados
a pagar caro su intento de fuga

La banda que protagonizó el motín de Sierra Chica recibió penas de entre siete y diez años por intentar escapar de la cárcel de Caseros. A tres de sus miembros, la suma de condenas anteriores derivó en reclusión perpetua.

Enojo: “Con todo el respeto –se dirigió uno de los acusados a los jueces–, quiero decirle que ese fiscal le deje el lugar a otro porque es una porquería”.

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A Marcelo Brandán López, acusado como el jefe de los “doce apóstoles”, le cayeron diez años.
Los apóstoles son considerados como los presos más peligrosos desde el motín de Sierra Chica.


Por Cristian Alarcón

t.gif (862 bytes) El martillo del tribunal golpeó con extrema dureza en “los apóstoles de la muerte”, el mote que se ganaron 12 presos del penal de Sierra Chica en marzo del ‘96 cuando condujeron el motín más sangriento de la historia delincuencial argentina. Juzgados por un intento de fuga posterior, cuando ya estaban en la cárcel de Caseros, fueron condenados a entre siete y diez años de prisión, pero al sumárseles esa condena a las que ya cumplen –por delitos que van del robo a mano armada al homicidio– algunos alcanzaron la prisión o reclusión perpetua. Ayer, antes de la lectura de la sentencia, los acusados tuvieron oportunidad de hacer sus últimos descargos y todos decidieron romper el silencio absoluto que mantenían desde hacía más de tres años. Fue para declararse inocentes, atacar al fiscal por haberles solicitado altas penas y denunciar que lo que el Servicio Penitenciario consideró un motín fue “una trampa”. “Es una venganza del Servicio y por eso nos pegaron durante ocho horas patadas, palazos, fierrazos”, dijo Héctor Galarza, uno de los doce.
Los apóstoles son considerados algo así como los presos más peligrosos del país desde el motín de Sierra Chica, que terminó con el asesinato de ocho detenidos que habrían sido incinerados en el horno de pan del penal bonaerense (ver aparte). Por eso el operativo de seguridad en cada audiencia oral de este juicio que comenzó el 1º de noviembre no tiene antecedentes: en la sala de audiencias quedaba lugar para muy pocos periodistas sólo por la cantidad de guardias parados en cada rincón de la sala con chalecos antibalas y armas por doquier. Los apóstoles escucharon ayer la sentencia en un extremo de la sala, sentados en cuatro filas de sillas puestas en el rincón. Estaban tan rodeados de vigilancia que para los camaristas Enrique Mario Posse, Floreal de Laurentis y Enrique Alvarez Aldana, y para el fiscal Eduardo Marazzi era casi imposible verlos a pocos metros de distancia.
Los hechos por los que fueron condenados ocurrieron en la madrugada del 25 de mayo de 1996, un mes y medio después del motín de Sierra Chica. Once de los apóstoles ocupaban el pabellón 14 de Caseros. El capanga del grupo, Marcelo Brandán López, un hombre considerado por el Servicio Penitenciario como alguien sin control, incapaz de medir las consecuencias de sus actos, estaba en una celda de castigo. Los presos tomaron el pabellón 15 y con dos guardias de rehenes lograron que lo devolvieran al pabellón. Seis horas después, el Servicio Penitenciario Federal reprimió y a los tiros aplacó la revuelta. En ese punto, o sea en lo ocurrido apenas terminó el motín, es cuando varios de los apóstoles señalaron ayer que fueron golpeados por los guardias. “El 25 de mayo fuimos llevados a una trampa mortal”, dijo Jaime Pérez Sosa, sentenciado por el tribunal a siete años, uno de los tres apóstoles a quienes las sanciones se les unificaron en la pena de prisión perpetua por otras condenas anteriores por homicidios.
En la misma situación quedaron Jorge Alberto Pedraza y Héctor Cóccaro Retamar. Pedraza le dijo al tribunal que “esta causa está armada como la de la superbanda” (en alusión al “Gordo” Valor y su gente) y se quejó porque hace un año están detenidos en el penal de Melchor Romero donde sólo pueden recibir visitas a través de un vidrio blindado. Cóccaro fue más belicoso. “Con todo el respeto –se dirigió a los jueces–, quiero decirle que ese fiscal le deje el lugar a otro porque es una porquería”. Galarza denunció con detalles los golpes de los guardias. “Nos humillaron a más no poder. Nos tuvieron desnudos pegándonos con fierros. Venía un médico... Nos decían ‘no nos importa lo que hicieron acá sino lo de Sierra Chica’. No sé cómo quedamos vivos.”
Los demás, a su turno, se declararon inocentes y recordaron que fueron “aconsejados para aceptar un juicio abreviado y una condena de tres años pero preferimos el juicio para poder demostrar que somos inocentes”. Finalmente, las condenas que recibieron mantendrá a la mayoría durante muchos años más en la cárcel. La sumatoria de ésta y las anteriores significan 25 años para Brandán López, 23 para Carlos Gorosito Ibáñez, 21para Cristian Vilaseco Quiroga y Carlos Villalba Mazzei, 17 para Oscar Olivera Sánchez, 15 para Héctor Galarza. Sólo Víctor Esquivel, Marcelo González Pérez y Miguel Angel Acevedo quedaron condenados a entre 7 y 10 años.
Cuando el juicio terminó, afuera de los tribunales esperaban varias mujeres, espiando entre los brazos y las armas de los guardias que llenaban toda la vereda formando un cordón hasta las combis donde los trasladaron. Ellas fueron casi el único público del juicio. “Estuve en tantas cárceles desde que cayó a los 19 por homicidio”, contó Nidia Pérez Sosa, la madre de uno de los condenados a perpetua. “Ese es mi chico”, señaló cuando pasó tras los guardias y estiró la mano hacia una pequeña reja tratando de tocarlo antes de que se lo llevaran.

 

El proceso aún pendiente

En la historia de los motines carcelarios hay un antes y un después de Sierra Chica. La rebelión de presos que comenzó el sábado 30 de marzo de 1996 y duró hasta el domingo de Pascuas, ocho días después, logró extenderse a todos los penales de la provincia de Buenos Aires y la mayoría en el resto del país. Pero lo peor ocurría en Sierra Chica, en el peor de los peores penales. De las chimeneas de la cárcel comenzó a salir un olor pestilente: ocho presos habían sido víctimas de las internas entre bandas y habían terminado en el horno de pan del penal. Uno de los presos que ayer fue condenado, según lo que los testigos contaron en este juicio, lleva desde entonces un apodo más terrible que el de apóstol de la muerte. Le dicen “El Panadero”.
Ardían Batán, Olavarría, Azul, Olmos, Bahía Blanca, General Roca, Neuquén. El gobierno de Eduardo Duhalde declaraba en crisis el sistema penitenciario –situación que empeoró las cosas– y en las manos de los doce apóstoles había 17 rehenes. Eran 13 guardiacárceles, la jueza que intentó mediar, María Mercedes Malere; su secretario, Héctor Torrens, y dos pastores evangélicos. Por aquel motín, los doce apóstoles juzgados ayer serán nuevamente sometidos a juicio, junto a otra docena de presos. Ese es el proceso pendiente. Sería en marzo y aún no se decidió el lugar. Buscan un sitio que ofrezca especiales condiciones de seguridad.

 

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