Por Maximiliano Montenegro En la Alianza tienen en la
mira varias partidas presupuestarias que, sorpresivamente, el menemismo incluyó en el
dictamen del Presupuesto 2000 votado la semana pasada. Por ejemplo, el artículo 4
establece un subsidio de 41 millones de pesos a cargo del Tesoro Nacional para la Unión
Obrera Metalúrgica. O, el artículo 63 nombra como planta permanente de la Cancillería a
casi mil funcionarios, mientras que en otras áreas de la administración se prevén
despidos y retiros voluntarios. Sin embargo, después de mucho escarbar en el Presupuesto,
José Luis Machinea está convencido de que el grueso del apretón fiscal vendrá por el
lado de los impuestos, porque no es mucho más lo que se puede avanzar hoy en el recorte
del gasto público sin pagar un alto costo político. Así, el ajuste será 90 por ciento
impuestos y sólo 10 por ciento poda en el gasto.
Las cuentas que manejan en el equipo económico aliancistas dicen que, aun en el caso de
una negociación favorable con los gobernadores, habrá que cubrir un agujero de 2000
millones de dólares para alcanzar la meta de déficit de 4500 millones fijada para el
año próximo.
De esos 2000 millones, sólo 200 millones se conseguirán gracias a la tijera sobre el
gasto público. El resto, unos 1800 millones de pesos, debería colectarlo el paquete
tributario actualmente bajo estudio. La negociación con los gobernadores es clave, porque
la Alianza quiere fijarle un techo a la transferencia de recursos a las provincias,
después del cual los fondos recaudados por la Nación quedarían en poder del Tesoro y no
deberían ser compartidos con las administraciones del interior (ver nota aparte). De esa
manera, el paquete impositivo rendiría más a la Nación.
La base de dicho paquete ya está definida: incluye la generalización del IVA (excluyendo
medios, publicidad y educación); la eliminación de exenciones en Ganancias (sin alcanzar
plazos fijos ni rentas financieras en general), la suba al 1 por ciento del impuesto a los
Bienes Personales y el aumento de alícuotas de “Impuestos Internos” a los
consumos no esenciales (bebidas alcohólicas, artículos suntuarios, perfumes,
cigarrillos, etc.). Sólo quedaría por decidir si se reduce el mínimo no imponible de
Ganancias, una medida que afectaría a la clase media y media baja, o si se aplica una
cuota extraordinaria de este mismo impuestos a los ingresos más altos.
¿Por qué, después de tantos amagues, el recorte de gasto público que planea la Alianza
sería sólo de 200 millones de pesos? La primera respuesta es que los técnicos de
Machinea comprobaron que gran parte del gasto es “rígido”, al menos, mientras
el presidente electo Fernando de la Rúa no quiera que guadaña hiera más de la cuenta y
cree un conflicto político de magnitud.
De los 48.175 millones de pesos que figuran en el proyecto de Presupuesto 2000 que hoy se
está discutiendo en el Congreso, 21.500 millones corresponden al pago de jubilaciones y
pensiones de la ANSéS; otros 9700 millones son intereses de la deuda; y 6600 millones se
van en salarios. El 20 por ciento restante, supuestamente “flexible”, del
Presupuesto, en realidad no lo es, ya que son los recursos mínimos para financiar gastos
operativos en Seguridad, Defensa, Justicia, Salud, Acción Social y Educación, entre
otras áreas.
La segunda explicación de por qué la tijera de la Alianza se quedó sin filo es que
Roque Fernández ya la utilizó con entusiasmo. Cuando envió el proyecto de presupuesto
en setiembre, propuso una quita de 1800 millones en partidas diversas: fondos específicos
para las provincias (incluido el Fonavi), gastos reservados, aportes del Tesoro Nacional,
congelamiento de vacantes y hasta despidos. Luego, dada la reacción de los gobernadores,
se restituyeron los fondos específicos. Y, hoy, en la Alianza calculan que el ajuste de
Roque significará, en limpio, un achique del gasto de 500 millones, que ya están
contemplados en las cuentas de Machinea mencionadas más arriba.
Así y todo, el último dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados,
presidida por el justicialista Oscar Lamberto, contiene partidas de gasto, por lo menos
llamativas, que revelan también que la rigidez del gasto público está dada por la
propia negociación política entre la Alianza y los diputados y gobernadores todavía
oficialistas.
 El subsidio de
41 millones que debería entregarle el Estado el año próximo a la obra social de la UOM,
que conduce Lorenzo Miguel, es polémico. Y en estas horas es motivo de negociación
política entre el futuro ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, Machinea y los
diputados sindicales.
También
figuran los 250 millones que, como publicó Página/12 la semana pasada, pretende
asegurarse La Rioja para el año próximo.
Además,
mientras se pautan 300 millones de pesos para pagar (entre 15 mil y 20 mil) retiros
voluntarios durante los próximos dos años, se quiere incorporar como planta permanente
en la Cancillería a 955 funcionarios, una medida que condicionaría la gestión de
Adalberto Rodríguez Giavarini, flamante ministro de Relaciones Exteriores delarruista.
Aunque parezca
casi decorativo frente a semejantes cifras, Juan José Llach también encontrará un
regalito de Educación: el artículo 4 del proyecto fija una partida de 50 mil pesos para
la edición, bajo la órbita de ese ministerio, de las obras completas de Domingo Faustino
Sarmiento (ver cuadro).
La ecuación es sencilla. Cuanto más se avance en la poda de rubros de estas
características, menor será el golpe al bolsillo de los contribuyentes.
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