Por Claudio Zlotnik La Alianza y los gobernadores
justicialistas volvieron a fracasar en el intento de acordar la distribución de fondos
para el próximo año. Ayer fue el propio presidente electo, Fernando de la Rúa, quien
buscó convencer a los mandatarios de las seis provincias más díscolas de cerrar un
pacto fiscal para el año 2000. De acuerdo con la visión de los gobernadores, la
propuesta de la Alianza los deja afuera de un eventual aumento de la recaudación. José
Luis Machinea ya había amenazado que sin el acuerdo con las provincias deberá echar mano
a un paquetazo impositivo para poder cumplir con la Ley de Convertibilidad Fiscal.
En la extensa reunión de dos horas realizada en el Palacio Municipal, De la Rúa estuvo
acompañado por los ministros designados José Luis Machinea y Federico Storani, además
de Guillermo Rozenwurcel (estará a cargo de la relación con las provincias desde
Economía) y el senador pampeano Antonio Berhongaray. Por el lado de los gobernadores,
asistieron Juan Carlos Romero (Salta), Julio Miranda (Tucumán), Eduardo Fellner (Jujuy),
Gildo Insfrán (Formosa), Ramón Puerta (Misiones) y Carlos Juárez (Santiago del Estero).
Síntoma del desacuerdo, al término del encuentro cada equipo brindó una conferencia de
prensa por separado. Fue muy positiva, definió primero Romero y después
Storani al enfrentar a la prensa. Pero lo cierto es que ésa fue una de las pocas
coincidencias que tuvieron para mostrar los futuros funcionarios y los mandatarios. Sin el
acuerdo, De la Rúa prefirió volver a su despacho antes de ensayar comentarios públicos.
A la reunión, los mandatarios llegaron a las seis en punto, tal cual lo acordado. Hasta
ese momento habían compartido un cónclave íntimo en la Casa de Salta, al que se
plegaron Néstor Kirchner (Santa Cruz) y Carlos Manfredotti (Tierra del Fuego). Allí
coincidieron en defender, ante el propio De la Rúa, lo que ellos consideran lo más
justo: no resignar ni un solo peso de los fondos que percibieron, en promedio, en los
últimos dos años y rechazar cualquier monto fijo que la Alianza les proponga en concepto
de coparticipación impositiva. Y, en una demostración de fuerzas, decidieron negociar de
aquí en más en forma autónoma, como un sub-bloque de diez provincias (se sumarán San
Luis y La Pampa) dentro de los estados administrados por el justicialismo.
El dato no es menor: la decena de provincias más chicas se juntan para evitar ser
víctimas de la conveniencia de las más grandes, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Pero, además, es la primera señal de que se consolida un bloque de oposición al futuro
gobierno, aun antes de que éste asuma.
Este año fuimos socios de la Nación en las malas. Pero también queremos ser
socios en las buenas. Compartamos los beneficios, le comentó a este diario el
gobernador salteño, Juan Carlos Romero. Según los gobernadores, la recaudación
tributaria del 2000 será superior a la de este año en virtud de una mayor actividad
económica y del paquete impositivo que impulsará el nuevo gobierno. Y quieren que De la
Rúa los participe de esa mejora.
Al contrario, en su oferta, la Alianza respeta los fondos específicos que perciben las
provincias. Y ofrece promediar en una suma fija mensual los ingresos del 98
que fueron mayores a los del año corriente con los del 99. Con esos
fondos en la mano unos 1300 millones de pesos mensuales, las provincias no
tendrían derecho a reclamar más dinero aun cuando se incremente la recaudación. Y en
ese caso, según Machinea, el ajuste fiscal sería más suave. Ni siquiera quisimos
escuchar una cifra. Esa discusión debe darse en el marco de un pacto fiscal en el
Congreso, le dijo Romero a Página/12.
Para seducir a los mandatarios de las provincias más chicas, Machinea planteó durante la
reunión que esa suma fija mensual podría otorgarse sólo durante el año 2000. Y, a
partir del 2001, se iría hacia un nuevo régimen de coparticipación. Pero los
mandatarios se negaron. Ni siquiera los convenció la posibilidad de que el próximo
gobierno los ayude a refinanciar las deudas. A cambio, los gobernadores le prometieron a
De la Rúa votar afirmativamente el Presupuesto 2000, aun con las modificaciones que
quiera introducirle Machinea. Acordar un compromiso fiscal con las provincias va a
llevar tiempo, admitió el futuro titular de Hacienda durante la conferencia de
prensa.
Al mismo tiempo que se negaron a los pedidos de De la Rúa, los gobernadores insinuaron
reclamos: quieren que los planes sociales no queden exclusivamente en manos del poder
central para administrarlos ellos mismos, lo mismo que ya sucede con la salud y la
educación. Al mismo tiempo, se comprometieron a acogerse a una convertibilidad fiscal en
cada provincia para poner en línea las cuentas públicas.
A dos semanas de asumir la presidencia, De la Rúa ya tiene que resolver una encrucijada
con el justicialismo. La próxima semana volverá a encontrarse con los gobernadores,
sabiendo que de ese acuerdo dependen los primeros pasos de su mandato.
Un reto más antes de irse Roque Fernández no se salvó de los retos de Carlos Menem, aun cuando la de
ayer se trató de la antepenúltima reunión de gabinete de la gestión menemista.
Lamento que mis propios funcionarios no hayan sido capaces de defender mi gestión
ante los ataques de la oposición, se quejó con amargura el jefe de Estado
dirigiendo su mirada al titular de Economía.
No puede ser que los políticos opositores puedan criticar la manera en que dejamos
el país sin que nadie les diga nada, prosiguió. El enojo de Menem con su ministro
de Economía ya lleva tiempo. Más precisamente, desde que Roque Fernández se negó
sistemáticamente a dar los avales para que se construya el Canal Federal. La tensión
entre ambos llegó a su pico máximo hace poco más de un mes, cuando el titular de
Hacienda amagó con un portazo, al enterarse de que Menem le estaba buscando reemplazante.
Con el reto presidencial, en la quinta de Olivos se hizo un espeso silencio. Ningún
funcionario se animaba a arrimar bocado. Hasta que el propio Menem decidió cambiar a otro
tema que lo preocupaba: la elección de intendente en Río Cuarto del domingo. |
LOS ECONOMISTAS EN EL GABINETE
La ortodoxia avala
Con
diferencias apenas de matices, los economistas ortodoxos y los habituales consultores de
grandes empresas elogiaron la conformación del nuevo gabinete nacional, en el que se
destacan por su número los que provienen de su misma profesión. Los economistas
invertimos mucho tiempo en investigar cuestiones de la administración pública, y por eso
tal vez contamos con algunas ventajas, justificó Daniel Artana, de FIEL. El
presidente Fernando de la Rúa quiere tranquilizar a los ahorristas, fue la
explicación que halló Roberto Alemann, ministro en la última dictadura.
Artana consideró que lo que Argentina necesita con más urgencia es lograr un equilibrio
en sus cuentas y mayor eficiencia en el gasto. La trayectoria de toda esta gente
(por los cuatro economistas que integrarán el elenco ministerial) ha seguido pautas que
apuntan en este sentido. Pero tampoco se mostró sorprendido por la diversidad de
áreas en las que cumplirán funciones sus pares de profesión (Cancillería, Defensa y
Educación). En otros países también hay economistas que trabajan en áreas que
exceden su marco profesional. En Argentina todavía no estamos acostumbrados a eso,
señaló.
José Luis Espert, de la consultora Econométrica, fue el único que desentonó, al
sostener que la presencia de economistas demuestra la gravedad de la crisis que
soporta la Argentina. Sobre todo, el que va a estar en Economía (José Luis Machinea)
tiene un pasado dudoso y es bueno que esté apuntalado por otros profesionales del
área.
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