Estaban
Amalia Lacroze de Fortabat, Roberto Rocca, Enrique Pescarmona y Aldo Roggio, cabezas de
cuatro de los grupos económicos nacionales más poderosos. También participaron Hugo
DAlessandro, de Arcor, y Jorge Aguado, del grupo Macri. Y los presidentes de la
Unión Industrial Argentina, Osvaldo Rial; de la Cámara de la Construcción, Eduardo
Baglieto, y de Confederaciones Rurales, Juan Bautista Corea. Fue en el encuentro que el
Grupo Productivo, en el que confluyen aquellas cámaras empresarias, mantuvo ayer con
Fernando de la Rúa. La presencia de los empresarios que se mencionan en las primeras
líneas fue un evidente espaldarazo al GP, una de las vertientes en que quedó dividido el
Grupo de los Ocho.
En los 90, el sector empresario se relacionó formalmente con el poder político a
través del G-8, integrado por las cámaras que representan los intereses del sector
financiero y de la producción. Sin embargo, el final del gobierno menemista coincide con
la fractura de ese bloque, y con la llegada de De la Rúa al poder se abre una nueva
experiencia. Por un lado, quedaron los sectores más beneficiados con la política
económica menemista: banqueros, inversores bursátiles y grandes comerciantes. Por el
otro, industriales, ruralistas y constructores, quienes, en los hechos, se vieron
relegados en la defensa de sus intereses por el otro sector, auténtico conductor del G-8.
El país requiere una estrategia económica que posibilite articular las
transformaciones estructurales de los 90, con un modelo de desarrollo de largo plazo
que privilegie la producción, destaca el documento que el GP le entregó al
presidente electo.
Sin políticas que estimulen la producción y la generación de valor agregado
local, nuestro país no genera condiciones para integrar a sus 35 millones de habitantes
al mercado de consumo y trabajo, ni permite el desarrollo de sus economías
regionales, destaca otro párrafo del documento. Asimismo, señala que se requiere
de un sector financiero que pueda brindar tasas de interés consistentes con el
rendimiento normal de los negocios, en un directo cuestionamiento a los bancos. En
referencia a las privatizadas, sostiene que se debe incentivar los mecanismos que
amplíen la competencia y la transparencia en el accionar de las empresas de servicios
públicas privatizadas. En su parte final, el documento enumera una serie de
sugerencias que los dirigentes fabriles, del agro y la construcción hacen al futuro
gobierno. Algunas de ellas son las siguientes:
Potenciar el
rol de los bancos oficiales en el financiamiento de las pymes y de las economías
regionales.
Bonificar las
tasas de interés de las pymes.
Modificar
normas innecesariamente rígidas del Banco Central, que afectan fundamentalmente la
asistencia crediticia a las pymes.
Avanzar en la
eliminación de cargas sociales para los sectores productivos.
Adecuar la
legislación laboral y de obras sociales acorde con un país moderno y en crecimiento.
Eliminar el
impuesto a la ganancia mínima presunta y al costo financiero.
Permitir la
utilización de créditos fiscales acumulados para compensar otras obligaciones
impositivas y previsionales.
Establecer un
plan de facilidades de pago de deudas fiscales.
Dotar de mayor
eficiencia a los entes reguladores de servicios públicos privatizados.
Impedir los
comportamientos monopólicos de las cadenas comerciales.
Revisar (hacia
arriba) el Arancel Externo Común del Mercosur.
Reformular el
funcionamiento de la Aduana para combatir más eficientemente el contrabando y la
subfacturación.
De la Rúa nos eligió para tener su primer encuentro con un nucleamiento empresario
desde que ganó las elecciones, señaló a este diario un dirigente de la UIA.
Es una señal política, añadió. Rial, Baglieto y Corea destacaron luego en
conferencia de prensa que fue una reunión excelente, de tono conceptual, más que
específico sobre la aplicación de determinadas medidas. De la Rúa coincidió plenamente
con el tono del documento.
Pero la realización del encuentro permite otra lectura, más allá de la entusiasta que
hicieron los miembros del GP. En su gabinete, De la Rúa incluyó a uno de los economistas
ortodoxos que más fielmente transmite el pensamiento del establishment financiero:
Ricardo López Murphy. Y también está el cavallista Juan José Llach.
Capacitación La Unión Industrial demandó ayer que los legisladores reestablezcan en el
Presupuesto del 2000 las partidas para los organismos de capacitación. A través de un
comunicado, la entidad fabril destacó que durante este año los fondos para capacitación
administrados por la Secretaría PyME, el Instituto Nacional de Educación Técnica y el
Ministerio de Trabajo posibilitaron actualizar las competencias y empleabilidad de
operarios y técnicos. Un trabajo conjunto entre escuelas y empresas en proyectos de
formación. Y el acceso a capacitación de las pymes, que son multiplicadoras de
empleo. Finalmente, la UIA señaló que somos conscientes de las restricciones
presupuestarias, pero en este caso se debe prestar atención al efecto multiplicador y al
alto retorno de esta inversión en la educación. |
|