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Por Irina Hauser "Ahora los jueces van a tener la oportunidad de ser independientes". Ricardo Gil Lavedra, de 50 años, ministro de Justicia entrante, cree que esa fórmula puede cambiar el perfil de la Justicia adicta al poder político y carente de credibilidad. La composición de la Corte Suprema, dice, sólo cambiará "por los modos naturales". No habrá protección para ningún funcionario, pero tampoco caza de brujas. A Oviedo, ya dijo, le están buscando otro país. Y ve como "una pretensión difícil" la extradición de militares argentinos que tienen procesos abiertos en el país. Gil Lavedra, que integró la Cámara Federal que juzgó a los jefes de la última dictadura militar, cuenta que es muy amigo de Storani y que le cae bien el gabinete. --Usted dijo el miércoles que "se acabaron las servilletas". ¿Piensa echar a los jueces federales leales a Carlos Menem? --Lo de la servilleta es símbolo de la injerencia del poder político en la Justicia. Nos proponemos lo contrario. Respetar la Constitución, no influir en las decisiones de los jueces, respetar su independencia. --Pero independencia judicial es lo que no hay. ¿Cómo cambiar eso? --Ahora los jueces van a tener la oportunidad de ser independientes, el nuevo poder político los va a dejar actuar con toda libertad. Por otro lado están abiertos todos los mecanismos constitucionales que no corresponden al poder político sino a la ciudadanía para controlar a sus jueces. Para el que tenga denuncias, estarán las puertas abiertas. --Entonces no cambiará la composición del Poder Judicial sino su perfil. --La novedad va a ser un gobierno totalmente respetuoso de las leyes. Ha sido una constante que los gobiernos cuando asumen traten de tener justicia a su medida. Pero que sigan los mismos jueces o no no depende de nosotros. Ellos han sido designados constitucionalmente y mantendrán su cargo en tanto no se aparten voluntariamente ni sean enjuiciados. --¿La composición de la Corte también va a seguir igual, pese a los cuestionamientos? --La Corte va a cambiar por los modos naturales. O sea, si algún juez decide renunciar, o si alguno es removido por juicio político. --A mediados de este año el Congreso acumulaba una veintena de pedidos de juicio político contra integrantes de la Corte. --El juicio político depende de las mayorías parlamentarias y sabemos que la Alianza no tiene mayoría en el Senado. En consecuencia, no sé si cabe especular en tal sentido. Veamos cómo se van dando los acontecimientos. --¿Qué causas judiciales en trámite le preocupan? --Estoy preocupado por las causas que puedan aumentar el desequilibrio fiscal, que tengan impacto económico serio. Por ejemplo, que puedan sucederse episodios como la decisión de la Corte de otorgar los retiros militares (que implican unos 4000 millones de pesos). En otro orden, la de AMIA es una causa importante. Hay que impulsar que llegue a juicio oral. --¿Sugeriría un indulto para rectificar sentencias injustas? --No. --¿No le parece llamativo, por ejemplo, el record de fallos contra periodistas de los últimos años? --Muchos están en trámite con recursos en la Corte. Pero hay otras iniciativas que apoyamos a raíz de la presentación en la Corte Interamericana de la Asociación Periodistas. Queremos llevar al derecho positivo el standard de la real malicia. Hay un proyecto suscripto en el Senado por José Genoud (Alianza) y Jorge Yoma (PJ). --¿A qué atribuye este cuestionamiento a la prensa? --A la intolerancia, al no entender cuál es la verdadera tarea de la prensa en una sociedad democrática. Los funcionarios deben estar expuestos al control. Claro que espero opinar lo mismo dentro de un tiempo (risas). --¿Menem debe ser juzgado por enriquecimiento ilícito? --No debe haber impunidad para nadie. No vamos a proteger a nadie, pero tampoco vamos a iniciar ninguna caza de brujas. --¿Cómo funcionará la oficina anticorrupción que recibirá denuncias? --Habrá planes concretos de control de corrupción. Y va a realizar investigaciones y seguimiento de las denuncias. Pondrá especial atención en el enriquecimiento de funcionarios. Va a exigir no sólo la declaración jurada de los funcionarios que ingresan, sino también de los que salen. --¿Debe cambiar algo en el Consejo de la Magistratura? --De él dependen el ingreso y salida de los jueces. Se demoró, pero ha comenzado a ponerse en marcha. Va a ser muy importante cuando los primeros meses del año eleve las primeras ternas de jueces no elegidos a dedo. --Pero ha habido críticas concretas, tales como que el jurado de enjuiciamiento a cargo de los juicios políticos no debería ser permanente ya que no trabaja todo el tiempo, o que habría que esclarecer las competencias con respecto de la Corte. --¡Cómo no van a estar claras las competencias! --Pero la Corte quiso quedarse con expedientes. --Entonces la Corte no leyó la Constitución. Las facultades disciplinarias son del Consejo. Lo que creo sobre el jury es que sólo debería constituirse para cada caso. Ahora es un dispendio de gastos importante en un momento en que Argentina tiene que cuidar el mango. En un tiempo el Consejo tendrá que recoger la experiencia para adecuar la ley. --¿Va a pedir más presupuesto para el Poder Judicial? --En un momento de dramática situación presupuestaria y con un déficit fiscal de por lo menos 7800 millones, es impensable pedir un aumento de partida para la Justicia. Con la existente, que ronda los 650 millones, es factible un diseño diferente de la Justicia para hacerla más eficaz. Se va a iniciar una reforma para que la Justicia llegue a todos lo que no llega. --Entonces no va a haber aumento de sueldo. --No está previsto. Empleados y magistrados tienen una paga suficiente. --¿Cuáles van a ser las primeras medidas? --Habrá medidas para hacer más eficaz la aplicación de la ley penal, sin modificar las penas. Vamos a tender soluciones de emergencia para sectores de la Justicia que están en colapso como la correccional y la de instrucción penal. Junto con el Ministerio de Interior se va a aplicar un plan nacional de política criminal que articule el sistema penal con las políticas sociales. Se pondrá en funcionamiento la fiscalía de la transparencia o contra la corrupción. Se propiciará la sanción de un régimen penal juvenil. Y crearemos la ley de acceso a la información para que cualquier particular pueda obtener información sobre áreas del Estado. --Si el juez español Baltasar Garzón gira un pedido de extradición contra militares argentinos, ¿accederán? --Nos vamos a sujetar al tratado de extradición. Pero no es el Ejecutivo el que decide sino los jueces. --¿Y cuál es la probabilidad de que se concrete la extradición? --Creo que el principio destinado a que los crímenes que hieren la conciencia universal puedan ser perseguidos con legislación de cualquier Estado es sano. Pero también creo que es una pretensión difícil que un juez extranjero, aplicando la ley extranjera, quiera requerir a ciudadanos de otro país por delitos cometidos en ese país en el que todavía se encuentran con procesos abiertos. El pedido no encuentra sustento. --¿Cómo fue que De la Rúa le propuso ser ministro? --Antes de las elecciones me pidió que lo acompañara, aunque el lugar no estaba claro. No es que yo persiguiera ser ministro, pero es un honor. Es una decisión delicada, voy a retirarme del ejercicio de la profesión. --¿Tiene relación personal con el resto de los ministros? --Con muchos. Con Federico Storani somos amigos. Tengo muy buenas relaciones con Terragno, Machinea, con Gallo, a Graciela también la conozco mucho. Conozco poco a Llach, a López Murphy y Flamarique. --¿Qué le parece la conformación del equipo de ministros? --Me parece un buen grupo. Pese a este perfil de economistas del que hablan, cada uno tiene su función específica y es gente apta para su rol.
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