Para evitar
declarar en un juicio por la verdad, el ex juez Puga dijo que los presos del Proceso
“tuvieron defensor”.
La jueza federal de Córdoba, Cristina
Garzón de Lascano, que citó al ex juezMiguel Angel Puga.
Para el ex magistrado de ladictadura, en su caso “no hubo desaparecidos porque
seentregaron los cadáveres”.
Por Mónica E. Gutiérrez Desde Córdoba
“Se respetaron los principios atinentes al debido proceso, defensa en juicio y
prueba, contando cada imputado con su defensor.” La particular versión de lo
acontecido con los presos políticos en los primeros años de la dictadura militar más
sangrienta que vivió nuestro país pertenece a un ex juez que la sirvió, Miguel Angel
Puga. El ex juez solicitó a la jueza federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, no
declarar en el marco de la causa por la que se investiga la verdad histórica. Puga
presentó un escrito donde reivindica el golpe militar del ‘76 y defiende la
actuación de la Justicia en aquellos años. La magistrada estudia el pedido para
determinar si exime o no a los jueces federales de testimoniar con relación a 30
asesinatos perpetrados en la Unidad Penitenciaria 1, bajo la simulación de fugas, entre
abril y octubre de 1976.Puga estuvo a cargo del juzgado federal Nº 2 desde el 5 de
octubre de ese año, pero ya desde abril de 1975 se desempeñó como su secretario de
primera instancia. La mayoría de las víctimas de lo que se conoce como las masacres de
la cárcel de Barrio San Martín, que funcionaba como centro clandestino de detención,
estaban a disposición de la Justicia federal. Garzón de Lascano había citado a Puga y a
Miguel Rodríguez Villafañe, quien fue magistrado en los primeros años del retorno de la
democracia. “Nuestro país comenzó a sufrir un espiral de violencia fratricida (sic)
donde tanto la extrema izquierda como la extrema derecha provocaron atentados terroristas
(...) que produjeron una desestabilización de las instituciones hasta arribar a un estado
de virtual anarquía; en esas condiciones se produjo el levantamiento militar”,
afirma el ex magistrado en su presentación. Puga también alude al papel de la Justicia,
al asegurar que “en ese marco institucional coexistía un poder de facto y un Poder
Judicial que, como tal, debía someterse al deber de legalidad impuesto por la
legitimación revolucionaria de excepción, a fin de administrar justicia. Sea como fuere
se respetaron los principios atinentes al debido proceso, defensa en juicio y prueba,
contando cada imputado con su defensor y el beneficio de la doble o ulterior
instancia”.Puga sostiene que es “absurda” su situación porque “todos
los argentinos que estuvimos en nuestro país en aquellos años fuimos testigos, sin
perjuicio de las funciones desempeñadas”. En lo que llama incompatibilidad para
prestar testimonio por su condición de ex juez, Puga le dice a la jueza que “no
puede ni debe citar como testigos a ex magistrados o ex funcionarios judiciales por la
sencilla razón de que estaban obligados a actuar conforme a la legalidad vigente. Como
usted sabe y le consta, de hecho y de derecho, no podían ni debían ocultar ni
puntualizar más de lo que conocían en las causas judiciales”. El abogado
querellante, Rubén Arroyo, calificó de “ridículas” las justificaciones de
Puga y afirmó que “después de leer ese escrito se le podría quitar la jubilación
como juez”. Entre los hechos sobre los cuales debería responder, Puga dictó en 1976
una extinción sobre la acción penal por muerte de José René Moukarzel, un médico
santiagueño preso en la cárcel de Barrio San Martín a quien varios testigos vieron
sufrir tormentos a manos del entonces teniente del Tercer Cuerpo Gustavo Alsina. Después
de que Moukarzel fuera estaqueado desnudo en el patio del penal, fue torturado, golpeado y
bañado con agua helada, hasta que murió de un paro cardiorrespiratorio. El ex juez tuvo
a su disposición a por lo menos otras cuatro de las víctimas de las masacres. Puga se
explayó lo suficiente en su escrito como para darse el lujo de tratar con ironía la
investigación por violaciones a los derechos humanos, al aludir reiteradamente a
“este proceso singular de la verdad histórica”. Por otra parte, acusó al
juzgado de haberse excedido investigando los crímenes de la Penitenciaría: “el
tribunal ha desbordado notoriamente el ámbito restricto de esta investigación de la
verdad histórica”, sostuvo,argumentando que no se trata de personas desaparecidas
puesto que los cadáveres fueron entregados a sus familiares.
“Se respetaron los principios atinentes al debido proceso, defensa en juicio y
prueba, contando cada imputado con su defensor.” La particular versión de lo
acontecido con los presos políticos en los primeros años de la dictadura militar más
sangrienta que vivió nuestro país pertenece a un ex juez que la sirvió, Miguel Angel
Puga. El ex juez solicitó a la jueza federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, no
declarar en el marco de la causa por la que se investiga la verdad histórica. Puga
presentó un escrito donde reivindica el golpe militar del ‘76 y defiende la
actuación de la Justicia en aquellos años. La magistrada estudia el pedido para
determinar si exime o no a los jueces federales de testimoniar con relación a 30
asesinatos perpetrados en la Unidad Penitenciaria 1, bajo la simulación de fugas, entre
abril y octubre de 1976.Puga estuvo a cargo del juzgado federal Nº 2 desde el 5 de
octubre de ese año, pero ya desde abril de 1975 se desempeñó como su secretario de
primera instancia. La mayoría de las víctimas de lo que se conoce como las masacres de
la cárcel de Barrio San Martín, que funcionaba como centro clandestino de detención,
estaban a disposición de la Justicia federal. Garzón de Lascano había citado a Puga y a
Miguel Rodríguez Villafañe, quien fue magistrado en los primeros años del retorno de la
democracia. “Nuestro país comenzó a sufrir un espiral de violencia fratricida (sic)
donde tanto la extrema izquierda como la extrema derecha provocaron atentados terroristas
(...) que produjeron una desestabilización de las instituciones hasta arribar a un estado
de virtual anarquía; en esas condiciones se produjo el levantamiento militar”,
afirma el ex magistrado en su presentación. Puga también alude al papel de la Justicia,
al asegurar que “en ese marco institucional coexistía un poder de facto y un Poder
Judicial que, como tal, debía someterse al deber de legalidad impuesto por la
legitimación revolucionaria de excepción, a fin de administrar justicia. Sea como fuere
se respetaron los principios atinentes al debido proceso, defensa en juicio y prueba,
contando cada imputado con su defensor y el beneficio de la doble o ulterior
instancia”.Puga sostiene que es “absurda” su situación porque “todos
los argentinos que estuvimos en nuestro país en aquellos años fuimos testigos, sin
perjuicio de las funciones desempeñadas”. En lo que llama incompatibilidad para
prestar testimonio por su condición de ex juez, Puga le dice a la jueza que “no
puede ni debe citar como testigos a ex magistrados o ex funcionarios judiciales por la
sencilla razón de que estaban obligados a actuar conforme a la legalidad vigente. Como
usted sabe y le consta, de hecho y de derecho, no podían ni debían ocultar ni
puntualizar más de lo que conocían en las causas judiciales”. El abogado
querellante, Rubén Arroyo, calificó de “ridículas” las justificaciones de
Puga y afirmó que “después de leer ese escrito se le podría quitar la jubilación
como juez”. Entre los hechos sobre los cuales debería responder, Puga dictó en 1976
una extinción sobre la acción penal por muerte de José René Moukarzel, un médico
santiagueño preso en la cárcel de Barrio San Martín a quien varios testigos vieron
sufrir tormentos a manos del entonces teniente del Tercer Cuerpo Gustavo Alsina. Después
de que Moukarzel fuera estaqueado desnudo en el patio del penal, fue torturado, golpeado y
bañado con agua helada, hasta que murió de un paro cardiorrespiratorio. El ex juez tuvo
a su disposición a por lo menos otras cuatro de las víctimas de las masacres. Puga se
explayó lo suficiente en su escrito como para darse el lujo de tratar con ironía la
investigación por violaciones a los derechos humanos, al aludir reiteradamente a
“este proceso singular de la verdad histórica”. Por otra parte, acusó al
juzgado de haberse excedido investigando los crímenes de la Penitenciaría: “el
tribunal ha desbordado notoriamente el ámbito restricto de esta investigación de la
verdad histórica”, sostuvo,argumentando que no se trata de personas desaparecidas
puesto que los cadáveres fueron entregados a sus familiares.