La muerte de
César Dispalatro, el joven de 18 años que fue chupado por una boca de alcantarilla
durante la tormenta del 13 de diciembre del año pasado, resultó para la Justicia
un hecho fortuito y por ende no imputable penalmente a persona alguna. Así lo
dictaminó la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Correccional porteña en un fallo
en el que señala que como los canales desagüe de la ciudad fueron diseñados hace
más de cien años y resultan insuficientes no corresponde imputarles esa falta
a los funcionarios municipales o a la firma proveedora del agua, Aguas
Argentinas. Los jueces sin embargo no descartan que exista una responsabilidad civil del
gobierno porteño por el accidente y recomendaron que el Ejecutivo estudie un método de
cierre de las tapas de los accesos a las alcantarillas para evitar que hechos así
se reiteren.Eran casi las seis de la mañana del 13 de diciembre cuando César
Dispalatro volvía de la disco Puente Mitre, en los Arcos del Sol, en un Ford Sierra hacia
la zona de La Boca. La tormenta de esa noche había hecho colapsar el sistema de
desagües: media ciudad estaba bajo el agua, los semáforos se apagaron, la línea D de
subtes quedó interrumpida y varias calles se convirtieron en ríos correntosos. Así
ocurrió en la esquina de Libertador y Austria, donde el auto se detuvo. César iba del
lado derecho. Se bajó, caminó tres pasos y al agarrarse del paragolpes intentando mover
el coche, un remolino de agua se lo tragó en segundos. En el centro de la calle, como en
la mayoría de las esquinas porteñas, había una boca de inspección de las alcantarillas
cuya tapa había saltado por la presión del agua. César fue virtualmente succionado por
esa boca de tormenta y su cuerpo apareció recién dos días más tarde flotando en el
Río de La Plata. La causa por el fallecimiento fue caratulada homicidio y el
juez en lo correccional Fernando Larraín cerró la investigación el 26 de mayo pasado
por considerar que no existió delito. La familia apeló ante la cámara. No
estábamos conformes con la pericia que hizo Bomberos de la Policía Federal le dijo
ayer a este diario el abogado de los Dispalatro, José María Subizar. Llegaron a la
conclusión obvia de que la tapa se había levantado por la fuerza del agua. Nadie dijo
nada de los mecanismos de seguridad. Ese día, por la presión del agua saltaron nueve
tapas en la ciudad. Cada una pesa sesenta kilos, lo que da la pauta de la presión que
corría por la red pluvial. Pedí que el tribunal investigara las razones por las que ese
peligro es tan común y eso no fue investigado.En diciembre, después de la muerte
de César, el Gobierno de la ciudad salió a explicar cómo es que una boca de tormenta
podía convertirse en una trampa mortal. El entonces secretario de Producción y Servicios
de la comuna ahora designado ministro de Infraestructura y Vivienda Nicolás
Gallo primero aclaró que era normal que las tapas saltaran ante la presión de agua y que
cumplen la doble función de descomprimir para que no colapse la red y también la
de permitir el acceso al sistema para las inspecciones. Gallo intentaba dejar claro
que no había habido negligencia en el hecho de que no estaba sellada la tapa o alguien
olvidara poner un tornillo. En el dictamen de la cámara se determina que antes de la
tormenta la tapa estaba en su sitio y se encontraba en perfectas condiciones.
El reclamo de la familia fue entonces que se investigara si no había manera de prevenir
que ese mecanismo generara peligro para los transeúntes. En el fallo de los jueces Carlos
Gerome y Alfredo Barbarosh, luego de confirmar la ausencia de responsabilidad penal del
Gobierno, sugirieron que se estudie la posibilidad de reformar el sistema de cierre
de las bocas de registro existentes en aquellos sitios donde como en Libertador y
Austria la presión de agua producida por las lluvias permita el levantamiento de
las mismas. Ayer, el gobierno porteño no quiso hacer aclaraciones sobre las
cuestiones técnicas de los desagües, pero un vocero adelantó que es una decisión del
ejecutivo que de aquí en más, en todas las licitaciones para cambios de tapas de
boca de tormenta que se instalen en la ciudad se exigirá el sistema utilizado en
Franciacon tapas de dos partes unidas por una bisagra, de manera que al saltar por
la presión no quede abierta la boca sino resguardada por una reja. Edmundo Dispalatro, el
padre de César, se ha convertido en un experto en redes de desagüe y explica con
naturalidad los recorridos subterráneos, y el que hizo el cuerpo de su hijo hasta llegar
al río. Edmundo, a quien el Gobierno porteño le dio un empleo después de la tragedia,
dice que no está conforme con el fallo pero admite la lógica de que lo que ocurre
es que acá no se puede achacar a nadie porque la única realidad es que con los desagües
no se hizo nada en cien años. Dispalatro cree que lo mejor es buscar la forma
de que esas tapas tengan una reja o malla de seguridad de manera que una persona no pueda
ser absorbida como mi chico.
EL CASO DE LA MUERTE EN EL PASEO DE LA INFANTA
A juicio oral por Marcela
El 5 de
febrero del 96, Marcela Iglesias, de 6 años, murió bajo la mole de una escultura
de hierro que se exponía en la galería Der Brücke, en el Paseo de la Infanta, en
Palermo. Sus compañeras Lucía Acosta Ryan y Antonella Zazzarino sufrieron heridas. Tres
años y nueve meses después, el juez subrogante Fernando Pigni resolvió clausurar la
etapa de instrucción y abrir la instancia de juicio oral y público. Hay cinco imputados
por homicidio y lesiones culposas: el escultor Danilo Danzinger, autor de la obra; Diana
Lía González Lowenstein, dueña de la galería; y tres funcionarios de la ex intendencia
de Jorge Domínguez: Héctor Torea, el ex jefe de la Policía Municipal; Antonio
Mazzitelli, entonces a cargo de Inspecciones de Rutina; y Juan Carlos Favale, ex
responsable de los controles en esa zona. Los tres están además imputados de
incumplimiento de los deberes de funcionario público. Junto a ellos, comparecerá Marco
Pasinato, ex secretario de Planeamiento Urbano de la gestión Domínguez, acusado de abuso
de autoridad. Todos enfrentan condenas excarcelables de entre 6 meses y 3 años e
inhabilitación de hasta 10 años en el caso de los funcionarios.Llevó más tiempo
de la cuenta porque los defensores de Torea y Pasinato interpusieron recursos de
excepción, recusaciones y artilugios, buscando que la causa prescriba, dijo a
Página/12 Eduardo Guarna, abogado querellante en representación de la Defensoría del
Pueblo. El 5 de febrero del 96, mientras realizaba una excursión por Palermo,
Marcela Iglesias fue aplastada por la estructura de 300 kilos. Junto a ella jugaban Lucía
Acosta Ryan, quien atinó a correrse y fue golpeada en uno de sus pies, y Antonella
Zazzarino, quien salvó milagrosamente su vida: el bloque de hierro tenía una abertura
que encajó exactamente en el cuerpo de la nena.A partir de entonces, el juzgado 11 de
Luis Schelgel inició un largo proceso que recorrió una gama de vericuetos legales y de
inercias. Cuando la causa llevaba nueve meses, la Cámara del Crimen exigió celeridad al
juez que hasta entonces no tenía imputados. Al mes siguiente, fueron procesados el
artista, la dueña de la galería y los cuatro funcionarios.Danzinger, desde el primer
día, se mostró abatido por el suceso y pidió pública y privadamente disculpas a los
padres de Marcela, quienes reconocieron el gesto ante Schelgel. Sobre él pesa la
responsabilidad de la soldadura que, según las pericias, estaba carcomida por la
herrumbre. El juez utilizó erróneamente la teoría del derecho penal objetivo, que
viene del nazismo sostuvo su defensor, Marcelo Fainberg. Consiste en condenar
a todas las personas que estuvieron cerca del hecho tengan o no que ver. Lo están
procesando por ser el autor, por el deber de cuidado que le correspondía a la galería.
Según esta teoría, si a Botero se le cae una escultura, lo van a procesar aunque esté a
5 mil kilómetros de distancia.La acusación sostiene que la base sufrió corrosión
durante su permanencia en la Costanera para otra exposición, y que el autor era
responsable por su estado. González Lowenstein, dueña de la galería, enfrenta la misma
condena. Para ambos podría aplicarse el sistema de la probation en caso de ser hallados
culpables: sus penas son menores a los tres años. Por su parte, de los tres funcionarios
de la Policía Municipal, Torea es el que resulta más complicado, por estar a cargo del
organismo encargado de la vigilancia. El y sus dos colegas comparten los cargos de
homicidio y lesiones culposas, y la imputación por incumplimiento de los deberes de
funcionario público, que los inhibe de ser favorecidos por la probation. El de Pasinato
es un caso distinto: es el funcionario de mayor jerarquía, pero sobre él pesa la carga
de haber concesionado un espacio que por ley debía regresar al Estado. Lo acusan de abuso
de autoridad.Si los canales judiciales son aceitados, pasando la feria se daría por
iniciado el juicio ante el mismo Schelgel. En la querella, que en principio fue unificada
sobre Héctor Noli, abogado de la familia Iglesias, participarán además la Defensoría
del Pueblo, representada por Guarna, y la fiscalía, a cargo de Marcelo Martínez Burgos.
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