Por Adriana Meyer
A Carlos
Guillermo "Pajarito" Suárez Mason le llegó la hora de responder ante la
Justicia. El juez federal Adolfo Bagnasco lo citó a prestar declaración indagatoria en
la causa sobre la apropiación de los hijos de los desaparecidos durante la dictadura. El
represor está imputado por su responsabilidad como comandante del Primer Cuerpo de
Ejército y deberá presentarse el 3 de diciembre para responder sobre los casos de
embarazadas que dieron a luz en los centros clandestinos que funcionaron en la comisaría
V de La Plata, en el Pozo de Banfield y en Automotores Orletti, entre otros. Las mujeres y
sus hijos permanecen desaparecidos. El ex general podría ser procesado al igual que
Emilio Massera, Jorge "Tigre" Acosta y los otros cinco ex jefes militares
involucrados en este proceso. El juez comenzó el análisis del capítulo referido
a los hechos ocurridos en la jurisdicción del Ejército, y en ese marco también podría
ser citado más adelante el imputado Leopoldo Fortunato Galtieri. El interrogatorio al que
deberá someterse Suárez Mason estará basado en aquellos testimonios que fueron
recogidos en el expediente. Inés Ortega de Fossati fue detenida en enero de 1977 junto a
su marido. Estaba embarazada de siete meses. En marzo de ese año tuvo un varón en la
comisaría V de La Plata. Según la descripción de una sobreviviente, "al día
siguiente del parto ingresaron a la celda de Inés un grupo de represores y le dijeron que
se llevaban el bebé porque el 'coronel' lo quería conocer". En ese centro
clandestino de detención también habría nacido la hija de Elena de la Cuadra. Cuatro
días después del parto la niña fue sustraída. En el Pozo de
Banfield estuvieron detenidas Silvia Mabel Isabella Valenzi, María Eloísa Castellini,
Silvia Muñoz Barreiro, María Adelia Garín de De Angelis, Cristina Navajas de Santucho,
Stella Maris Montesano de Ogando y Graciela Carriquiriborde. Pablo Díaz, sobreviviente de
La Noche de los Lápices, relató hace algunos meses ante el juez Bagnasco los detalles de
los partos de Carriquiriborde y Ogando, atendidos por el médico Jorge Antonio Bergés.
"Los detenidos llamaron a gritos a los guardias, que llegaron con una chapa donde
trasladaron a la parturienta a otro sector del campo", describió. "A Stella la
hicieron parir con los ojos vendados y las muñecas atadas, al hijo se lo dejaron cuatro
días hasta que Bergés volvió a buscarlo. Ella conservó el cordón umbilical",
agregó. Las dos mujeres y sus hijos permanecen desaparecidos.
La uruguaya Sara Méndez, querellante en la causa, fue torturada frente
a su hijo en Automotores Orletti. Nunca más volvió a verlo. En ese centro clandestino
estuvieron detenidos el hijo y la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia
Iruretagoyena. La mujer estaba embarazada de siete meses. La pareja y su hijo siguen
desaparecidos.
Suárez Mason había sido imputado en la denuncia originaria de esta causa que
iniciaron seis Abuelas de Plaza de Mayo en diciembre de 1996, junto al general Cristino
Nicolaides, al almirante Rubén Franco, al general Albano Harguindeguy y al ex presidente
de facto Reynaldo Bignone. Sus subordinados eran el teniente coronel Ricardo Campoamor, el
fallecido general Ramón Camps y el comisario Miguel Etchecolatz. El ex jefe del Primer
Cuerpo de Ejército fue expulsado de la fuerza no por sus crímenes sino por escaparse en
1984 a los Estados Unidos, de donde fue extraditado en 1988. Había sido condenado a
prisión por 39 asesinatos y 24 secuestros pero recuperó su libertad gracias a los
indultos del presidente Carlos Menem. El año pasado lo procesaron por racista y el club
Argentinos Juniors le quitó el carnet de socio honorario y lo echó.
Un oficio para Soria
El juez Adolfo Bagnasco quiere saber si en los
archivos sobre la represión encontrados días atrás en La Plata y en Rosario hay
información relacionada con nacimientos, menores o mujeres embarazadas que hayan dado a
luz en centros clandestinos de detención o en forma encubierta en hospitales militares.
Para averiguarlo envió un oficio al ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Carlos
Soria, por la apertura de los archivos de inteligencia policial en la antigua sede de los
espías bonaerenses de la calle 54 y en el subsuelo del Ministerio de Justicia. Y también
requirió datos al juez federal de Rosario Omar Di Gerónimo por un hallazgo similar en la
Jefatura de Policía. |
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