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Por Cledis Candelaresi y David Cufré  "Las
empresas privatizadas, que tuvieron servicios monopólicos y clientelas cautivas, tienen
que contribuir con este esfuerzo (fiscal) a través de bajas de tarifas o de la política
impositiva", dijo ayer Carlos "Chacho" Alvarez. "Cuando los políticos
empiezan a querer correr al que ganó plata, dan un mensaje malísimo para los inversores,
fundamentalmente para los extranjeros", fue la contundente respuesta del
vicepresidente de Perez Companc, Oscar Vicente, en diálogo con Página/12. "No me
parece bien cambiar las reglas de juego a las privatizadas", añadió. Jesús Burillo, representante de Endesa en la Argentina, y Enrique Sergiotto, vicepresidente de la Cámara de Concesionarios Viales, también le dijeron a este diario que será difícil satisfacer la demanda del gobierno electo. Una posición similar sostuvieron ejecutivos de las telefónicas y de Aguas Argentinas. La reacción de las privatizadas demuestra que a los hombres de la Alianza les espera una difícil negociación. Fernando de la Rúa les encomendó a José Luis Machinea y a Nicolás Gallo, próximos ministros de Economía e Infraestructura, respectivamente, que inicien el diálogo con las empresas para convenir una rebaja de tarifas. De acuerdo con el rubro de que se trate, el pedido de disminución rondaría entre el 5 y el 10 por ciento. Otras alternativas son que las privatizadas incrementen sus aportes patronales, o suscriban bonos emitidos por el Estado a tasas menores a las de mercado. "Los que concentraron más poder y más riqueza en estos diez años tienen que hacer un esfuerzo para que la Argentina vuelva a crecer", subrayó ayer Alvarez. El gobierno electo quiere aprovechar este momento, de mayor fortaleza política, para que la opinión pública respalde su gestión ante las privatizadas, que de por sí generan cierta antipatía por las fabulosas ganancias que obtuvieron la mayoría de ellas en estos años, gracias a sus elevadas tarifas. A la vez, la Alianza mencionó la posibilidad de fijar un impuesto especial a las rentas de esas empresas. Si bien después el propio De la Rúa le bajó el tono a la eventual aplicación de esa iniciativa, la intención fue utilizar la idea como una forma de presión sobre las compañías, para que accedan a la reducción de tarifas. --La Alianza dice que ante la emergencia fiscal se necesita del aporte de todos, y eso incluye a las privatizadas. ¿Está de acuerdo? --le preguntó Página/12 a Vicente, número dos Perez Companc, grupo que posee acciones en Edesur y Transener. --No, no dice el aporte de todos. Dice el aporte de estas empresas. Y eso me parece mal. El aporte de todos está bien, pero no el aporte de las privatizadas en forma independiente. ¿Y con las empresas que perdieron plata? ¿Qué van a hacer, las van a subsidiar? En el caso de las eléctricas, hemos conseguido un precio que no lo tiene nadie en el mundo. Lo mismo pasa con el gas. A nadie se le puede ocurrir que las tarifas tengan que bajar. Jesús Burillo, representante de Endesa, compañía controlante de Edesur y con participación accionaria en Edenor, dio una respuesta similar. "Hay que diferenciar entre unas empresas privatizadas y otras. Mientras algunos servicios se encarecieron mucho, hay tarifas como las eléctricas que se redujeron. No es razonable que el gobierno reclame el mismo esfuerzo a todos, pretendiendo una rebaja generalizada de tarifas", aseguró. Por su parte, Enrique Sergiotto, del grupo Roggio --concesionario a cargo de las principales rutas nacionales--, sostuvo que "sólo es posible pensar en una disminución de los peajes si se respeta la ecuación económica de los contratos vigentes". En el caso de las telefónicas, voceros de Telecom y Telefónica reconocieron que "mantuvimos diálogos informales", pero indicaron que aguardarán hasta conocer una propuesta formal de la Alianza antes de dar una respuesta.
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