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Por Julio Nudler  Precisamente Jorge Torlasco, el abogado con más probabilidades de conducir la
oficina anticorrupción que decidió crear Fernando de la Rúa, es quien, por encargo del
Banco Nación, está representándolo –como socio del estudio Arslanian– en una
causa penal en la que el juez Gabriel Cavallo investiga una gigantesca operación,
relacionada con la curtiembre Inducuer. El actual directorio de la entidad pidió
pesquisar la operación por presunto fraude y estima que terminará causándole al BNA un
perjuicio de 70 millones de pesos, aproximadamente. En la gestación del fallido
emprendimiento aparece Fernando de Santibañes, que en ese entonces era dueño del Banco
de Crédito Argentino. Este ex banquero, hoy dedicado a negocios inmobiliarios y a la
política, presidirá a su vez el consejo de notables que también decidió constituir el
primer mandatario electo y cuyo asiento estará, precisamente, en el edificio del Nación,
donde ya le están buscando despachos adecuados.Hay más: Santibañes se desvinculó
formalmente de la operación Monte Chingolo de Inducuer (allí, en Lanús, se emplazaría
la gigantesca planta que nunca llegó a curtir ni un solo cuero) poco antes de que el BNA
otorgara su primer aval al que resultaría ruinoso negocio. Pero en el directorio del
banco oficial se indica que las personas que lo sustituyeron no tenían solvencia, y
algunas estaban ligadas justamente al Crédito Argentino, banco luego extranjerizado a
manos del Francés-BBV.En todo caso, el Nación viene abonando semestral y religiosamente
desde setiembre de 1996 los avales caídos por una financiación en marcos alemanes de la
que aceptó ser garante. La primera cuota, transferida a la Banca Gottardo, de Lugano,
Suiza, vía Deutsche Bank, de Frankfurt, para serle acreditada a Ultrafin AG, fue de
4.796.883 dólares. La última de las siete pagadas hasta el momento se giró el 3 de
setiembre de este año por u$s 3.497.544 (los montos oscilan por la variación en el tipo
de cambio entre el dólar y el marco), y todavía habrá que remitir diez cuotas más. La
ejecución de las garantías permitiría recuperar una porción muy reducida de las
obligaciones afrontadas. Según el informe del síndico del concurso, el pasivo de
Inducuer trepa a 109,1 millones de pesos. Santibañes y Angel David Gorodisch,
propietarios del BCA, crearon el 10 de noviembre de 1989 una sociedad que llamaron Ferdar,
y que se convertiría en la controlante de Inducuer. Esta vinculación fue señalada en
las actuaciones judiciales por Silvia Mónica Villares de Maschio, jefa del área de
Proyectos en el Nación. Sin embargo, un año después, el 19 de noviembre de 1990, se
produce la sustitución de los dos banqueros por Guillermo Miguel Nano y el contador
Carlos Adolfo De la Vega. Un director del BNA indicó a este diario, al respecto, que el
acta de sustitución habría sido predatada, para colocarle una fecha anterior a la
concesión del primer aval por parte del BNA, la que tuvo lugar en enero de 1991. Luego de
ser presidida por Nano, Ferdar pasó a ser encabezada por Chantal France Safra. Como las
fuentes señalaron que esta mujer también había pertenecido al Crédito Argentino,
Página/12 telefoneó al Banco Francés (que absorbió al BCA) preguntando por ella. La
telefonista respondió que "la señora ya no está más acá, desde hace por lo menos
un año". Al llamar a su casa y atender ella, luego de un largo silencio se rehusó a
hablar del tema.Los peritos designados por el juez descubrieron numerosas irregularidades
en todo el trámite de la operación. Indican, por ejemplo, que "el Banco Nación no
poseía al momento de otorgar el aval la documentación contable correspondiente a
Inducuer que habilitara la concreción de la operación crediticia planteada. Tampoco
existía un análisis de los responsables de las empresas que garantizaban la operación,
como tampoco elementos que permitiesen aseverar que se realizaría el aporte de capital
necesario para tal fin". De hecho, éste no se cumplió, ni se entregaron al Nación
las acciones a caucionar. El affaire dio lugar a un sumario interno. Antonio Salve y Luis
Arroyo, dos altos funcionarios de línea responsables del área Internacional, perdieron
sus puestos. La parábola de esta historia –una de las que han despellejado al
Nación– fue relatada, a su manera, por los representantes de la magnífica
curtiduría que no fue. "... Se proyectó la construcción de una curtiembre con
tecnología de punta, que debía estar entre las diez más importantes a nivel mundial.
Casi hemos llegado a esta posición...", afirma Inducuer en relación a una planta
que ni siquiera llegó a inaugurarse. La idea, según le cuenta Chantal al juez comercial
al pedirle, hace trece meses, la formación del concurso preventivo, era procesar 3000
cueros vacunos por día para exportar, y fabricar 1700 pares de zapatos, ocupando a unos
600 trabajadores. La realidad actual es que sólo ocupa a seis. "En su origen, julio
de 1989, el proyecto se compadecía plenamente –prosigue Chantal– con la
política económica del gobierno argentino", en alusión a la Revolución Productiva
de Carlos Menem. La consultora Pistrelli Díaz/Arthur Andersen corroboró, en diciembre de
1989, mientras se desmoronaba el Plan Bunge & Born, que el proyecto era viable, algo
que pronto quedaría desmentido.Como las vacas, el emprendimiento tenía cuatro patas: la
italiana Giza SpA, que construiría la planta; la también peninsular Capra, que
aportaría la tecnología y luego compraría la producción de curtidos; Huancayo
(Frigorífico Rioplatense) suministraría los cueros y el gerenciamiento, y un grupo
financiero nucleado en Ferdar. En agosto de 1989 año se obtiene la financiación del
proyecto por Ultrafin AG, de Lugano, Suiza, para los equipos y servicios italianos que
proveerá Giza. El crédito es a 10 años, con dos de gracia. Por otro lado, Inducuer
compraría dos plantas llave en mano a Giza por valor de 90.149.476 marcos alemanes
mediante un crédito otorgado por el Banco Gottardo, que cubriría el 85% del monto (76,6
millones de marcos) y debería amortizarse en 17 cuotas semestrales. Pero había una
condición para el otorgamiento: el aval de un banco oficial argentino de primerísima
línea. Es decir, el BNA.El Nación aprueba el 31 de enero de 1991 el otorgamiento del
aval. La resolución la firma el presidente, Hugo César Santilli (poco antes de dejarle
el lugar a Aldo Dadone), y los directores Ricardo César Fabri y Joaquín Alonso, quien
ahora trabaja en la SIDE. (Posteriores otorgamientos fueron firmados por los directores
Hugo Gaggero, Raúl Mario Fernández y Raúl César Sanguinetti.) Al mes siguiente, los
socios compran el paquete accionario de Inducuer (empresa fundada en 1971) y se integra un
nuevo directorio. En mayo adquieren la planta de Autolatina (Ford) en Monte Chingolo,
donde antes estuviera Siam Di Tella, con su predio de 15 hectáreas. Pero el cambio de
guardia en el Nación frena el envío del Guarantee Agreement (Convenio de Garantía) a
Suiza, que será remitido recién en enero de 1992. Lo que Chantal no le relata al juez es
que, en agosto de 1991, Carlos Luis Bosch, abogado consultor del Nación, presentó un
dictamen denunciando que el banco estatal no había tomado los recaudos necesarios para
valuar objetivamente los bienes que adquiriría Inducuer. En otras palabras: el BNA había
decidido avalar la deuda por una compra sin comprobar si los precios señalados por el
beneficiario de la garantía eran correctos. Ante esto, se le encomendó la tarea a la
sucursal París del Nación por ser la más próxima al lugar de origen del equipamiento.
Así, el 26 de setiembre de ese año, el gerente de la filial parisina del BNA envió su
valuación: según su informe, el equipamiento valía 46 millones de marcos, en lugar de
los 71,4 millones señalados por Inducuer (que, con el agregado de otros item, como
seguro, flete, documentación técnica, asistencia al montaje y productos químicos,
subían hasta los 76,6 millones mencionados como costo total y cuya financiación debía
ser avalada por el Nación, además de la cobertura de la SACE, que es la entidad oficial
italiana de seguro de crédito a la exportación). Por tanto, de acuerdo a la tasación
llegada desde Francia, la sobrevaluación era de un 55 por ciento. De cualquier forma, en
octubre una nueva resolución de directorio volvió a aprobar la operación, aunque
exigiendo garantías adicionales. En enero de 1992 el BNA entregó su aval.Aparece, sin
embargo, un nuevo escollo: para retirar de la Aduana los equipos enviados por Giza,
Inducuer espera que la Secretaría de Industria y Comercio apruebe su pedido de exención
de los derechos aduaneros. Esto ocurrió finalmente en enero de 1993, y al mes siguiente
empezaron a despacharse a plaza los primeros embarques llegados tiempo atrás de Italia.
Claro que, entretanto, algo terrible estaba ocurriendo con los partenaires italianos del
proyecto. Según la impresionante explicación del suceso brindada por Inducuer, "a
partir de setiembre de 1992 los dos socios extranjeros... empezaron a tener problemas
económicos derivados de la caída del Muro de Berlín (que en realidad había sucedido
casi tres años antes), de la democratización de la URSS y de la devaluación de las
monedas europeas frente al marco alemán". En síntesis: en noviembre de 1992,
Conceria Capra SpA entra en concordato preventivo, y dos meses después Giza solicita a
los tribunales de la Reggio Emilia su "administración controlada", la cual le
fue denegada, decretándose su quiebra y posterior liquidación. Con todo esto, el
Proyecto Monte Chingolo quedaba colgando sobre el vacío, con el Banco Nación como
inevitable víctima. En palabras de los inducueristas: "El proyecto quedaba
paralizado o trunco, y los compromisos contraídos perdían el contravalor de la planta
instalada". Esto significa, en concreto, que el BNA ya no tendría manera de
cobrarse. "El proceso de liquidación de Giza –siempre según los frustrados
curtidores– impedía la finalización del proyecto." Además, Ultrafin cortaba
el crédito porque éste estaba atado directamente a las provisiones de Giza. Puesto en
negro sobre blanco: "El perjuicio económico alcanzaba no sólo a las empresas
participantes, sino también al Estado, que a través del BNA quedaba afrontando pasivos
con el exterior que constituirían pura pérdida". En realidad, el perjuicio no
resultaba "también" sino especial o exclusivamente del Estado. Sensibilizados
–como es de imaginar– ante este contratiempo, los socios de Inducuer se lanzaron
en una fuga hacia adelante, cuyo efecto final sería el de incrementar aún más los
quebrantos del Nación.Se inició así la segunda fase del emprendimiento, con el BNA
hundido hasta la cintura. Inducuer dice haber considerado necesario no seguir ateniéndose
al proyecto original diseñado por Giza (ya fundida), pero lo cierto es que no pudo
concretar otra alternativa. No obstante, el 28 de setiembre de 1993 Inducuer logró
suscribir un Accordo Transattivo con el liquidador de Giza. Esta se comprometía a ceder
el contrato comercial a otra firma italiana, e Inducuer podría así contar con los
restantes 21,3 millones de marcos del crédito para terminar el magno proyecto, entre
otros acuerdos. Pero, obviamente, el Nación tenía que contribuir con lo suyo a tan feliz
arreglo, reprogramando el apoyo crediticio y aceptando la sustitución de garantías.
Tiempo después, el 14 de abril de 1994, entró en escena Fortrade Financing SpA, de
Milán, trading que se comprometió, por una comisión del 4%, a exportar a la Argentina
los equipos y servicios que Inducuer le indicara para la terminación de la curtiembre.
Nuevamente, todo dependía de que el Nación firmase nuevos avales, lo que efectivamente
hizo en enero de 1995. En mayo, la SACE renovó la póliza de seguro, y todo volvió a
marchar sobre ruedas. Pero fue, simplemente, para rodar hasta el abismo
Por J. N. CONSTANTINI Y EL SANTA ELENA
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planta de Inducuer se dieron cuenta de que para llevar adelante la futura explotación les
hacía falta encontrar un operador de la curtiembre, pero que era muy difícil conseguirlo
si tenían los bolsillos vacíos. Por tanto, el 27 de agosto de 1996 le hicieron saber al
Banco Nación, que a todo esto era por lejos el principal acreedor, que había sufrido un
nuevo atraso el comienzo de la operación industrial de la planta. En el escrito culpaban
de ello a las demoras sufridas en la reprogramación del financiamiento, con lo cual,
sutilmente, el BNA pasaba de víctima a acusado. El 30 de octubre de ese año, Inducuer
pidió al Nación que le refinanciara la deuda vencida, pero reliquidándole los intereses
a tasas más bajas y reduciendo también las comisiones. Mientras tanto, seguían buscando
un operador técnico de la planta. Y en una lista de contactos hechos, que le hicieron
llegar al banco oficial el 15 de abril de 1997, mencionan como uno de los interesados a
Curtiembre Yoma, al menos entre las opciones nacionales, porque también las había
–según ellos– extranjeras. Para abundar en el mismo tema, Inducuer siguió el
26 de mayo de 1997 las pisadas de Emir Yoma y le propuso al Nación la capitalización de
deudas, de acuerdo al decreto a medida que había firmado Menem con el número 585/94,
"por advertir las enormes dificultades para dar inmediatez a la posibilidad de
ofertas de operadores". De acuerdo con esa idea, el BNA debía aceptar convertirse en
socio, abandonando su antipático papel de acreedor. Pero el Nación, ya entonces
presidido por Roque Maccarone, pasó de largo y el 14 de agosto exigió que Inducuer
llamase a concurso de ofertas antes del 30 de setiembre. Se prolongó entonces el tira y
afloja, en cuyo transcurso la eventual curtiembre rechazaba los planteos del BNA, hasta
que finalmente se decidió por llamar a concurso de acreedores. En su propio relato,
"el llamado a concurso se produce en medio de la crisis financiera internacional de
octubre/noviembre de 1997. El resultado por supuesto fue negativo, y una vez más se
frustró el esfuerzo para resolver la situación de nuestra empresa frente a sus
acreedores". ¿Qué puede la voluntad humana frente al designio de los dioses? Así,
el 1º de diciembre el Nación intimó el pago. Pero, eso sí: "El proyecto sigue
siendo técnicamente factible –aseguran, imperturbables–, y su rentabilidad
sigue siendo positiva, pero siempre que los pasivos a afrontar no vayan más allá de las
previsiones originales, puesto que ni aun en el caso de que las entidades que aportaron
sus créditos accedieran a refinanciarlos con mayores plazos de gracia, lo que está muy
lejos de suceder, la carga del servicio de intereses, sumado a las necesidades de
amortización, impedirían absolutamente una rentabilidad positiva".En otros
términos: ni con viento a favor, conseguirán las vacas volar.