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Por Fernando Almirón  Los diputados de la
Alianza y del justicialismo se pusieron de acuerdo para evitar que Antonio Domingo Bussi
ocupe una banca en el Congreso de la Nación, con lo que el ex general podría mantener
los fueros que le otorgan impunidad ante los procesos judiciales iniciados en su contra.
"Ahora estamos buscando la forma legalmente correcta para rechazar la incorporación
de Bussi a la Cámara baja, para dejarlo sin posibilidades de apelar la resolución, para
que su expulsión sea real", señaló el legislador frepasista y futuro presidente
del bloque de la Alianza Darío Alessandro. La coalición dice contar con el apoyo de
"una parte importante" del bloque del PJ, con lo que se aseguraría los dos
tercios necesarios para evitar que el ex gobernador tucumano jure por segunda vez por
"Dios, la Patria y los Santos Evangelios" como diputado mientras es requerido
por cinco juzgados."La decisión está tomada, ahora estamos trabajando en el proyecto de resolución que resulte más efectivo para impedir que Bussi se convierta en diputado", señaló Alessandro a Página/12. La tarea está a cargo de una comisión ad hoc que integran representantes de los principales bloques parlamentarios. Entre otros: Diana Conti y Alfredo Bravo, del Frepaso; Elisa Carrió y Alfredo Neme Scheij, de la UCR; Mario Cafiero, Marta Aráoz y Amado Juri (estos dos últimos, tucumanos), del PJ. Los legisladores barajan diferentes alternativas con un ojo en el reloj: apenas faltan 48 horas para la toma de juramento de los nuevos diputados. Entre ellos Bussi. Seguramente el proyecto de resolución por el que se buscará rechazar los pliegos del ex militar apelará a un argumento oportuno: la falsedad ideológica demostrada por el diputado electo. Bussi fue procesado por enriquecimiento ilícito, después de que la justicia suiza confirmara la existencia de cuentas secretas a su nombre abiertas en los bancos de ese país. En febrero de 1998 la Cámara de Diputados de la Nación quiso verificar si esas cuentas figuraban en la declaración de bienes que Bussi había presentado cuando asumió por primera vez como legislador. Y comprobaron que los depósitos bancarios que el entonces gobernador tucumano había reconocido como propios no habían sido incluidos en la declaración jurada de sus bienes. La Cámara no pudo sancionar a Bussi por la irregularidad, ya que el ex militar tenía su mandato vencido. Los legisladores aliancistas opinan que éste es el momento de aplicar el postergado castigo. Fue una mentira que ahora se convierte en el argumento oportuno. Falta estudiar el procedimiento. Si se deberá impedir el juramento de Bussi, si se intentará expulsarlo después de su asunción, si las objeciones a su diploma deben ser resueltas por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y otros vericuetos similares. Pero por sobre el argumento oportuno los diputados mencionan los motivos reales por los que el ex militar no debería ocupar un lugar en el recinto parlamentario. "Se trata de un asesino, un genocida, un personaje nefasto que no sólo no se arrepiente de sus actos, sino que se enorgullece de ellos", señala indignado Alessandro. En un pedido presentado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ante la Cámara de Diputados para que se impugne el diploma de Bussi, se sintetiza su abultado prontuario: * Bussi está imputado con solicitud de captura internacional y pedido de extradición en la causa que por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas tramita el juez Baltasar Garzón. * Tiene una causa abierta por enriquecimiento ilícito y evasión impositiva. * Tiene un pedido de procesamiento por sustracción de menores hijos de desaparecidos en el Comando de Institutos Militares, en Campo de Mayo, cuando estuvo a cargo de la guarnición. * También está imputado en una causa por apropiación de menores en la provincia de Tucumán, cuando el ahora diputado electo se desempeñó como interventor militar de la provincia.
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