|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Martín Granovsky  Rodolfo Barra
podría terminar tachado. Al menos su nombre no sería intachable para convertirse en el
próximo jefe de la Auditoría General de la Nación: un grupo de diputados reclama ante
los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores que se revoque la designación
del ex juez de la Corte Suprema en la AGN para que no se desempeñe al frente de un
organismo "que debe controlar a las mismas contratistas del Estado Nacional a las
cuales estuvo confesamente ligado".El pedido está firmado por los diputados de la Alianza Alicia Castro, Darío Alessandro, Melchor Cruchaga y Juan Manuel Casella. El proyecto es, en realidad, una formulación de tacha. Los diputados piden, primero, que la designación de Barra como futuro jefe de la AGN sea revocada. Si ese acto no se produce, dejan sentada la "tacha hacia su persona con relación a su eventual desempeño" con argumentos que apelan al diccionario y a los antecedentes de Barra. El Diccionario Etimológico de Joan Corominas define "tacha" como "falta", "defecto", y cita el origen de la palabra en el francés tache, que significa mancha. El texto recuerda que Barra dijo a La Nación el 6 de setiembre del año pasado: "Preferiría ser abogado del concesionario, estar del otro lado del mostrador, porque usted podrá imaginar que es mucho más importante" y "mucho más rentable". El mismo Barra rememora que fue "abogado de las principales empresas del Estado". También consigna declaraciones de Barra del 19 de diciembre del '98 a Página/12, según las cuales el contrato de aeropuertos "se está cumpliendo al pie de la letra". De acuerdo con el proyecto, "todavía el concesionario de los aeropuertos no había abonado el canon, y la opinión pública dudaba acerca del puntilloso cumplimiento al respecto, lo cual quedaría confirmado cuando se reiteraron las noticias acerca de presuntas rebajas y quitas en el pago del canon". Barra fue viceministro del Interior, viceministro de Obras Públicas durante la redacción de los pliegos de peaje que ahora la Alianza se propone renegociar, ministro de Justicia y juez de la Corte Suprema, donde renunció definiéndose como "un soldado de Menem". En retribución, el actual Presidente lo mantuvo cerca suyo de dos maneras. Una, nombrándolo asesor presidencial para la defensa de los niños no nacidos, un eufemismo para designar el combate contra la posibilidad de que las mujeres elijan si quieren continuar con un embarazo no deseado. La otra, poniéndolo al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, el ORSNA. En setiembre último este diario publicó una presentación ante la Justicia del gremio de Aeronavegantes pidiendo que se anulara una decisión del ORSNA por la que había aprobado un convenio entre la Fuerza Aérea y la empresa de aeropuertos de Eduardo Eurnekian. Ese convenio establecía que la Aeronáutica cedía a Aeropuertos Argentina 2000 el papel de gestionar las compras de su propio equipamiento. A cambio, Eurnekian podía descontar el gasto del canon que debe pagar al Estado por la explotación de los aeropuertos. Una de las presuntas irregularidades denunciadas era que según el contrato el canon debe pagarse en dólares, no en especies. Los aeronavegantes, que hicieron su presentación pocos días después del accidente del Boeing de Lapa frente al Río de la Plata, se mostraron preocupados porque los cánones impagos restaban presupuesto al sistema de seguridad aérea. El canon, el derecho que el concesionario está obligado a pagar por la explotación del servicio, reaparece como problema en el documento sobre la tacha. "Solo a título de ejemplo --sugieren los diputados--, téngase presente que el actual concesionario aeroportuario está chantajeando al Estado Nacional, al haber depositado el saldo que adeuda por el primer semestre 99 del canon (30 millones de dólares) en una cuenta en Nueva York." La condicionalidad consistiría en que el Estado solamente podría disponer de ese dinero si antes reconoce a Aeropuertos Argentina 2000 un reclamo previo de 200 millones de dólares. Los diputados pidieron considerar, además, que el nombre de Barra figura en una propuesta y no es de ningún modo fruto de una designación. "La propuesta previa debe ajustarse al requisito constitucional, o sea que el candidato a designar sea del partido político de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso", dijeron. Hoy, la oposición es, todavía, la Alianza. El PJ lo será recién después del 10 de diciembre. De todas maneras el documento busca que el caso no quede cerrado y reclama que "se invite al partido político de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso al 10 de diciembre de 1999 a formular las propuestas de candidatos para ocupar el cargo en cuestión". En otras palabras: que las propuestas no vengan en Barra.
|
