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Está por prescribir la causa en la que se investigaronlos numerosos ilícitos en Yaciretá. El Estado pagó reembolsosy subsidios injustificables. Hubo materiales truchos. |
Por Fernando Almirón
Para promover la construcción de Yacyretá, el Estado nacional impulsó la promulgación de la ley 20.852, por la cual el Fisco se comprometió a subsidiar --es decir hacerse cargo-- del 25 por ciento del costo de insumos, bienes y maquinarias nuevas de origen nacional adquiridos por el Ente Binacional para llevar a cabo la obra. En otras palabras, a pagar la cuarta parte de estos gastos. La protección de los intereses del Ente estuvo a cargo de una consultora: Harza y Asociados. También se designó a una empresa que se ocuparía de establecer cuando correspondía gestionar el cobro de los beneficios impositivos, es decir los reembolsos. Esta empresa es Dicmar S.A. Por último, por resolución 580/77 del Ministerio de Economía, se delegó en la Secretaría de Industria la aprobación final de los reembolsos solicitados, una vez acreditada su legitimidad. Sin embargo el sistema falló a favor de la estafa. La gotita todo lo pega En una sola maniobra la constructora logró un reembolso ilegítimo por valor de 640 millones de dólares. Los beneficios previstos por la ley 20.852 y su decreto reglamentario alcanzan a una serie de materiales, los que están debidamente clasificados bajo un código numérico. La Secretaría de Industria se apoyaba en esta codificación para autorizar los subsidios. Bajo este códigos se agrupan los materiales que no están arancelados y aquellos que si pueden acogerse a los beneficios de la ley de promoción. La consultora a cargo de gestionar los reembolsos reclamó y cobró durante meses del Estado nacional millones de dólares mediante una maniobra que inexplicablemente no fue detectada por los funcionarios de la Secretaría de Industria. En este caso, se hizo pasar a la mezcla de arena, cemento y piedra, que no cobraba reembolso, bajo un código que identifica a los pegamentos químicos (La gotita o Poxipol), que sí eran objeto de subsidios. Para cometer el fraude se mencionó el gasto como bajo un rubro inexistente: Cemento Fresco, que pese a no figurar bajo este nombre en el nomenclador, para cobrar beneficios como si la gigantesca represa se hubiera construido con igual millonaria cantidad de pomitos de pegamento sintético. La causa judicial Los presuntos ilícitos cometidos aprovechando la falta de controles sobre la legitimidad de los reembolsos fueron denunciados ante la Justicia por el contador Antonio Casabona, hace ya más de 9 años. El denunciante teme que ahora la causa, que bajo el número 43.129 está en el despacho del juez federal Carlos Liporace, quede en la nada. En otras palabras, que prescriba la investigación sobre el destino de unos 2000 millones de pesos pagados ilegítimamente por el Estado a la empresa constructora gracias a los servicios de la consultora que encargó de gestar los beneficios impositivos: Dicmar, que preside Guillermo Henin. La causa judicial estuvo en un principio a cargo del juez Ricardo Weschler, quien determinó que la consultora habría solicitado y logrado cobrar reembolsos de dudosa legitimidad en al menos 282 oportunidades. Cuando Weschler fue ascendido a fiscal de la Cámara de Casación, el expediente pasó a manos de Néstor Blondi, a cargo del juzgado federal Nº3. Blondi precisó 136 cobros de beneficios que no se ajustaban a la ley de promoción destinada a la represa. Con la jubilación de Blondi se hace cargo del juzgado y de la causa Carlos Liporace. "Con su llegada se enfrió la investigación de los ilícitos", le aseguró a Página/12 Antonio Casabona, que figura como querellante en el expediente. El mismo Casabona señala que, curiosamente, cuando se achicaron los tiempos en los que el juez debía pronunciarse sobre la situación procesal de los acusados, después de cinco años de instrucción, el Ente binacional que hasta ese momento estaba en la esfera de Obras y Servicios Públicos, pasó por decreto 47/99 del Poder Ejecutivo a la órbita de la secretaría General de la Presidencia, que conduce Alberto Kohan.
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El
Estado nacional pagó indebidamente unos 2000 millones de pesos en concepto de reembolsos
impositivos a Eriday UTE, la empresa constructora del complejo hidroeléctrico Yacyretá.
Pese a que la cantidad de pruebas que figuran en el expediente alcanzarían para demostrar
el fraude, la investigación que desde hace más de cinco años permanece paralizada en el
despacho del juez federal Carlos Liporace está a punto de prescribir. En ella figura que,
entre otros ilícitos, se hizo pasar a toneladas de hormigón armado --no contemplado en
los reembolsos-- por cemento químico, que sí recibía el beneficio. Por esta
"diferencia" de interpretación entre la calidad de los cementos, la Secretaría
de Industria pagó un subsidio de 640 millones de pesos.