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Por Victoria Ginzberg  Dos días
antes de que el Congreso decida si el represor Antonio Domingo Bussi puede jurar como
diputado, cuatro testigos aportaron ante el juez federal Adolfo Bagnasco pruebas de que el
plan sistemático para apropiarse de los hijos de desaparecidos también se llevó a cabo
en Tucumán. El ex gendarme Antonio Cruz identificó un centro clandestino de detención
llamado "El Reformatorio" como uno de los ámbitos donde las detenidas
embarazadas permanecían cautivas y a Bussi como jefe y director del plan. "Como la
madre embarazada era morocha, 'negrita', nadie quería a la criatura, entonces Aguirre la
solicitó y allí Palomo le dijo que había que esperar la orden de Bussi", aseguró
el ex gendarme sobre una de las secuestradas del Reformatorio. Simón Lázara,
vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, solicitó que el juez
interrogue al represor como acusado. "Todos los días se le llevaba (a Bussi) una lista de las personas detenidas. Lo hacía un oficial de enlace o el estafeta. Bussi dio la orden de que la mujer fuera ajusticiada después de dar a luz", aseguró Cruz en su declaración. El testigo sabe de la existencia de las listas porque él mismo se desempeñó como estafeta en 1977. Y de la orden de ejecutar a la detenida porque escuchó la conversación de un grupo de represores. Cruz ingresó al servicio militar en 1973 y permaneció en el Ejército hasta fines de 1977. Entre mayo y junio de 1976 fue destinado a un edificio donde debía funcionar un reformatorio pero allí se había montado un Lugar de Reunión de Detenidos, eufemismo para designar a los centros clandestinos de detención. Según el relato de Cruz, había en el lugar "22 o 23 detenidos que iban entrando y saliendo". "Los que salían los llevaban para ajusticiar, teóricamente los fusilaban", manifestó el ex gendarme, de 45 años y tupidos bigotes. No dio nombres de los detenidos pero narró que un enfermero --al que mencionó como sargento Bustos-- atendió a la mujer y decía que iba a dar a luz en el centro clandestino. Bustos, afirmó el testigo, "desapareció por un problema interno de la fuerza, por orden de Bussi". Cruz ubicó a El Reformatorio frente a una carnicería, a unas siete u ocho cuadras de un puente que conduce a Salta y a diez o quince minutos del centro de San Miguel de Tucumán. La sala de torturas era una habitación en el primer piso que estaba cerrada con madera terciada gris. "La forma de torturar era con los teléfonos de campaña, conectándose el polo negativo a una cama de metal, mientras que el positivo se introducía en la vagina de la mujer, en los ojos o en la boca y en el miembro viril a los hombres. Se accionaba con una manivela. También se utilizaba el enterramiento de la persona hasta el cuello", declaró. Agregó que en el lugar se ponía la "Misa Criolla" para que los vecinos no escucharan los gritos de los torturados. Cruz recordó los apellidos de algunos represores: mencionó a Palomo (alias García), como jefe de interrogadores; al alférez Montes de Oca, como oficial de enlace; a un tal Aguirre y al alférez Sowiski, como jefe de personal. Cruz fue destinado a Córdoba antes de que la detenida "morocha" tuviera familia, pero por comentarios de los guardias, entendió que fue fusilada y que su bebé fue entregado "en adopción". Además de Cruz declararon ante Bagnasco Ana Cristina Moavro y Walter y Nancy Alarcón, todos familiares de desaparecidos. Simón Lázara y Sergio Di Gioia de la APDH y los abogados Juan José Prado y Alberto Pedroncini estuvieron presentes en las audiencias. Moavro relató que su hermana Amalia Clotilde fue secuestrada el 4 de octubre de 1975 --durante el Operativo Independencia-- en su casa de San Miguel de Tucumán junto a su esposo. Amalia estaba embarazada de cuatro meses. Su hijo o hija debió haber nacido en febrero o marzo de 1976, cuando Bussi estaba en Tucumán. La mujer reveló que "un abogado llamado Juan Carlos Iglesias le informó a la familia que había tenido contacto con un alto oficial del Ejército, que en una noche de copas le había dado algunos datos de la hermana". La versión indica que Amalia tuvo una niña que fue dada "en adopción". La familia sospechó que la mujer estuvo secuestrada en el campo conocido como La Escuelita de Famaillá. "Ya no tengo esperanza de encontrar con vida a mi hermana y mi cuñado pero me gustaría saber la verdad sobre lo que pasó y si nació el bebé, que ya debe tener 23 años. Me gustaría conocerlo y que sepa que fue deseado y que tiene una familia que lo quiere", afirmó Moavro, profundamente conmovida. Los hermanos Alarcón se refirieron a la desaparición de su familia, ocurrida el 26 de febrero de 1977. Nancy y Walter fueron secuestrados junto a sus padres, sus abuelos, sus tíos y sus primos y su hermana Mónica, de un año de edad. De las doce personas, los siete mayores y la niña más pequeña continúan desaparecidos. Nancy, en ese entonces de cinco años, Walter de cuatro, y sus primos, de seis y siete años, fueron dejados en una plaza. Cada uno tenía un juguete en la mano. Según consta en el informe de la comisión bicameral que investigó la represión en Tucumán, un policía le dijo a la tía que recuperó a los niños que "fueron encontrados 'vagueando' en la vía pública". El caso de Mónica Alarcón está siendo investigado por el juez tucumano Ricardo Maturana. En abril de este año, la APDH le presentó a Bagnasco otros seis casos de embarazadas secuestradas en Tucumán mientras Bussi era gobernador. Además, el represor estaba señalado en esta causa por robo de bebés por su responsabilidad en las apropiaciones de los menores que nacieron clandestinamente en Campo de Mayo cuando era segundo comandante de Institutos Militares, entre diciembre de 1977 y enero de 1979. Hoy se agregarán a estas declaraciones la de Adelaida Campopiano, reconocida dirigente de derechos humanos de Tucumán, y las de dos soldados. COMO DIPUTADO, BUSSI PUEDE NEGARSE A DECLARAR
Quienes tienen otra interpretación de la inmunidad parlamentaria consideran que Bagnasco podría citarlo igualmente pero la medida (la declaración indagatoria y la detención) quedaría en suspenso si Bussi decide ampararse en esa protección. Sin embargo, un pedido de desafuero por delitos aberrantes girado a los legisladores que tienen que decidir el destino del represor tendría un efecto contundente. "La Cámara tendría un motivo de peso para agilizar el trámite de rechazo de su diploma", opinó un prestigioso jurista. Según esta misma argumentación, la declaración indagatoria no implica perder los fueros, y los jueces podrían incluso procesar a ese acusado, pero el límite es la restricción de la libertad, es decir, no podrían enviarlo a la cárcel. Entre 1993 y 1995 Bussi ocupó una banca en el Parlamento. Fue entonces que omitió mencionar su cuenta suiza en la declaración de bienes que presentó antes de asumir ese cargo. Los cuatro años siguientes ocupó la gobernación de Tucumán, hasta que el 6 de junio fue electo diputado provincial por Fuerza Republicana. Por las dudas, Bussi se presentó también en la lista de legisladores nacionales y cuando estuvo seguro de haber "entrado" al Congreso renunció a la banca provincial sin dar motivo alguno. Según la Constitución, como diputado nacional electo goza de fueros desde que fue elegido por el voto popular hasta el final de su mandato. "Sería una enorme contradicción con la naturaleza de los fueros que Bussi se amparara en ellos para no presentarse ante la Justicia porque esa inmunidad es un amparo de los legisladores para protegerlos en su función y no para que un represor los utilice como refugio por actos que hizo en momentos en que estaba lejos de ser diputado", enfatizó el diputado socialista Jorge Rivas que integra, junto a Alfredo Bravo y Diana Conti, el grupo parlamentario que tomó la iniciativa contra el general. Rivas recordó que los fueros eran utilizados por los integrantes de la Cámara de los Comunes para defenderse de los ataques de la monarquía. "El juez Bagnasco puede convocarlo a indagatoria, pero para nosotros ya está probado que Bussi es responsable de 800 muertes, que se enriqueció en forma ilícita y que mintió en declaración de bienes", concluyó el diputado.
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del delito de "sustracción, retención, ocultamiento y supresión de identidad de
menores nacidos en cautiverio", también ordenará su detención por la gravedad de
los cargos. El magistrado escuchará hoy los testimonios de Adelaida Campopiano, madre de
un desaparecido tucumano, y de dos soldados sobre el protagonismo del ex gobernador de
Tucumán en la represión durante la dictadura. Pero no tomaría ninguna resolución sobre
la situación procesal del general hasta que la Cámara de Diputados decida si lo acepta
entre sus miembros. "Por ahora goza de la protección que le dan sus fueros de
diputado electo", explicó a Página/12 un funcionario judicial.