EL PLAN DE LA ALIANZA PARA COMBATIR LA EVASION LES APUNTA A GRANDES CONTRIBUYENTES
"Evasores, ríndanse que están rodeados"

La batería de medidas contempla formar "una fuerza operativa especializada" para controlar a grandes contribuyentes, con agentes dotados de computadoras portátiles y buenos sueldos.

"Vamos a implementar un programa contra la evasión. No puede ser que en Argentina se evada un peso por cada dos que ingresan al Estado", se quejó ante la prensa Terragno, después de reunirse con el actual jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez. Así, tras contar con el visto bueno de De la Rúa, terminó de blanquear en público su intención de asumir un rol protagónico en el manejo de la Administración Federal de Ingresos Públicos que, como él se preocupa en aclarar, "es una responsabilidad del jefe de Gabinete por mandato constitucional".

En los últimos días Terragno expresó su disconformidad con la ratificación de Carlos Silvani, actual titular de la AFIP, al frente del organismo por seis meses más. Y fue quien se encargó, personalmente, de mostrarle al presidente electo los alarmantes números de evasión fiscal en Argentina que revelan los documentos elaborados por los técnicos de la Alianza: en los últimos tres años, la evasión en Ganancias de las empresas creció en 4400 millones de pesos, y hoy alcanza el record del 57 por ciento. También es alarmante el incumplimiento en otro impuesto progresivo como Bienes Personales (llega al 49 por ciento). Y en el IVA sigue siendo altísima en sectores tales como la construcción, agro y comercio (ver aparte).

Esas cifras, adelantadas por este diario, convencieron a De la Rúa de dos cosas. Por un lado, de la necesidad de lanzar, cuanto antes, un "plan antievasión". Por el otro, llegó a la conclusión de que la conducción de dicho plan, por una cuestión elemental de imagen, no podía ejercerla Silvani, el único funcionario menemista que sobrevivirá en el poder a Menem después del 10 de diciembre.

El tributarista Antonio Figueroa es el principal asesor de Terragno en temas tributarios. Pero en los últimos días el futuro jefe de Gabinete se reunió también con los equipos de la Alianza especializados en administración impositiva, que coordinó el frepasista Arnaldo Bocco.

El programa enfatiza tres aspectos. Primero, la importancia de completar la informatización de la AFIP, en especial en el área de fiscalización. La idea es dotar a los inspectores de computadoras portátiles (notebooks), de modo tal de realizar las fiscalizaciones "on line". Así, no sólo se simplificaría la tarea en las empresas sino que, además, se llevaría un control del trabajo de los propios inspectores, minimizando los casos de corrupción.

Segundo, propone la creación de una fuerza de elite para monitorear a un selecto grupo de grandes contribuyentes no sólo en la Capital sino en el interior del país. En este sentido, se implementaría un novedoso esquema de cruzamiento de información con las direcciones de Rentas provinciales y municipales, que hoy funcionan en forma paralela y sin coordinación alguna con la AFIP. El trabajo destaca la importancia de las "tareas de inteligencia previas", y subraya que "se debe limitar el número de denuncias a fiscalizar, pues éstas absorben una gran capacidad operativa y suelen tener muy baja rentabilidad".

Tercero, se alentaría la "prejudicialidad", poniendo en funcionamiento un "sistema de arreglos en sede administrativa" con los contribuyentes en falta. Según cálculos que manejan en la Alianza, actualmente hay más de 4500 juicios contra evasores, que navegan a la deriva por Tribunales. Por eso, hasta tanto no se haga realidad la creación del fuero tributario (ver aparte), la mejor solución --se estima-- sería la vía administrativa. Las principales medidas del plan son las siguientes:

* Centralización de la investigación en un número no mayor de 10.000 clientes tributarios, incluyendo a los grandes contribuyentes nacionales y los más significativos de cada región del país.

* Creación de "una fuerza operativa especializada" para seguir a este grupo, en colaboración con Rentas de las provincias, para establecer "un control fiscal permanente".

* Establecimiento de una delegación de funcionarios de la AFIP en la sede central de la Policía Federal, para agilizar el vínculo con el área de delitos económicos de la repartición.

* Desarrollo de "una fuerza de verificación especializada en el control caminero orientada a detectar el transporte de mercadería no documentada". * Cambio del sistema de remuneraciones de la AFIP, de manera que "los logros en el aumento de la recaudación de impuestos directos se traduzcan en mejores salarios para los funcionarios responsables".

PROPONEN CREAR UNA JUSTICIA ESPECIAL PARA EVASORES
Jueces, evasores y códigos

Por David Cufré
La cruzada antievasión que prometió ayer la Alianza incluirá una profunda reestructuración del marco legal. El plan se sustenta en dos ejes. Por un lado, se creará un nuevo fuero judicial, dedicado exclusivamente a resolver causas por delitos de fraude fiscal. El segundo punto es la modificación del código tributario, a fin de dotar a la DGI de mayores atribuciones para perseguir a evasores. Las dos iniciativas apuntan a agilizar las actuaciones de fiscalización del pago de impuestos. El actual titular de la AFIP, Carlos Silvani, elaboró un proyecto que autoriza a la DGI a realizar embargos y clausurar comercios sin orden judicial, lo que motivó una encendida crítica de abogados y tributaristas. Sin embargo, la Alianza aggiornó esa iniciativa, diluyendo sus aspectos más polémicos, pero rescatando el "espíritu" de mejorar la ejecutividad del organismo recaudador.

El gobierno de Fernando de la Rúa buscará crear la imagen de inflexibilidad y eficiencia en la lucha contra la evasión. Pero en lugar de concentrar esas cualidades en una figura de alta exposición pública, como ocurrió con Carlos Tacchi --secretario de Ingresos Públicos durante la gestión de Domingo Cavallo en Economía--, la Alianza pretende apoyarse sobre la legitimidad de un nuevo marco institucional. En ese sentido, impulsa la creación de un fuero judicial tributario, cuyos miembros sólo atenderán causas por evasión --incluidos los aportes a la seguridad social-- y contrabando.

Cuando a Silvani se le objeta su incapacidad para disminuir el incumplimiento fiscal, traslada la responsabilidad a la Justicia. El funcionario aduce que es allí donde se demoran las condenas y la resolución de las denuncias que presenta la DGI. Para resolver esta situación, el funcionario encargó a la consultora del tributarista Félix Lamas que elabore un proyecto de modificación del código tributario.

La propuesta final establece que la DGI puede tomar decisiones que hoy son facultad exclusiva de los jueces. Las dos más polémicas son la aplicación de embargos y clausuras sin orden de un magistrado. Tangencialmente, abogados y especialistas en impuestos también cuestionaron que se le haya encargado a Lamas el diseño de la iniciativa, trabajo por el cual habría cobrado 300 mil dólares. Lamas ocupó un alto puesto en la DGI durante la dictadura, y fue dado de baja con el retorno de la democracia por supuestas irregularidades.

La Procuración del Tesoro, la Asociación de Estudios Fiscales y los profesores de Finanzas y Derecho Financiero de la Facultad de Derecho de la UBA fueron lapidarios en sus críticas al proyecto Silvani-Lamas. El argumento central es que la DGI se convierte en "juez y parte". No obstante, la Alianza tomó la base de esa propuesta y la reelaboró. La idea es que la DGI puede avanzar en "vía administrativa" en las causas de evasión, para no demorar en trámites burocráticos, y que una vez que se completen las actuaciones el juez emita su fallo velozmente.

NO HAY ACUERDO POR EL PRESUPUESTO CON GOBERNADORES
Máxima tensión hasta el minuto final

A once días del traspaso del mando, el Presupuesto 2000 se ha convertido en una obsesión para la Alianza. Los máximos referentes de la coalición y varios de sus diputados dedicaron las últimas 72 horas a intentar persuadir al justicialismo de la necesidad de tener aprobada la norma antes del viernes 10. Pero hasta anoche la negociación con los gobernadores del Norte continuaba trabada, y José Luis Machinea analizaba distintas variantes para que el nuevo gobierno no empiece su gestión sin la ley de Presupuesto.

Durante todo el fin de semana y ayer, la Alianza intentó llegar a un acuerdo con los gobernadores del Noroeste. Pero no lo logró, a pesar de que Machinea mejoró la oferta, tal como adelantó Página/12. El designado ministro de Economía propuso a los mandatarios rebeldes enviarles unos 1400 millones de pesos mensuales durante el año 2000: 900 millones en concepto de coparticipación tributaria y otros 500 millones por los fondos específicos de cada distrito.

La semana pasada, el propio Machinea les había promedio un monto fijo mensual de 1300 millones. Pero ante la rotunda negativa de los gobernadores de Jujuy, Salta, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero y Formosa, decidió elevar la oferta. Sin embargo, los jefes provinciales se mantienen en la negativa. "Antes de cerrar cualquier trato queremos conocer el paquete fiscal que aplicará De la Rúa. No nos sirve de nada decirle que sí a una propuesta y después perder fondos por quedar afuera del reparto de los nuevos impuestos", le comentó ayer uno de los gobernadores a este diario. Al respecto, los diputados de la Alianza Guillermo Estévez Boero y Rubén Giustaniani presentaron una iniciativa para crear un impuesto extraordinario a las empresas privatizadas, equivalente al 10 por ciento sobre sus ganancias y que se pagaría por única vez.

Los seis mandatarios del Norte, junto a Néstor Kirchner (Santa Cruz) y Carlos Manfredotti (Tierra del Fuego) se encontrarán hoy a las 16 en la sede que Misiones tiene en la Capital. Allí, todos juntos analizarán la nueva propuesta de Machinea y, más tarde, se encontrarían con el futuro titular de Hacienda.

Pero ante la eventualidad de que los gobernadores mantengan su negativa, la Alianza está elaborando planes alternativos. De hecho, ayer hubo contactos entre diputados de la coalición y del PJ para intentar destrabar la sanción del Presupuesto. Si no hay acuerdo con los mandatarios, el justicialismo podría igualmente dar quórum en la sesión de mañana e incluso permitir que se llegue a la media sanción de la ley. De esta manera, Machinea ganaría tiempo para seguir negociando con los gobernadores y evitaría dar una mala señal a los inversores. Lo que aún no está claro es sobre qué dictamen se votará, dado que el surgido de la Comisión de Presupuesto y Hacienda ha merecido más de una objeción de fondo por parte de los aliancistas.

Si sube la recaudación, bajaría la tasa del IVA

El gobierno de la Alianza se plantea atar, por ley, el eventual aumento de la recaudación impositiva a la obligación de una baja automática en la tasa del impuesto al valor agregado (IVA). Carlos "Chacho" Alvarez, vicepresidente electo, estimó que por cada mil millones de pesos de recaudación extra se podría bajar un punto la tasa del IVA. El proyecto respectivo fue enviado ayer al Congreso.

La futura administración busca dar señales de que los esfuerzos por recaudar más, de ser exitosos, redundarán en beneficio de los que cumplen. Por otra parte, necesitará revertir la imagen negativa que quedará tras la probable implementación de un paquete impositivo que elevaría la tasa de las contribuciones por Ganancias de las personas, de Internos a productos de consumo masivo y, eventualmente, de Bienes Personales.

Alvarez se refirió ayer al "compromiso legal" que está dispuesta a asumir la Alianza, para "bajar automáticamente los impuestos cuando aumente la recaudación". En declaraciones a la prensa al término de la segunda reunión del designado gabinete de Fernando de la Rúa, en las oficinas de Florida al 300 de Capital, Alvarez remarcó que la futura administración buscará "una correspondencia entre aumento de recaudación y baja de impuestos". Citó que "cada punto del IVA que se baja corresponde a mil millones de pesos: es decir, que si se mejora la recaudación en dos mil millones de pesos, se podría bajar el IVA del 21 al 19 por ciento".

Otro de los proyectos bajo análisis en la Alianza es extender la aplicación del IVA a actividades hoy exentas, como el transporte y los espectáculos públicos. Los mismos serían gravados a una tasa reducida (10,5 por ciento), al igual que la que abonan actualmente algunos rubros alimentarios.

Con esta batería de medidas, más la esperada recuperación del ciclo económico durante el año entrante, los equipos técnicos de la Alianza esperan poder cumplir con las metas presupuestarias, siempre que se consigan contener algunos rubros de gastos y las provincias se avengan a acordar una reducción en sus pretensiones de transferencias. A partir de allí, quedaría habilitada la posibilidad de reflejar en una baja de tasas la mejora que se registre en la recaudación. En caso de conseguir dicho resultado, la rebaja de tasas sería aplicable a partir del año 2001.

Esta suerte de "convertibilidad recaudatoria" es otra forma --al igual que la convertibilidad monetaria y fiscal-- de restringir la capacidad de acción del gobierno nacional. Al no poder hacer uso de los aumentos de ingresos impositivos, la posibilidad de cubrir otras necesidades sociales se limita a mejorar la eficiencia en el gasto, pero sin aumentar su monto. Siguiendo el modelo neoliberal impuesto, la mejora en la recaudación no se traduciría en mayores transferencias a los sectores necesitados, sino en una devolución de tributos en la forma de baja de tasas.

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