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Por Irina Hauser  "Es
cierto que hubo conversaciones, pero fueron de carácter informal", dijo a Página/12
un funcionario del Ministerio de Justicia, la repartición que debe redactar el decreto de
indulto que podría favorecer a Mohamed Alí Seineldín y a sus seguidores carapintadas,
así como a Enrique Gorriarán Merlo y a los demás participantes del ataque al cuartel de
La Tablada. A pesar de sus tibias desmentidas, ni el Ministro del Interior, Carlos Corach,
ni el presidente, Carlos Menem, dieron por descartado que el perdón en cuestión pueda
llegar antes del cambio de mando. De hecho, cuando hace dos semanas los representantes de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaron la Argentina, el gobierno
les hizo saber que probablemente el indulto con firma de Menem resolvería las
controversias con la entidad. Fernando de la Rúa y Carlos "Chacho" Alvarez
objetaron la posible medida. "Es típico de cada fin de año que cobren fuerza los rumores sobre posibles indultos", intentó matizar el vocero de Justicia. --¿Pero el decreto está redactado, al menos hay algún borrador? --le preguntó este diario. --No hay nada --contestó. Papeles, al parecer, no hay. Pero el Gobierno ayer puso en circulación opiniones que no daban el indulto por descartado. "No está absolutamente decidido" y "no hay ningún decreto firmado", dijo Corach cuando, como todas las mañanas, lo abordó en la puerta de su casa un aluvión de cronistas. Menem usó otras palabras: "Son solamente trascendidos, nada más, es una cuestión muy compleja que hay que considerar". Y añadió otra picardía: "Por ahora no se me ocurrió (firmar ningún indulto)". Hoy a las 15 se reunirán Corach y su futuro reemplazante, Federico Storani, y es probable que toquen el tema. Cuando días atrás pasó por Buenos Aires, el presidente de la CIDH, Robert Goldman, aseguró que según las conversaciones mantenidas con el Gobierno el caso de los presos del Movimiento Todos por la Patria (MTP) se resolvería antes del fin del mandato de Menem. "Tenemos expectativas sobre un indulto o una conmutación de penas", anunció Goldman. La CIDH, en efecto, viene mostrando gran preocupación. El diálogo con la Argentina se acrecentó desde que en 1997 emitió un informe en el que consideró probado que durante la recuperación del cuartel de la Tablada, en enero de 1989, los militares asesinaron y torturaron a miembros del MTP y recomendó que se tomen "las medidas apropiadas para reparar a las víctimas". Con respecto a Seineldín, que está preso en Campo de Mayo por el alzamiento carapintada del 3 de diciembre de 1990, Corach dijo que no hay ningún pedido formal de indulto a su favor. El ex coronel nunca lo reclamó expresamente, pero sí lo solicitó a favor de sus subordinados. Desde la Alianza, el presidente y el vicepresidente electos manifestaron su disidencia con un posible indulto. "No estoy de acuerdo, no sé que haya ninguna posibilidad", dijo Fernando de la Rúa. Carlos "Chacho" Alvarez se encargó de ampliar los cuestionamientos: "Siento que hay un profundo rechazo a la política de indultos del presidente Menem", dijo. Sostuvo que indultar es una práctica "anacrónica" y que "no debería existir en la democracia". "También sufrimos el indulto de Menem a los ex comandantes", agregó. Alvarez interpretó, a su vez, que si Menem firma el indulto es ante todo "para cumplir con Seineldín, porque tuvo una política casi de alianza con ese sector del Ejército". El ex presidente Raúl Alfonsín, que gobernaba durante los hechos de La Tablada, no quiso hacer declaraciones. La misma actitud tuvo el jefe del Ejército, Martín Balza. En la Casa Rosada creen que la respuesta de la Alianza "no fue demasiado contundente", según dijeron a este diario fuentes del Gobierno. Presumen que es "porque no quisieran tener que resolver el tema" en su gestión futura. Los comentarios de la Alianza sorprendieron a los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que patrocinan a los miembros del MTP, y esperan una buena noticia para darles.
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