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Por Cledis Candelaresi  El viernes
por la noche Carlos Menem estampó su firma en el decreto que había rubricado horas antes
Roque Fernández para aprobar la renegociación del contrato de Trenes Metropolitanos,
según aseguró la empresa a Página/12. La norma, tal vez una de las últimas de la
gestión menemista, permitiría prorrogar la concesión de las líneas urbanas Roca,
Belgrano Sur y San Martín, cuyas tarifas sufrirán un ajuste promedio no inferior al 80
por ciento. Atrás quedaría la oposición manifestada en la audiencia pública por
municipios bonaerenses y la propia gobernación de Buenos Aires, a través del ministro de
Obras Públicas provincial. Por el contrario, el futuro gobierno apoyaría este acuerdo.Al igual que el contrato de TBA, operadora del Mitre y el Sarmiento, esta revisión contractual resulta muy controvertida. Tanto, que al mismo tiempo que el Metropolitano aseguraba que el decreto aprobatorio se firmó, fuentes de la Jefatura de Gabinete negaron ante este diario que la rúbrica se hubiera formalizado. Se trata de la segunda revisión contractual de líneas urbanas que se realiza sobre el mismo concepto: al finalizar los diez primeros años de la concesión (en el 2004 y en el 2005, para estos trenes), el Estado dejará de subsidiarlos y los adjudicatarios costearán inversiones no previstas originalmente con importantes aumentos tarifarios. Trenes Metropolitanos --que integran por mitades los colectiveros de Trainmet y la constructora Ormas-- aplicará ajustes escalonados que, en algunos tramos, superarían el 120 por ciento. El primer tarifazo, que oscilará entre el 15 y 20 por ciento, se aplicaría a fines del año próximo. A cambio, la adjudicataria se comprometería a un plan de obras cercano a los 1200 millones (netos de impuestos, que al ser incluidos le sumarían otros 500 millones a dicha cifra), que abarcaría, entre otras, la electrificación de algunos tramos y aire acondicionado en todos los coches. Lejos de satisfacer a todas las partes interesadas, ese programa inspiró firmes protestas de los distintos municipios que atraviesan las líneas y del propio gobernador Eduardo Duhalde, ya que no contemplaría una serie de mejoras consideradas como realmente beneficiosas para la provincia. Entre ellas, alguna que garantice un buen servicio para el multitudinario distrito de La Matanza. A través de su ministro de Obras Públicas, José Antonio Romero, el mandatario bonaerense denunció al acuerdo suscripto entre la Secretaría de Transporte y TM, entre otras razones, porque la electrificación del tendido férreo no llegaría a La Plata. Para acallar esta protesta, la empresa se avino a hacerlo antes del 2010, pero a condición de que la provincia se ocupe de hacer la trinchera, necesaria para que los coches no corran al mismo nivel que las calles. Finalmente, Buenos Aires habría accedido a cargar con esta parte de la obra. El equipo de la Alianza no es ajeno a esta negociación. Por el contrario, el futuro secretario de Transporte, Jorge Kogan, estudió minuciosamente los términos del acuerdo y su inminente jefe, Nicolás Gallo, también. Uno y otro reconocen que son partidarios de revisar los contratos, aunque no se manifestaron públicamente a favor de ninguno de los acuerdos celebrados por el gobierno saliente. Gallo objeta en general las renegociaciones ferroviarias, con el argumento de que no es posible que las empresas cobren primero el ajuste tarifario y después hagan las obras, algo que transformaría a los pasajeros en "banqueros" de los adjudicatarios. También criticó el diseño de planes de inversión sin consultar a las partes interesadas, en este caso, los municipios y provincias. Según Trenes Metropolitanos, su esquema respetaría a pie juntillas la condición de hacer obras, primero, para cobrar después. Tal vez por esta razón, el futuro ministro recomendó a los legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones abstenerse de dictaminar en contra del nuevo contrato. Y quizás por esto en el plan de obras públicas que anunció el fin de semana, aludió a multimillonarias inversiones de los adjudicatarios, coincidiendo con lo que contemplan las revisiones objetadas.
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