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LA ALIANZA Y EL PJ SE PUSIERON DE ACUERDO Y NO PERMITIRAN QUE BUSSI JURE HOY
El represor no tiene quien lo banque

Hoy se toma juramento a los diputados entrantes. Pero la mayoría de los diputados votarán favorablemente las impugnaciones planteadas por la Alianza, que serán expuestas por Alfredo Bravo, y el diploma del represor pasará a Comisión por 4 meses. Bussi amenaza con presentarse en la sesión.

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Antonio Domingo Bussi anhela desesperadamente los fueros para eludir las causas por      enriquecimiento ilícito y robos de bebés.

Por Felipe Yapur

t.gif (862 bytes)  El ex dictador y responsable del genocidio perpetrado en Tucumán durante la última dictadura militar, Antonio Domingo Bussi, no podrá jurar hoy como diputado nacional. Por una iniciativa de la Alianza, que cuenta con el respaldo del justicialismo, el diploma del ex gobernador tucumano y las impugnaciones serán enviados a la Comisión de Poderes, Petición y Reglamento. Esta deberá definir si hay elementos o no para impedir el acceso a una banca y, de acuerdo a los propios parlamentarios, esto ocurrirá recién en marzo del 2000. A pesar de ello, Ricardo Bussi, diputado y vástago del militar, prepara “la defensa” de su padre, donde remarcará que “nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”. Es decir que tendrá, como reflexionó el socialista Alfredo Bravo, “lo que él nunca le concedió a ninguno de los detenidos desaparecidos”. Hoy, poco después de que den las diez de la mañana, la Cámara baja se reunirá para tomar el juramento a los 130 diputados que se incorporan a partir del 10 de diciembre. Pero Bussi no podrá hacerlo. De acuerdo a la estrategia acordada entre las bancadas mayoritarias y tal como indica el reglamento parlamentario, por secretaría se leerán las impugnaciones que hayan sido presentadas. Todas las que tienen en su poder las actuales autoridades del Congreso están dirigidas contra Bussi. Poco después de que se fundamenten las impugnaciones, se pasará a votar. Para evitar sorpresas, diputados de la Alianza quieren que la votación sea nominal. “De esta forma el que apoye a Bussi quedará escrachado para toda la vida”, confió un operador del Frepaso. El socialista Alfredo Bravo será el encargado de fundamentar las presentaciones de la Alianza. Por el justicialismo hablarán el tucumano Amado Juri y el salteño Marcelo López Arias. Bussi, si quiere, podrá pedir la palabra. Las impugnaciones estarán basadas en las causas por violaciones a los derechos humanos que se generaron después de la leyes de Punto Final y Obediencia Debida y que lo tienen al general retirado como responsable principal. Los diputados indicarán que la Cámara “como juez de sus títulos” puede aceptar o revocar, luego de un juicio, el diploma del legislador electo. En base a este argumento la intención es impugnar y derivar el caso Bussi a la Comisión de Poderes, Petición y Reglamento. Esta será la encargada de dictaminar si hay motivos para que Bussi acceda o no a la banca tan preciada. Algunos de los diputados consultados sostienen que esta decisión recién se conocerá a partir de marzo del 2000, cuando comiencen las sesiones ordinarias de la Cámara, porque la definición del diploma del dictador tiene que realizarse durante el período de sesiones ordinarias de la Cámara. Por lo que el ex dictador quedará en el limbo durante cuatro meses, en que los legisladores más radicalizados, como Bravo, esperan que avancen las causas penales contra el dictador, como la que instruye Adolfo Bagnasco por la apropiación de menores.Aquí es donde comienzan las diferencias entre los legisladores. Hay algunos que sostienen que Bussi tendrá fueros a pesar de no estar incorporado a la Cámara. Otros, en tanto, dicen que el anciano general estará a merced de la Justicia que lo reclama y que deberá recorrer los pasillos judiciales.Bussi, a pesar de los trascendidos, estará hoy presente en la sesión. Su hijo Ricardo aseguró a este diario que “no hay nada por qué temer. Mi padre asumirá como diputado porque no hay impedimento legal para ello”. Sin embargo, y a pesar de sus esforzadas palabras para parecer tranquilo, reconoció que prepara la defensa de su progenitor. “Es verdad que hay causas nuevas por el delito de genocidio. Pero el juez que lo investiga todavía ni siquiera lo citó a declarar”, se defendió Bussi hijo en referencia a la causa que lleva adelante el juez Bagnasco. Inmediatamente, y respaldándose en las declaraciones del futuro ministro de Justicia de la Alianza, Ricardo Gil Lavedra, y del actual ministro del Interior, Carlos Corach, el diputado Bussi indicó que “no es éste el momento de recibirimpugnaciones: todos los candidatos a diputados nacionales nos hemos sometido a un período de impugnaciones y tachas en la Justicia federal en nuestro distrito”.Pero los argumentos del bussista no son tomados en cuenta por la radical Elisa Carrió, quien aseguró que Bussi está acusado de “delito de lesa humanidad” y “por lo tanto tiene una inhabilidad moral” que le impide incorporarse como diputado y agregó que la “voluntad popular no está por encima de la Constitución”. Esto último en obvia referencia a la intención de Bussi de hacer valer los 90.000 votos que obtuvo el pasado 24 de octubre y que lo depositaron en la puerta del Parlamento. Por otro lado, el tucumano José Vitar, quien hoy prestará juramento como diputado, indicó que “las impugnaciones presentadas y el mecanismo por el que se le rechazará el pliego a Bussi se realizó respetando la Constitución y el reglamento de la Cámara. Así Bussi no podrá recurrir a la Justicia”.De todas formas, el hijo de Bussi ya anunció que recurrirá a los estrados judiciales. Paradójicamente dijo que, si no le permiten a su padre jurar, “los diputados se atendrán a las consecuencias por violentar las normas establecidas”. Asimismo indicó que durante la exposición que realizará hoy recordará que “muchos de los actuales diputados y los electos tienen causas en la Justicia y nadie dice nada. No sé entonces por qué se ensañan con Bussi”. Según el hijo del dictador, “por una cuestión de delicadeza” no piensa dar los nombres de los legisladores que tienen deudas con la Justicia. La respuesta llegó del lado del socialista Jorge Rivas, quien sostuvo que “puede ser que haya legisladores que tengan causas penales, pero ninguna de ellas es por la desaparición de 800 personas, apropiación de menores y hasta de falsear la declaración jurada que realizó cuando fue diputado en 1993 y así ocultar las cuentas bancarias que tenía en Suiza”. Por lo pronto, y de mantenerse los acuerdos entre la Alianza y el PJ, el Parlamento argentino no contará entre sus filas a uno de los máximos responsables del genocidio. “Es lo menos que puedo hacer por mis compañeros muertos”, ejemplificó Juri, quien en 1976 fue gobernador en Tucumán y Bussi lo encarceló luego de hacer desaparecer a varios de los integrantes de su gabinete (ver nota aparte).

 

Claves

* Hoy deben jurar los 130 diputados elegidos el 24 de octubre. Entre ellos está el dictador tucumano Antonio Domingo Bussi.
* El represor busca los fueros parlamentarios para lograr inmunidad en las causas penales abiertas en su contra.
* La Alianza y el PJ han acordado impugnar su diploma.
* El aliancista Alfredo Bravo, promotor de la iniciativa, será el primer orador.
* Luego adherirá a su posición el peronista Marcelo López Arias.
* Se votará nominalmente la impugnación y se pasará a Comisión por cuatro meses la designación.
* Los aliancistas esperan que la Comisión rechace el diploma de Bussi. También confían en que durante esos cuatro meses avancen los juicios penales contra el dictador, en especial la referida a robo de bebés que se tramita en el juzgado de Bagnasco.
* La sesión de hoy será presidida por el peronista Amado Juri, que era gobernador de Tucumán en 1976 y fue derrocado por Bussi, quien lo tuvo preso sin causa durante tres años.


 

EL GOBERNADOR DERROCADO EN EL ‘76 PRESIDE LA SESION
“No es revancha, es justicia”

Por F. Y.

t.gif (862 bytes) “Bussi no jura como diputado. Y para mí será una satisfacción porque de esta forma se hace justicia por todos aquellos que mató en Tucumán”, aseguró a Página/12 el diputado tucumano Amado Juri, quien fue en 1976 el gobernador que el ex dictador derrocó y que pasó tres años detenido sin causa. Juri se esfuerza por aclarar que su postura nada tiene que ver con la venganza: “Yo pido justicia, no es una revancha porque a mí no me gusta el dolor, ni la sangre, ni el odio. Le reitero, lo hago por justicia y para que nunca más vuelva a suceder este genocidio y por la paz de los familiares de quienes murieron en esos años”.
–El 24 de marzo de 1976 fue Bussi quien lo detuvo a usted. ¿Qué recuerda de esos días?
–Fue muy duro. A las tres de la mañana me buscaron y me llevaron hasta la casa de gobierno. Ahí estaba él, bufando como un león. Nos insultó y nos amenazó. Poco después fui a parar a la cárcel de Villa Urquiza, donde pasé 2 años, 9 meses y 7 días haciendo trabajos forzados.
–¿Qué eran los trabajos forzados?
–En ese momento tenía 62 años y me obligaron a trabajar en la cortada de ladrillos que tenía la cárcel. Yo no dije nada, ni me quejé. Mientras tanto Bussi decía que todos los que habíamos estado en el gobierno justicialista habíamos cometido delitos de corrupción. Cuando salí nunca comprobaron nada.
–¿Bussi iba al penal?
–Cada tanto. Me acuerdo que poco antes de irse de la provincia llegó hasta la cárcel. En medio de gritos de furia y amenazas nos dijo que él era el responsable de todo lo que había sucedido en Tucumán. Qué cosas que tiene la vida, ahora el caradura busca escaparles a todos los crímenes que cometió. Eso no es de hombres, es de cobardes.
–Varios miembros de su gabinete permanecen aún desaparecidos.
|–Sí. Todavía recuerdo el clamor de sus familiares pidiendo por la vida de esta pobre gente. Me acuerdo de José Chebaia, quien fue mi secretario de Acción Social. De mi secretario general de la Gobernación, Eduardo Tenreyro, y de Dardo Molina, quien fue presidente del Senado. –Usted es el diputado de mayor edad y tiene que tomarle juramento.
–Así es. Pero si se decide tomarle el juramento yo me excusaré. No puedo hacerles eso a mis compañeros muertos.

 


 

El único precedente es Ramoncito Saadi

t.gif (862 bytes) La impugnación del diploma de Antonio Bussi, solicitada hoy por representantes de la Alianza y el justicialismo, que le impide al ex gobernador tucumano asumir como diputado hasta que se realice un “juicio interpares”, no tiene precedentes en la Cámara baja. Existe sí un antecedente en el Senado: el diploma de Ramón Saadi, que fue también sistemáticamente bloqueado desde 1995 por la Alianza y por varios dirigentes del justicialismo. Paradójicamente, el ex gobernador de Catamarca, asume hoy como diputado. La incorporación al Senado de Ramón Saadi fue resistida, desde 1995, por un sector del bloque oficialista, especialmente por el actual gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, y también por los dirigentes Carlos Reutemann, Antonio Cafiero y José de la Sota. En 1998 un intento del menemismo por alzar a Saadi con la banca de senador por Catamarca resultó infructuoso, a causa de la división interna del justicialismo. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Jorge Yoma, dictaminó que Saadi debía ser incorporado, pese a que la Legislatura provincial se había negado a designarlo. La Corte Suprema se había declarado al margen, comprometiendo al Senado en la decisión, que finalmente frustró las intenciones de Saadi. A pesar de todo, el ex gobernador de Catamarca se incorpora hoy como diputado a la Cámara baja.En la Cámara de Diputados, por su parte, no se recuerda que se haya impugnado el pliego de algún legislador, aunque sí se les quitó el fuero a dos diputados en funciones, Angel Luque y Eduardo Varela Cid. El diputado catamarqueño fue desaforado como consecuencia de sus declaraciones sobre el crimen de María Soledad Morales. A Varela Cid, quien había sido electo representando al justicialismo porteño le quitaron los fueros y lo suspendieron en sus funciones, cuando el empresario postal José Ongaro lo acusó de pedir coimas. Varela Cid fue condenado en primera instancia a dos años y tres meses de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 y se lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por cinco años.

 


 

“Es nuestra oportunidad ahora que Menem no está”

El bloque de diputados del PJ se plegó a la estrategia de la Alianza, venciendo la oposición de unos pocos diputados menemistas.

Mario Das Neves (PJ, Chubut), uno de los impulsores del rechazo del diploma del dictador.
Llevó la voz cantante junto a Marcelo López Arias, Mario Cafiero y Humberto Roggero.

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Por Adrián H. Mouján

t.gif (862 bytes) “Con los impedimentos morales, nos alcanza. Este hombre nos persiguió y mató a muchos compañeros, y así y todo, nos comimos el indulto, y lo tuvimos que bancar. Pero ahora Menem no está, y ésta es la oportunidad de mostrar que seguimos siendo peronistas.” Con esta frase, el diputado justicialista Marcelo López Arias les reclamó a sus compañeros de bancada que apoyaran su proyecto para impedir el acceso del represor Antonio Domingo Bussi a la Cámara de Diputados. El legislador salteño se enfrentó con representantes menemistas que esgrimieron argumentos legalistas y políticos para cuidar una alianza con el titular de Fuerza Republicana. Además, y para no dejar flancos abiertos, el PJ acordó con la Alianza que la mayoría de las impugnaciones al pliego de Bussi estarán basadas en las violaciones a los derechos humanos que cometió. López Arias, abogado defensor de los derechos humanos en su provincia, el chubutense Mario Das Neves, la entrerriana Sara Amavet, el bonaerense Mario Cafiero y el titular del bloque justicialista, Humberto Roggero, se contaron entre los impulsores de la medida, con la que pretenden ir tomando distancia del menemismo. Además, Roggero recibió el apoyo de varios ilustres que hoy prestarán juramento, como el santafesino Jorge Obeid, el entrerriano Jorge Busti, el mendocino Arturo Lafalla y el misionero Ramón Puerta, actuales gobernadores, que a partir del 10 de diciembre ocuparán una banca en Diputados.“El consenso democrático de abrir el juego sin exclusiones no es una apertura sin límites; ese límite a determinados cargos públicos es para los casos de crímenes de lesa humanidad”, reza el proyecto de Cafiero. Y estas líneas fueron parte del argumento fundamental que se esgrimió en el bloque de diputados justicialistas para que triunfaran quienes proponían el bloqueo a la jura de Bussi. Mientras que los menemistas Miguel Angel Pichetto y la salteña Leila Chaya señalaron que “hay que tener cuidado con los precedentes que vamos a dejar sentados”.Detrás de este argumento se escondía la intención de que la acusación de “enriquecimiento ilícito” que pesa sobre Bussi no fuera pilar de la estrategia para que no llegue a la Cámara, ya que muchos legisladores –no solo menemistas sino también aliancistas– temen sufrir en un futuro las consecuencias de un olvido en su declaración jurada. Otros exhibieron argumentos políticos, ya que señalaron que “hay que recordar que Bussi nos puede dar una mano en Tucumán, donde (Julio) Miranda la tiene muy difícil”.En el bloque justicialista, como la unanimidad lograda recién anoche fue algo forzada, desde la cúpula de la bancada se advirtió que se pediría una votación nominal para decidir si el pliego de Bussi debe pasar o no a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. De esta forma, aquellos que apoyan al represor se verían obligados a definirse y quedar escrachados. En el camino, en las oficinas de Roggero y de varios diputados santafesinos y entrerrianos se recibieron amenazas, que algunos señalaron como provenientes del bussismo y del menemismo. En estas llamadas telefónicas, las voces anónimas amenazaron con recordar que tanto el jefe del bloque peronista como Jorge Obeid y Jorge Busti militaron en la Tendencia Peronista. “A mí qué me importa, me siento orgulloso de lo que fui y de lo que soy”, contestó Roggero. “A esta altura de la historia, y con el partido como está, haber sido ‘monto’ es una medalla”, afirmó Obeid, cuando le comunicaron la amenaza.


El relato de dos víctimas del dictador

Carmen Mitrovich

“Se trata de la dignidad de los diputados. Un asesino, un torturador, ¿es un par de ellos?” Carmen Mitrovich ansía que no le dén los fueros al dictador Antonio Domingo Bussi. Carmen se convirtió en representante de la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Tucumán después de la desaparición de su hija, Adriana Cecilia Mitrovich, y su yerno Ricardo Torres Correa. Ambos fueron secuestrados el 29 de abril de 1977. Adriana Cecilia se acababa de recibir de arquitecta y Ricardo estaba a punto de convertirse en ingeniero. Tenían una hija de seis meses que se crió con su abuela. En diciembre de 1978 Carmen fue detenida en una misa organizada por los organismos de derechos humanos. “Estuve Navidad, Año Nuevo y Reyes en el calabozo, donde conté 70 cucarachas”, relata. Carmen cuenta con lo que debe ser un record de allanamientos en el país: el Ejército entró a su casa más de veinte veces. Y tuvo que pagar un rescate por su otro hijo. “Morirme sabiendo que le han quitado los fueros es algo bárbaro”, asegura Carmen, que hoy tiene 70 años. La mujer confía en que Bussi termine tras las rejas y pide más. “¿Por qué conformarnos con la cárcel para Bussi?”, se pregunta Carmen y exige además que el represor sea expropiado del “botín de guerra”. “Que devuelva los bienes porque los roedores de sus hijos no tienen por qué quedarse con las 18 propiedades y la cuenta en Suiza. Eso de Tucumán. Y Bussi es el responsable de que no haya leche ni pan en la mesa de los hogares tucumanos.”

Julio Cesar Campopiano

Julio César Campopiano fue secuestrado el 21 de octubre de 1978. Tenía 18 años. Según pudo reconstruir su familia, estuvo detenido clandestinamente en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde cada quince días se hacía presente Antonio Domingo Bussi. Los testimonios de ex soldados detallan cómo, en ese lugar, Bussi disparaba el primer tiro preparado para las víctimas que eran alineadas alrededor de una fosa antes ser fusiladas. Adelaida “Pirucha” Campopiano, madre de Julio César y miembro de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, debía declarar ayer ante el juez Adolfo Bagnasco para aportar más pruebas sobre el plan sistemático de apropiación de bebés que tuvo a Bussi como jefe en Tucumán. No pudo viajar pero, afirma, está “pendiente” de lo que pase hoy en la Cámara de Diputados. “En la Cámara se ventilan más los delitos económicos y como madres eso nos duele”, afirma. Pero la reconforta saber que el represor “no pasará a la historia como un héroe, como se quiso disfrazar, sino como un asesino y ladrón”. El hecho de que los diputados impidan que Bussi jure como diputado para ampararse en los fueros que le inhiben ser juzgado por las violaciones a los derechos humanos, dice Pirucha, la “reconcilia con la indiferencia de la clase política”. “He vivido en función de demostrar el horror que significó Bussi en Tucumán. Siempre he pensado que no voy a cerrar los ojos hasta verlo caer”, asegura y espera que ese momento esté cerca.

 

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