Por Cristian Alarcón
El 10 de octubre de 1996, cuando el comisario Mario
"Chorizo" Rodríguez manejaba la Unidad Regional de Lanús, en su zona se hizo
uno de los operativos antidroga más espectaculares de aquel momento. En una sola noche,
la Bonaerense allanó 48 casas en el Gran Buenos Aires y fueron detenidas casi cincuenta
personas, a las que se les secuestraron apenas tres kilos de cocaína. La investigación,
se publicó en aquellos días, había sido extenuante y profunda. Se habían intervenido
alrededor de cien líneas telefónicas y hasta incluía fotografías aéreas de las casas
en las supuestamente se vendía la sustancia. La jueza que intervino fue una amiga de
Rodríguez, Raquel Morritz Dooglatz, quien acaba de renunciar a su cargo después de que
el Consejo de la Magistratura pidió su juicio político por proteger a un grupo de
policías. Treinta y tres de aquellos detenidos --presos hasta ayer-- fueron absueltos por
un Tribunal Federal de La Plata después de un juicio oral de dos meses. Los jueces
accedieron al pedido del fiscal Marcelo Molina, quien no quiso acusar a la supuesta banda
por falta total de pruebas: "En los años de ejercicio que poseo no imaginé tan
vergonzoso procedimiento", dijo al señalar las irregularidades, que incluyen desde
grabaciones ilegales a procedimientos sin fundamento. Todo indica que se trató de otra
causa "armada" por la policía para dirimir la interna de la fuerza.
Habían pasado sólo tres meses desde la caída de los narcopolicías
de la Brigada de Quilmes, la Bonaerense ya era famosa como la maldita policía y en la
puja interna de la fuerza el todopoderoso Mario "Chorizo" Rodríguez pugnaba
--en un combate contra el otro poronga de la fuerza, Angel "Coco" Rossi-- por
convertirse en el máximo jefe de la policía de Eduardo Duhalde. Menos de mes después,
en la sucursal de la empresa Andreani en Avellaneda, la policía masacraba a una banda de
ladrones, un operativo sospechado de estar armado como otro producto de la interna
policial.
En ese contexto es que en octubre cayó lo que se anunció como una
banda de policías y civiles. La superinvestigación que había llevado a los narcos
estuvo a cargo del comisario Fernando Montecchiari, aún de servicio en la Bonaerense.
"Montecchiari, quien manejaba un grupo operativo, dependía directamente de
Rodríguez y en ese sentido es increíble que el jefe no haya sabido lo que preparaba su
tropa cuando se trataba de un superoperativo", le dijo ayer a este diario uno de los
abogados defensores de los acusados, José Luis Federico.
Justamente en lo que preparaba la tropa es donde el fiscal del juicio
oral puso el acento ayer desistir de su acusación frente al tribunal, formado por María
Beatriz Aparicio, Ramón Valdés Wiber y Leopoldo Schifrin. Durante las audiencias, Molina
pidió que el comisario Montecchiari declarara dos veces. En su primer testimonio, el
policía dijo que llegaron a determinar que existía una red de narcos con protección
policial por "escuchas telefónicas, entrecruzamientos y tareas de
inteligencia". Después de las declaraciones de varios subordinados que contradijeron
sus dichos, el comisario sostuvo que "todo se basó en los datos de un
informante". Lo cierto es que fue en base a esas "investigaciones" que la
jueza Morritz ordenó el procesamiento de 38 personas a los pocos días de las
detenciones, entre ellos cinco policías, oficiales y suboficiales de la Comisaría 7ª de
Lomas, de la Comisaría de Dock Sud y de la Regional de Lanús.
Los abogados defensores insistieron durante el juicio con el rol que podría haber
jugado Rodríguez en la "preparación de esta causa". Sin embargo,
extrañamente, la firma del comisario no aparece una sola vez en los expedientes. El
fiscal Molina hizo hincapié en la ilegalidad de las escuchas telefónicas, que motivaron
los procedimientos y las detenciones. Sucede que Morritz Dooglatz no solicitó jamás a
los policías fundamentaciones para ordenar las grabaciones. Es más: nunca las escuchó
para ordenar los procesamientos. Las escuchas recién fueron remitidas desde la Brigada de
Lanús, actual DDI, hace dos meses, cuando las solicitaron los jueces del tribunal. En ese
punto, la narcocausa cayó por los mismos motivos que quedó anulada Strawberry. "La
diferencia --le dijo a este diario una fuente allegada al tribunal-- es que acá, montados
sobre vendedores de cuarta, armaron una gran banda y esto fue motivado claramente por la
interna policial."
| Una jueza muy cuestionada Raquel Morris Dloogatz renunció a su cargo de jueza federal de Morón el 23
de noviembre último, luego de convertirse en la primera magistrada que el Consejo de la
Magistratura suspendió y recomendó juzgar por presunto mal desempeño de sus funciones.
Morris Dloogatz estaba acusada de participar en una banda de policías bonaerenses que
exigía coimas a comerciantes del Mercado Central. Su juicio político fue solicitado por
otro juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, quien le atribuyó la comisión de los
delitos de prevaricato (dictar fallos en contra de la ley maliciosamente o por ignorancia
inexcusable), incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de
secreto. La ex jueza quedó bajo la lupa dos años atrás, cuando el fiscal Pablo Quiroga
detectó que había cerrado sospechosamente por falta de pruebas varias causas por
evasión impositiva. Al cabo de una pesquisa, el fiscal concluyó que una banda de
policías allanaba comercios y retiraba documentación por orden de la por entonces
magistrada y, si los papeles no estaban en regla, pedía coimas a sus dueños a cambio de
salvarlos de una investigación judicial. |
Dicen que la falta de controles permite el tráfico
Llueven críticas a la Aduana
Todos
apuntan contra la Aduana. Ayer, mientras el juez Jorge Brugo encabezaba un operativo en
las dependencias del Correo Argentino del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y de Retiro,
a la polémica sobre los controles de la Aduana se sumaron nuevas voces. El diputado Mario
Das Neves consideró “vergonzosos” los sistemas de control aduanero. Por su
parte, el Correo deslindó responsabilidades: “La Aduana nacional es el organismo
responsable de control de todo envío proveniente del exterior”. El titular del
Sindicato de Empleados Aduaneros, Carlos Sueiro, se sumó a las críticas y reivindicó el
papel de los empleados del organismo, que trabajan “sin el instrumental moderno
indispensable”. El juez en lo Penal Económico Federal, Jorge Brugo, cuestionó la
debilidad de los controles aduaneros y lo relacionó con la fusión de la Aduana y la DGI
en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Según Brugo, Carlos Silvani,
titular de AFIP, nunca respondió un oficio elevado por los ocho jueces de ese fuero para
que respondiera sobre estas cuestiones. “En la práctica –explicó–, la
oficina de narcotráfico de la Aduana ha sido desmantelada”.El diputado Mario Das
Neves, que encabeza una comisión parlamentaria que investiga ilícitos en la Aduana,
consideró “vergonzosos” los sistemas de control aduanero para detectar el
ingreso ilegal de drogas, en particular cuando se trata de mercadería que llega de
países “de alto riesgo”. “Viniendo de Colombia, que es una zona de alto
riesgo –agregó–, no se le puede asignar el canal naranja del sistema María,
donde sólo se controla que los documentos estén en regla, pero no qué contenido tienen
los embarques.” Y aseguró que en la Aduana “todavía hay algunos
personajes” que permiten el ingreso de mercaderías prohibidas. “La corrupción
que ha habido y hay todavía en algunos sectores de la Aduana ha sido tan grande que,
evidentemente, todavía existen personajes que permiten este tipo de cuestiones”,
afirmó.Por otro lado, Carlos Sueiro, titular del sindicato aduanero (Supara), afirmó que
“no fue por casualidad” que se encontró cocaína sino que “el personal de
la Aduana nacional realizó el descubrimiento, pese a que hace sus tareas sin el
instrumental moderno indispensable”. Según Brugo, el viernes, cuando Vilma Vásquez
Lañares, una peruana de 20 años, retiraba tres mesas ratonas de las oficinas del Correo
en Retiro, se descubrió que llevaban cocaína en las patas. Una de ellas cayó al piso y
se rompió, dejando al descubierto una bolsita alargada llena de cocaína. “No se
cayó ninguna mesa al suelo, tal como dijo el juez, e incluso hay un acta suscripta del
personal de la Aduana que describe cómo se realizó el procedimiento”, criticó.
Aunque aclaró que “compartimos con el juez que los mecanismos de control no están
acompañados del material mínimo y elemental para estos operativos, que hemos reclamado
miles de veces y que permitiría, con una simple operación con rayos, descubrir
contrabandos”.
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