Por Julio Nudler En una rueda de prensa
convocada para reivindicar el polémico Programa de Inspección de Preembarque de
Importaciones, después de las irregularidades que denunció Página/12 en su edición del
sábado último, Ernesto Rezk, presidente del Comité Ejecutivo, no llegó a explicar el
origen de certificados en los que, por ejemplo, figura una fecha de inspección en el
puerto de embarque posterior a la partida de los contenedores, o se dan por buenos precios
muy diferentes para mercancías idénticas, entre otros datos irrisorios. En concreto, los
auditores del sistema detectaron problemas en 903 certificados por valor FOB de 98.334.888
dólares (9,1 por ciento de lo auditado), emitidos por las seis empresas inspectoras entre
abril de 1998 y julio de 1999. Pero el equipo que comanda Rezk sólo aplicó 38 multas,
por algo más de cien mil pesos, cuando no recibieron explicaciones satisfactorias.
Pero otro aspecto tanto o más interesante del material provisto por Rezk, quien depende
de Economía, es que en su defensa del control privatizado de preembarque lanzó una grave
denuncia implícita contra la inoperancia de la Aduana. Según los datos que brindó, el
precio promedio por kilogramo de las mercancías incluidas en el sistema de inspección en
origen fue similar en 1999 al de 1998, mientras que el de los bienes no incluidos fue muy
inferior. En tanto las mercancías sujetas a control preembarque aumentaron su valor o se
abarataron levemente, las otras sufrieron desplomes de hasta un 73 por ciento.
Esta conclusión es relevante porque sugiere una enorme evasión de aranceles aduaneros y
de IVA que, por el ineficaz seguimiento de Impositiva, una vez que la mercancía es
despachada a plaza, no puede esperarse que se recupere luego, siquiera en parte, a través
de una mayor recaudación por Ganancias. La evasión comienza por la subfacturación de
los bienes, con el objeto de pagar menos dinero en derechos e impuestos.
Según explicó Rezk, quien conduce un equipo de cordobeses instalados en un ala del
Ministerio de Economía, el preembarque, cuyos controles comenzaron en diciembre de 1997,
además de inspeccionar la mercancía en origen le pide al exportador una copia de la
factura original. “Hemos comprobado que muchas veces esa factura discrepa con la
presentada en la Argentina –indicó–. Encontramos operaciones donde el
exportador facturó 95 mil dólares, pero en las que el importador presentó aquí por la
misma operación una factura por 18 mil. El procedimiento es muy simple: se fotocopia el
membrete, y se escribe abajo el nuevo valor.” Ese reclamo al exportador de una copia
de la factura por él emitida sería el efecto de control más importante que realiza el
preembarque.
El Comité Ejecutivo subrayó, como para separar la hacienda, que el programa no
interfiere con el sistema aduanero: “Todos los controles que la Aduana estaba
obligada a efectuar antes de existir el control preembarque, debe seguir haciéndolos. El
preembarque se limita a valuar las mercancías en el exterior y a pasarle esa información
a la Aduana. Esta puede o no coincidir. La última palabra es suya. No hay ninguna
privatización de la Aduana”, enfatizó Rezk.
Las seis controladoras europeas que realizan las inspecciones, y entre las cuales cada
importador puede elegir a su antojo, facturaron en 21 meses 110 millones de dólares. Pero
gracias a su acción, según afirma el Comité, la recaudación se incrementó en 602
millones, con lo que el beneficio fue 5,5 veces el costo. De todas formas, no quedó muy
claro si es correcto atribuir a este sistema todo aumento en los ingresos fiscales
generados por las importaciones involucradas.
El programa está basado en bienes de consumo (1820 posiciones arancelarias), aunque desde
abril de 1999 se agregaron partes y piezas de diversas industrias. “Varias cámaras
nos presionan fuertemente para incluir sus productos en el preembarque, porque dicen que
éste actúa más rápidamente”, se vanaglorió Rezk.
| María acosa a Parino La fiscal Marta Benavente pidió ayer la pena de seis meses de prisión en
suspenso para Gustavo Parino por los supuestos delitos de “contrabando culposo e
incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El reclamo de la fiscalía,
contra quien se desempeñó como administrador nacional de Aduanas entre 1992 y 1995, fue
planteado en la misma jornada que el defensor del ex funcionario cavallista, el penalista
Francisco D’Albora, reclamó la absolución de su cliente de todos los cargos
formulados en el marco de la causa por la “aduana paralela”. Supuestamente, el
multimillonario contrabando habría sido facilitado por las debilidades del sistema
María, control informático instrumentado por Parino. |
Habra sanciones si hubo acuerdo para subir comisiones
Amarilla a las tarjetas de crédito
La
decisión de la Federación de Expendedores de Combustibles (Fecra) de rechazar los pagos
con tarjetas de crédito desató una polémica que alcanzó a organismos oficiales. La
Subsecretaría de Comercio Interior advirtió que “la Comisión de Defensa de la
Competencia debe investigar si las empresas se pusieron de acuerdo para fijar precios
uniformes (en sus comisiones) y si con eso producen un daño efectivo”, en cuyo caso
“podrían ser sancionadas o se les podría prohibir tal decisión”. Las cadenas
de supermercados cordobesas adoptarán una medida similar a la dispuesta por Fecra, a
diferencia de los hipermercados nacionales, que acordaron con las administradoras de
tarjetas limitar las comisiones.
Carlos Calabró, titular de Fecra, ratificó la suspensión de ventas con tarjeta en las
estaciones de servicio a partir de la hora cero del lunes, medida cuestionada por
asociaciones de usuarios y otras entidades de expendedores. Manuel García, titular de la
Asociación de Estaciones de Servicio Independientes, señaló que la medida no tendrá
efectivo cumplimiento. “¿Quién va a arriesgar su negocio dejando de cargarle
combustible al automovilista que no pague en efectivo? El aumento de la comisión no
significa más de 200 o 300 pesos por mes, y a quien le rechazan la tarjeta no paga en
efectivo sino que se va a otra estación y no vuelve más. Ante el riesgo de perder el 30
o el 40 por ciento de las ventas, ningún expendedor va a cumplir la medida”,
señaló García. “El expendedor va a tener que soportar el costo o cargárselo al
cliente”, señaló, en alusión al aumento de medio punto (de 1 a 1,5 por ciento) en
las comisiones que cobran las administradoras de tarjetas de crédito.
En una situación similar, tres meses atrás, las principales cadenas de supermercados
negociaron con las empresas administradoras de tarjetas las comisiones que pagarían,
llegando a un acuerdo que evitó que pusieran en práctica la amenaza de dejar de vender
con tarjeta. Las cadenas provinciales quedaron al margen del acuerdo, y en particular las
cordobesas anticiparon que dejarán de aceptar los pagos con tarjetas. Silvio Peist,
subsecretario de Comercio Interior, prometió que el gobierno tomará cartas en el asunto.
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