PIDEN QUE LA CANCILLERIA INTERVENGA EN UNA ADOPCION ILEGAL Tras la pista de un chico y un torero
Con el apoyo de
Abuelas de Plaza de Mayo, Alba Torres intentaque la Cancillería interceda ante España.
Allí estaría, en manosde un torero y su esposa, el niño que le fue robado al nacer.
Fernando, hijo de Alba, junto a su madre
cuando tenía un año.
El parecido entre ambos niños salta a la vista.
Por Carlos Rodríguez
Si la historia es
llevada al cine, el gasto de producción será enorme porque la trama deberá transcurrir
en escenarios naturales de Tierra del Fuego, Rosario, Chaco y la ciudad española de
Sevilla, donde vive hoy un niño argentino, de seis años, que fue sacado ilegalmente del
país por un torero y su esposa, siguiendo el itinerario descripto y burlando las normas
locales que prohíben la adopción internacional. Con el apoyo de las Abuelas de Plaza de
Mayo, Alba Pompeya Torres reclamó a la Cancillería que interceda ante las autoridades de
España para que la Justicia de ese país “acelere los trámites para la obtención
de una muestra de sangre” para realizar el análisis de ADN que permitiría saber si
el niño Carlos Peralta Rizo, como lo llaman sus padres adoptivos, es hijo de la
querellante, que afirma ser la madre biológica y que desde hace seis años viene
reclamando la restitución del pequeño. Por lo pronto, la mujer pone sobre la mesa un
documento asombroso, reproducido en estas páginas: la foto del niño que está en
Sevilla, publicada por la revista Hola, y la de su hijo Fernando cuando tenía un año. El
parecido entre los supuestos hermanos es innegable. “Teniendo en cuenta todas las
constancias de la causa que hacen sostener a esta Magistratura esa eventualidad como
posible (que el chico fuera hijo biológico de Alba Pompeya Torres), resulta absolutamente
necesario efectuar sobre el menor de marras el estudio del ácido desoxirribonucleico,
comúnmente denominado ADN, a los efectos de determinar el vínculo biológico que
corrobore o deseche los términos de la denuncia.” El pedido fue formulado, hace más
de ocho meses, por el juez de Rosario Luis María Caterina, quien se dirigió vía exhorto
al juzgado de Coria del Río, Sevilla, a cargo de Pilar Ordóñez, que mandó pedir
fotocopias de la causa, pero hasta ahora sigue sin resolver el punto crucial. Ayer, junto
con su abogado Gonzalo Miño, la señora Torres se reunió en la Cancillería con Ignacio
Goycoechea, asesor letrado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. “Le
pedimos un esfuerzo y que tenga en cuenta que la prueba de ADN es obligatoria en la
Argentina teniendo en cuenta que lo que se investiga en Rosario es un delito, el de
sustracción de menor”, explicaron Torres y Miño en una reunión de prensa realizada
en la sede de Abuelas. En España “la jurisprudencia sobre la obligatoriedad del ADN
está un 50 por ciento a favor y otro 50 en contra, pero la Corte Suprema española lo ha
avalado, de manera que confiamos en un resultado positivo, pero queremos una pronta
definición”. De esa resolución dependen los pasos a seguir, que podrían ser un
pedido de captura internacional contra el matrimonio español formado por el torero Angel
Peralta Pineda y Encarnación Rizo, más la contratación de un estudio en Sevilla para
fortalecer la querella. “El juez Caterina envió copia certificada de unas 40 fojas
del expediente que habían sido solicitadas, pero al mismo tiempo el matrimonio español
presentó en el juzgado de Sevilla un pedido de nulidad de la prueba de ADN que es
incorrecto, porque deberían presentarse en el tribunal rosarino”. La historia que
relató Alba Torres parece de película. El 2 de noviembre de 1993 tuvo un bebé –su
quinto hijo– en su domicilio particular de Río Grande, Tierra del Fuego, asistida
por el médico Mario Feullade, quien en ese momento gozaba de toda su confianza. El parto
se produjo en ausencia del esposo de Alba, Héctor González, y el doctor Feullade
“se llevó a mi hijo al hospital diciendo que tenía que ponerlo en la
incubadora”. Cuando se trasladaron, ese mismo día, a la clínica, se les notificó
“que el niño había fallecido, pero durante tres días se negaron a entregarnos el
cuerpo, de manera que hicimos la denuncia policial y judicial”. Feullade fue
sobreseído, después de un largo proceso, y antes de su muerte, que ocurrió en mayo
pasado de un infarto, “hasta fue declarado ciudadano ilustre” de Tierra del
Fuego. La segunda parte transcurrió en Rosario, donde el chico que hoy vive en Sevilla
fue inscripto mediante la intervención del escribano rosarino Malcolm Gibbons y de la
obstetra Elba Montiquín como hijo legítimo de Lorena Paola García, una joven que era
estudiante de medicina y trabajaba en el supermercado Tigre. Ahora sería vicedirectora de
una escuela primaria en Santa Fe. En distintas oportunidades –incluso en una cámara
oculta que hicieron periodistas de América TV– ella ratificó que Carlitos es hijo
suyo y que lo entregó en adopción “por propia voluntad”, sin que mediara pago
alguno de dinero. Sin embargo, sus propios padres, Francisco y Elena García, han
declarado que la joven “nunca estuvo embarazada”. En igual sentido se han
manifestado, ante el juzgado de Caterina, varias personas que fueron compañeros de
trabajo de la joven en el supermercado. La secuencia terminó de completarse en un nuevo
escenario, la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña. El juez local Juan
Zaloff Dakoff concedió al matrimonio español la adopción plena de Carlitos en un plazo
que puede considerarse record: apenas pasaron once meses. Cuando llegó la sentencia,
hacía rato que el matrimonio estaba en su residencia de Sevilla. El juez tenía en su
haber un total de 36 adopciones sólo en el año 1994, una marca insuperable en la
provincia. Por las irregularidades cometidas fue sometido a un jury de enjuiciamiento,
pero fue absuelto por el Consejo de la Magistratura, junto con los fiscales Nilda Casalino
y Hugo Movrin y los defensores José Giménez Ortega y Nélida Agnello. Estela Carlotto,
presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, expresó su respaldo a Alba Torres
“porque todos los chicos tienen el derecho a saber la verdad”.
Para Peralta, todo legal
En una conversación telefónica que mantuvo con Página/12, en noviembre de
1994, el torero Angel Peralta Pineda aseguró que el bebé recién nacido fue
“adoptado legalmente en la Argentina”, negándose a reconocer un acto ilegal,
aunque en el país la adopción internacional lo era. En el momento de la controvertida
adopción, en la Cámara de Diputados se había aprobado un proyecto que impedía la
adopción internacional irrestricta de menores, exigiendo que los adoptantes acreditaran
tres años de residencia en el país. En 1997 el proyecto se hizo ley y el plazo se subió
a cinco años. El matrimonio español estuvo alrededor de un mes en el país y se llevó
al niño sin cumplir tampoco el requisito del año de guarda provisoria que establecen las
leyes argentinas. En la causa que se tramita en Rosario, a cargo del juez Luis María
Caterina, están imputados por supuesta “sustracción de menor” tanto el
matrimonio español como la presunta madre biológica Lorena Paula García. El magistrado,
en el exhorto que dirigió al juzgado español, mencionó los artículos 138, 139 y 139
bis, y 146, todos del Código Penal argentino, que sancionan con penas que van desde los
dos a los 15 años de prisión a los autores del robo de un menor. Respecto de Lorena
García, el juez Caterina dijo que hay “fundadas sospechas de que quien dice ser la
madre no lo fue en realidad, habiéndose fraguado una historia clínica”. Peralta
Pineda, en sus declaraciones a este diario, sostuvo que en su caso “no hubo tráfico
de niños” y que todo fue hecho “en forma legal”. Hasta puntualizó que él
es “una persona muy honesta” que incluso recibió “la medalla del mérito
civil, de la beneficencia en España”. “Y no me la han dado por gusto”,
recalcó.
Si la historia es
llevada al cine, el gasto de producción será enorme porque la trama deberá transcurrir
en escenarios naturales de Tierra del Fuego, Rosario, Chaco y la ciudad española de
Sevilla, donde vive hoy un niño argentino, de seis años, que fue sacado ilegalmente del
país por un torero y su esposa, siguiendo el itinerario descripto y burlando las normas
locales que prohíben la adopción internacional. Con el apoyo de las Abuelas de Plaza de
Mayo, Alba Pompeya Torres reclamó a la Cancillería que interceda ante las autoridades de
España para que la Justicia de ese país “acelere los trámites para la obtención
de una muestra de sangre” para realizar el análisis de ADN que permitiría saber si
el niño Carlos Peralta Rizo, como lo llaman sus padres adoptivos, es hijo de la
querellante, que afirma ser la madre biológica y que desde hace seis años viene
reclamando la restitución del pequeño. Por lo pronto, la mujer pone sobre la mesa un
documento asombroso, reproducido en estas páginas: la foto del niño que está en
Sevilla, publicada por la revista Hola, y la de su hijo Fernando cuando tenía un año. El
parecido entre los supuestos hermanos es innegable. “Teniendo en cuenta todas las
constancias de la causa que hacen sostener a esta Magistratura esa eventualidad como
posible (que el chico fuera hijo biológico de Alba Pompeya Torres), resulta absolutamente
necesario efectuar sobre el menor de marras el estudio del ácido desoxirribonucleico,
comúnmente denominado ADN, a los efectos de determinar el vínculo biológico que
corrobore o deseche los términos de la denuncia.” El pedido fue formulado, hace más
de ocho meses, por el juez de Rosario Luis María Caterina, quien se dirigió vía exhorto
al juzgado de Coria del Río, Sevilla, a cargo de Pilar Ordóñez, que mandó pedir
fotocopias de la causa, pero hasta ahora sigue sin resolver el punto crucial. Ayer, junto
con su abogado Gonzalo Miño, la señora Torres se reunió en la Cancillería con Ignacio
Goycoechea, asesor letrado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. “Le
pedimos un esfuerzo y que tenga en cuenta que la prueba de ADN es obligatoria en la
Argentina teniendo en cuenta que lo que se investiga en Rosario es un delito, el de
sustracción de menor”, explicaron Torres y Miño en una reunión de prensa realizada
en la sede de Abuelas. En España “la jurisprudencia sobre la obligatoriedad del ADN
está un 50 por ciento a favor y otro 50 en contra, pero la Corte Suprema española lo ha
avalado, de manera que confiamos en un resultado positivo, pero queremos una pronta
definición”. De esa resolución dependen los pasos a seguir, que podrían ser un
pedido de captura internacional contra el matrimonio español formado por el torero Angel
Peralta Pineda y Encarnación Rizo, más la contratación de un estudio en Sevilla para
fortalecer la querella. “El juez Caterina envió copia certificada de unas 40 fojas
del expediente que habían sido solicitadas, pero al mismo tiempo el matrimonio español
presentó en el juzgado de Sevilla un pedido de nulidad de la prueba de ADN que es
incorrecto, porque deberían presentarse en el tribunal rosarino”. La historia que
relató Alba Torres parece de película. El 2 de noviembre de 1993 tuvo un bebé –su
quinto hijo– en su domicilio particular de Río Grande, Tierra del Fuego, asistida
por el médico Mario Feullade, quien en ese momento gozaba de toda su confianza. El parto
se produjo en ausencia del esposo de Alba, Héctor González, y el doctor Feullade
“se llevó a mi hijo al hospital diciendo que tenía que ponerlo en la
incubadora”. Cuando se trasladaron, ese mismo día, a la clínica, se les notificó
“que el niño había fallecido, pero durante tres días se negaron a entregarnos el
cuerpo, de manera que hicimos la denuncia policial y judicial”. Feullade fue
sobreseído, después de un largo proceso, y antes de su muerte, que ocurrió en mayo
pasado de un infarto, “hasta fue declarado ciudadano ilustre” de Tierra del
Fuego. La segunda parte transcurrió en Rosario, donde el chico que hoy vive en Sevilla
fue inscripto mediante la intervención del escribano rosarino Malcolm Gibbons y de la
obstetra Elba Montiquín como hijo legítimo de Lorena Paola García, una joven que era
estudiante de medicina y trabajaba en el supermercado Tigre. Ahora sería vicedirectora de
una escuela primaria en Santa Fe. En distintas oportunidades –incluso en una cámara
oculta que hicieron periodistas de América TV– ella ratificó que Carlitos es hijo
suyo y que lo entregó en adopción “por propia voluntad”, sin que mediara pago
alguno de dinero. Sin embargo, sus propios padres, Francisco y Elena García, han
declarado que la joven “nunca estuvo embarazada”. En igual sentido se han
manifestado, ante el juzgado de Caterina, varias personas que fueron compañeros de
trabajo de la joven en el supermercado. La secuencia terminó de completarse en un nuevo
escenario, la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña. El juez local Juan
Zaloff Dakoff concedió al matrimonio español la adopción plena de Carlitos en un plazo
que puede considerarse record: apenas pasaron once meses. Cuando llegó la sentencia,
hacía rato que el matrimonio estaba en su residencia de Sevilla. El juez tenía en su
haber un total de 36 adopciones sólo en el año 1994, una marca insuperable en la
provincia. Por las irregularidades cometidas fue sometido a un jury de enjuiciamiento,
pero fue absuelto por el Consejo de la Magistratura, junto con los fiscales Nilda Casalino
y Hugo Movrin y los defensores José Giménez Ortega y Nélida Agnello. Estela Carlotto,
presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, expresó su respaldo a Alba Torres
“porque todos los chicos tienen el derecho a saber la verdad”.