SILVANI PRESENTO SU RENUNCIA POR ESCRITO PERO LA NEGO PUBLICAMENTE
Para apurar una decisión de De la Rúa

El titular de la AFIP dejó su renuncia en manos de Roque Fernández. La propuesta para que continúe en el cargo tras el cambio de gobierno fue cuestionada por diversos sectores de la Alianza. Silvani quiere salir del centro de las críticas a su gestión buscando el apoyo de De la Rúa.
Carlos Silvani negó su renuncia, que había entrado por escrito a Economía el miércoles por la noche.“¿Para qué voy a renunciar, si el 10 se termina?”, dijo. “Si me convocan a seguir, aceptaría”, agregó.

Aunque en público lo niega, Carlos Silvani, administrador federal de Ingresos Públicos, puso su renuncia a consideración de Roque Fernández. La nota ingresó en Mesa de Entradas del Ministerio de Economía el miércoles por la noche, según pudo averiguar Página/12, con un texto que elude la palabra “indeclinable”. La noticia sorprendió a los operadores de la Alianza, que sin embargo la ligaron a los cuestionamientos que ha recibido en los últimos días de parte del futuro jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, interpretándola como una maniobra política tendiente a recuperar el apoyo de Fernando de la Rúa y Fernando de Santibañes (cabeza del futuro consejo de “notables”) para continuar en el cargo tras el cambio de gobierno.
La sola mención de la posibilidad de que Silvani continúe al frente de la AFIP dividió aguas en la Alianza. Santibañes hizo pesar su influencia sobre De la Rúa para promoverlo, a pesar de que el designado ministro de Economía, José Luis Machinea, no lo convalida. El actual jefe de recaudadores tampoco cuenta con la simpatía de Terragno, que cuestionó públicamente su continuidad, al igual que el flamante jefe del bloque aliancista de Diputados, Darío Alessandro. Bajo esta perspectiva, la presentación de su renuncia fue interpretada como un intento de correrse del centro de la escena para permitir que sus más fieles operadores sigan bregando por su designación a partir del 10 de diciembre.
“¿Para qué voy a renunciar, si el 10 (de diciembre) esto se termina?”, respondió Silvani a Página/12, negando la versión circulante. “Si me convocaran a continuar en el cargo, aceptaría. Por el momento, lo que tengo decidido es que no volveré a Washington, después del 10 me quedo en Buenos Aires”, agregó. En el Palacio de Hacienda, en tanto, se evitó hacer cualquier comentario sobre la renuncia que Silvani presentó pero niega.
Todos juegan a operar sobre la voluntad de De la Rúa. Mientras Silvani apuesta a generar un vacío en el cargo para apurar su propia confirmación por parte del presidente electo, desde las huestes aliancistas ayer confeccionaban una terna de candidatos a encabezar la AFIP, que pondrán a disposición del futuro primer mandatario hoy mismo. “Lo que no banca De la Rúa es que le cuestionen funcionarios si, al mismo tiempo, no le ofrecen alternativas”, confiaban ayer quienes aseguran conocer su estilo de conducción. El propio Terragno, junto a Raúl Baglini, serán los encargados de presentar hoy los nombres alternativos.
Unos y otros, promotores y detractores de Silvani, saben que lo que está en juego no es un simple cargo técnico, sino un espacio de poder que se amplificará en la gestión próxima a iniciarse. La lucha contra la evasión puede constituirse en la vidriera más expuesta de la erradicación de la corrupción, quizás el principal emblema con el que la Alianza derrotó al justicialismo en las urnas. Y la evaluación de la gestión de Silvani con respecto a esta cuestión también permite alinear, de un lado y otro, a quienes lo promueven y a los que lo rechazan.
Los expertos en temas tributarios del radicalismo y el Frepaso condenan, no sin razón, lo hecho por Silvani para combatir la evasión. Es un dato admitido por el gobierno saliente que los burladores del sistema impositivo le hacen perder al Estado más de 20 mil millones de pesos anuales de ingresos, y que esa cifra no ha bajado en los últimos tres años. El titular de la AFIP, admitiendo el dato, carga las responsabilidades sobre el sistema judicial, al que acusa de no haberlo acompañado en su lucha y, en algunos casos, de haber bloqueado directamente la acción contra los evasores.
Una de las pautas con las que la futura conducción económica piensa arrancar su gestión es dotar de mayor poder a la DGI, con un cuerpo especial de fiscalización sobre grandes contribuyentes y nuevas herramientas legales que le permitirían una mayor ejecutividad para cobrar las deudas fiscales. También se buscaría jerarquizar los ingresos por elimpuesto a las ganancias, para modificar una estructura de tributación hoy totalmente centrada en los gravámenes al consumo (IVA, Internos y Combustibles). Una demostración, al menos en el anuncio, del rol central que ocuparía la lucha contra la evasión en la futura gestión económica.

Criticas a la gestion de Silvani
“No es Ramón Díaz”

“Acá no estamos confirmando a Ramoncito Díaz porque salió campeón. Es un jugador que tenía que marcar goles y no los ha marcado. No se puede aceptar que Silvani ponga las condiciones para quedarse”, le dijo a este diario un alto dirigente de la Alianza que formará parte del gabinete de Fernando de la Rúa a partir del 10 de diciembre.
“Silvani sostiene que la gran evasión se debe a que la legislación tiene lagunas, a que los jueces se sientan en los expedientes y a que la AFIP no tiene la posibilidad de ejecutar en sede administrativa”, explicó la fuente. Pero advirtió que “esto es parte de la historia, no es toda la historia”. Y dijo que “hay que examinar bien desde adentro el porqué de semejante niveles de evasión”.
Rodolfo Terragno se negó ayer a hablar del tema abiertamente con la prensa. Sólo dijeron sus allegados que “no está dispuesto a ceder un milímetro en hacer valer lo que marca la Constitución, que el jefe de Gabinete tiene la responsabilidad última sobre la recaudación de los impuestos”. “El referente último del titular de la AFIP es el jefe de Gabinete”, aseguraron.
En la Alianza explican que la decisión de De la Rúa de dejar a Silvani en su puesto tuvo en cuenta dos motivos. Por un lado, argumentan que un cambio en este momento, aunque podía favorecer la política de mediano plazo, podía provocar un retroceso transitorio en la recaudación en un momento crítico para las cuentas fiscales como el actual. Por otro lado, reconocen que, como ex funcionario del Fondo Monetario, también se pensó en hacer otro guiño a los mercados.
“La confirmación de Silvani depende de la elaboración del plan antievasión. Y de la aceptación por parte de Silvani de la estrategia, que fijará la Alianza con el aporte tanto de Machinea como de Terragno”, dijo a este diario otro futuro ministro del gabinete aliancista. E insistió en que “ésta es una administración que viene de un fracaso, la experiencia no fue buena en los últimos años, porque el problema de la evasión en Argentina es hoy enorme”. Silvani “no puede poner condiciones, el debe aceptar las condiciones que fijará el Presidente para su continuidad”, concluyó la fuente.

Bochado en el combate contra la evasión

Por F.C.

Rodolfo Terragno dijo en público lo que muchos en la Alianza piensan sobre Carlos Silvani y no se animan a expresar. “A nosotros nos hubiera gustado una señal más contundente en la lucha contra la evasión”, explicó el flamante jefe del bloque de diputados de la Alianza, Darío Alessandro. “No se lo objeta como técnico, pero hasta ahora los resultados fueron negativos”, agregó el diputado, amigo del futuro vice Carlos “Chacho” Alvarez.
Lo que silenció la opinión de muchos, fue el entusiasmo que puso Fernando de la Rúa en asegurar la continuidad “por seis meses” de Silvani en la AFIP. Ante las demoras en resolver las vacantes que el futuro gobierno todavía tiene pendientes en lugares de primer orden, que el presidente electo diera muestras públicas de querer mantener a un funcionario de Menem en el cargo era un dato más que contundente como para acallar críticas.
Es cierto que en diversos momentos de la campaña la capacidad recaudadora de Silvani fue alabada aun desde el Frepaso. Por ejemplo, Graciela Fernández Meijide había dicho que le gustaría tenerlo como funcionario en caso de que llegara a la Rosada. Pero luego de la última reunión del gabinete delarruista –el lunes pasado en las oficinas de Nicolás Gallo–, en la que la evasión impositiva fue el tema primordial, muchos se preguntaron cómo el nuevo gobierno podía marcar una línea divisoria en este punto si el encargado del área seguía siendo el mismo que en los últimos años. “Si el desempeño en un cargo de ese tipo se mide por el rendimiento del trabajo, está claro que Silvani debería irse ya”, explicó un diputado radical.
Una de las contras que aceptan dentro de la coalición es que no contaban con un especialista como para oponerle a Silvani. El mismo diputado radical se resiste a pensar que el cargo de recaudador de impuestos debe ser ocupado por una figura “providencial”. “Se trata de un equipo y nosotros lo tenemos”, explicó.

Todos se unieron para rechazar el
acuerdo con Trenes Metropolitanos

Mientras organizaciones de usuarios y legisladores nacionales preparan una batería de medidas judiciales para oponerse a los decretos que autorizan la renegociación de los contratos de Trenes Metropolitanos (San Martín, Roca y Belgrano Sur) y Ferrovías (Belgrano Norte), el gobierno saliente trató de aclarar que no está dicha la última palabra. “Fernando de la Rúa podrá revisar y hacer los cambios que quiera”, comentó ayer Carlos Corach, ministro del Interior hasta el 10 de diciembre. “Cualquiera se da cuenta de que no se puede hacer una cosa así; esto es improcedente, porque da lugar a pensar que tienden a generar conflictos en la nueva administración”, señaló el vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez. Trenes Metropolitanos, en tanto, insistió en aclarar que los ajustes tarifarios se cobrarán sólo en la medida que avance el nuevo plan de obras (ver aparte).
El inminente ministro de Economía, José Luis Machinea, sostuvo que “más allá del aumento, al que siempre nos opusimos, lo que no nos parece razonable es que un gobierno que se está yendo tome decisiones de esta magnitud”. También puso sobre la mesa el riesgo que entrañaría este decreto: “Las decisiones que después intentan ser cambiadas o revocadas pueden implicar juicios importantes contra el Estado”.
El primero que hizo punta para oponerse judicialmente a los decretos fue el abogado Ricardo Monner Sans, quien presentó ante el juzgado contencioso administrativo de Ernesto Marinelli un recurso de amparo para que se suspendiera el efecto de esos controvertidos decretos. El principal argumento para sostener su solicitud es la inconstitucionalidad de los decretos, ya que se habría vulnerado la facultad del Congreso a expedirse sobre el tema.
En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, ayer por la tarde hubo una reunión entre representantes de asociaciones de usuarios y los legisladores frepasistas Ricardo Vago y Marcelo Vensentini, junto a los otros aliancistas Héctor Polino y Jorge Casabe. Del cónclave surgió la decisión de solicitar una entrevista con el futuro ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, para analizar el tema, otra con Fernando de la Rúa para reclamarle que deje sin efecto los decretos y, finalmente, presentar un amparo judicial, que se sumaría al que ya presentó Monner Sans.
El justicialista Telmo Pérez, titular de la Comisión de Transporte de Diputados, también objetó los decretos recordando que ese cuerpo legislativo le había solicitado al secretario de Transportes, Armando Canosa, abstenerse de avanzar con esas renegociaciones. También desde el PJ, José Antonio Romero, secretario de Obras Públicas bonaerense, ratificó la voluntad de la provincia de ir a los tribunales, porque el Poder Ejecutivo Nacional avanzó en acuerdos que involucran a usuarios bonaerenses. “Este recorrido sin estaciones intermedias que las autoridades nacionales nos obligan a transitar tiene, por suerte, una parada forzosa, denominada Justicia”, reza un comunicado del funcionario duhaldista.
Desde el radicalismo también hubo fuertes cuestionamientos. El diputado Alejandro Nieva se empeñó en dejar en claro que sería posible volver a revisar los contratos. Esto “no afecta la seguridad jurídica, en la medida que está en juego el interés público”, precisó. Y, a renglón seguido, sostuvo que sólo habría que rehacer aquellos puntos en los que hubiera habido “excesos” en las atribuciones negociadoras de la Secretaría de Transportes. En una línea similar, su colega Juan Pablo Baylac aclaró que “la potestad de revisar (contratos) surge de una posibilidad doctrinaria del derecho”.
Corach y fuentes de la Jefatura de Gabinete argumentaron en sentido semejante, para dar a entender que el futuro gobierno no estará atado de pies y manos por estos decretos. La facultad de cambiar ciertas condiciones de las polémicas normas estaría dada por el artículo tercero: éste faculta a Economía a hacer “aclaraciones” y “aprobar el textoordenado del contrato y la addenda”, lo que habilitaría a hacer retoques sin necesidad de una nueva norma legal.
Chacho Alvarez señaló que “tenemos que revisar muy fuerte el aumento de las tarifas, que dentro de cinco o seis meses van a afectar a sectores muy vulnerables de la sociedad”. Y agregó: “Las nuevas autoridades pueden ver los contratos mucho más objetivamente y con razonabilidad”. A criterio del futuro ministro del Interior, Federico Storani, el presidente Carlos Menem “ya no tiene legitimidad para producir hechos que van a condicionar al futuro gobierno” y señaló que “desde luego, todos estos actos de último momento son revisables”.

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