El argentino que demandó a la
reina Isabel por 70 millones
Constantino
Davidoff compró para desarmar tres factorías en las Georgias. Pero eligió un mal año:
1982. Con la guerra, se las confiscaron. Ahora vive en la ruina y pide indemnización.
Constantino Davidoff reclama daños y
perjuicios al gobierno británico y a la propia corona.
Por Horacio Cecchi
Sin trabajo
estable, sin techo –acaban de rematar su chalet por deudas–, con su nombre
bailoteando en los registros de Veraz y sobreviviendo con el aporte de algunos familiares,
Constantino Davidoff no tiene paz. Tampoco tiene los 70 millones que sueña cobrar de dos
demandas en las que aparece como querellante. La suma no es despreciable. Cambiaría la
perspectiva de vida de cualquiera. Pero no cualquiera demanda a la reina de Inglaterra y
al gobierno británico por daños y perjuicios. La solución de sus expectativas no es
sencilla, especialmente si se consideran los motivos que lo enfrentan con el león inglés
y la corona de Isabel: en 1982, Davidoff compró para desarmar tres factorías balleneras
en desuso, en las islas Georgias. Pero se desató la guerra y sus trabajadores quedaron
como el jamón del sandwich y sus propiedades, deglutidas por el imperio. Off course, el
futuro de Davidoff es menos sencillo de lo que parece: el Foreign Office respondió a los
reclamos del desarmador con una nota sin aclaración de firma dirigida a la Cancillería
en la que sugiere, informalmente, que la corten con los juicios para que las relaciones
diplomáticas “no se vean adversamente afectadas”. Todo por las good relations.A
principios de la década del 70, la vida de Constantino Davidoff iba viento en popa.
Especializado en el desarmado de cables telegráficos que surcan las profundidades del
océano, y que quedaron añejos con la comunicación vía satélite, C.D. había ganado la
licitación para toda Sudamérica y Centroamérica. En 1976 inició otro emprendimiento en
el mismo rubro de lo viejo, pero en diferente ramo: en las islas Georgias del Sur, cuatro
aldeas de alrededor de 2 mil pobladores, con mujeres y niños, hospitales, cines, y todas
las comodidades, se dedicaban a transformar cetáceos en subproductos. Estaban ubicadas en
la Bahía de Leith, Husvik, Stromness y Grytviken. La prohibición de la caza de ballenas
transformó las aldeas en galpones de hojalata e instrumentales inútiles.El Reino Unido
licitó el desarmado en 1976. Davidoff se adjudicó la tarea. Seis años duró la
redacción del contrato hasta que, por 500.000 dólares, firmó y se hizo propietario de
las tres primeras aldeas, y de los materiales de la cuarta. “Había muchas cosas de
utilidad –explicó a Página/12 Davidoff, en el living de la casa de su hermana, a la
sazón su vivienda provisoria–. Ejes portahélices, generadores, tres diques
flotantes, chapa para buques, cazaballeneros y otros barcos.”Después de las
correspondientes autorizaciones del gobierno inglés, Davidoff y seis ayudantes
desembarcaron en las Georgias. Analizaron el estado de situación y regresaron al
continente. El 19 de marzo del ‘82, un buque de la Armada, pero de uso civil,
transportó 39 obreros de la empresa de Davidoff hasta las Georgias. “Estaban
esperando generar un incidente y me aprovecharon a mí”, denuncia el desarmador. El
Foreign Office ordenó el retiro de los operarios. “Argentina respondió que estaban
cumpliendo un contrato comercial, pero Inglaterra desoyó la explicación”. Al día
siguiente, el gabinete de Thatcher ordenó el envío del “Endurance” para el
desalojo. Los 39 obreros fueron tomados como refugiados de guerra y las aldeas cambiaron
de manos. Davidoff se quedó con la inexistente posibilidad de un reclamo comercial en
tiempo de guerra.Concluida la contienda, en el ‘84 primero y en el ‘96 después,
presentó dos querellas en el Juzgado 5 en lo Contencioso Administrativo, a cargo de la
jueza Susana Córdoba, contra el Reino Unido y la corona por daños y perjuicios. El monto
inicial fue de 31 millones de dólares. Davidoff calcula que, de ganar la demanda, en la
actualidad la suma alcanzaría los 70 millones. En el primer caso, incluyó al Estado
argentino como garante, para evitar que la causa prescribiera. Pero en 1987, el procurador
del Tesoro nacional declaró que Argentina había actuado en “legítima defensa”
con lo que la pelota quedó únicamente del lado inglés, cuyo gobierno desconoció las
demandas, considerando que se trataba de una razón de Estado que no es materia
judiciable. “Es falso, porque el contrato era civil, y encubrieron el despojo del que
fui víctima”, sostiene Davidoff. Entonces envió una nota a la reina Isabel,
poniéndola en situación. “Dear Mr. Davidoff”, empezaba la respuesta de la
monarca, el 25 de marzo del ‘97, continuaba agradeciendo por haber sido tomada en
cuenta, y dando curso a las dos demandas.Pero las instancias no concluyeron allí. El
juicio avanzaba y el Foreign Office decidió tomar cartas en el asunto: envió una nota a
la Cancillería, fechada el 13 de setiembre de este año, con el sello de la embajada
británica. En medio del sello, una firma sin aclaración cierra la nota, en la que se
sostiene que la documentación de las demandas será devuelta –señal de que no las
reconocen–. Lo más interesante es el penúltimo párrafo, anterior a los saludos de
rigor. Textualmente dice que “la Embajada (británica) agradecería que el Ministerio
(de Relaciones Exteriores argentino) tome las medidas pertinentes para asegurar que las
buenas relaciones entre nuestros dos países no se vean adversamente afectadas por la
continuidad de estas dos causas judiciales”.
Sin trabajo
estable, sin techo –acaban de rematar su chalet por deudas–, con su nombre
bailoteando en los registros de Veraz y sobreviviendo con el aporte de algunos familiares,
Constantino Davidoff no tiene paz. Tampoco tiene los 70 millones que sueña cobrar de dos
demandas en las que aparece como querellante. La suma no es despreciable. Cambiaría la
perspectiva de vida de cualquiera. Pero no cualquiera demanda a la reina de Inglaterra y
al gobierno británico por daños y perjuicios. La solución de sus expectativas no es
sencilla, especialmente si se consideran los motivos que lo enfrentan con el león inglés
y la corona de Isabel: en 1982, Davidoff compró para desarmar tres factorías balleneras
en desuso, en las islas Georgias. Pero se desató la guerra y sus trabajadores quedaron
como el jamón del sandwich y sus propiedades, deglutidas por el imperio. Off course, el
futuro de Davidoff es menos sencillo de lo que parece: el Foreign Office respondió a los
reclamos del desarmador con una nota sin aclaración de firma dirigida a la Cancillería
en la que sugiere, informalmente, que la corten con los juicios para que las relaciones
diplomáticas “no se vean adversamente afectadas”. Todo por las good relations.A
principios de la década del 70, la vida de Constantino Davidoff iba viento en popa.
Especializado en el desarmado de cables telegráficos que surcan las profundidades del
océano, y que quedaron añejos con la comunicación vía satélite, C.D. había ganado la
licitación para toda Sudamérica y Centroamérica. En 1976 inició otro emprendimiento en
el mismo rubro de lo viejo, pero en diferente ramo: en las islas Georgias del Sur, cuatro
aldeas de alrededor de 2 mil pobladores, con mujeres y niños, hospitales, cines, y todas
las comodidades, se dedicaban a transformar cetáceos en subproductos. Estaban ubicadas en
la Bahía de Leith, Husvik, Stromness y Grytviken. La prohibición de la caza de ballenas
transformó las aldeas en galpones de hojalata e instrumentales inútiles.El Reino Unido
licitó el desarmado en 1976. Davidoff se adjudicó la tarea. Seis años duró la
redacción del contrato hasta que, por 500.000 dólares, firmó y se hizo propietario de
las tres primeras aldeas, y de los materiales de la cuarta. “Había muchas cosas de
utilidad –explicó a Página/12 Davidoff, en el living de la casa de su hermana, a la
sazón su vivienda provisoria–. Ejes portahélices, generadores, tres diques
flotantes, chapa para buques, cazaballeneros y otros barcos.”Después de las
correspondientes autorizaciones del gobierno inglés, Davidoff y seis ayudantes
desembarcaron en las Georgias. Analizaron el estado de situación y regresaron al
continente. El 19 de marzo del ‘82, un buque de la Armada, pero de uso civil,
transportó 39 obreros de la empresa de Davidoff hasta las Georgias. “Estaban
esperando generar un incidente y me aprovecharon a mí”, denuncia el desarmador. El
Foreign Office ordenó el retiro de los operarios. “Argentina respondió que estaban
cumpliendo un contrato comercial, pero Inglaterra desoyó la explicación”. Al día
siguiente, el gabinete de Thatcher ordenó el envío del “Endurance” para el
desalojo. Los 39 obreros fueron tomados como refugiados de guerra y las aldeas cambiaron
de manos. Davidoff se quedó con la inexistente posibilidad de un reclamo comercial en
tiempo de guerra.Concluida la contienda, en el ‘84 primero y en el ‘96 después,
presentó dos querellas en el Juzgado 5 en lo Contencioso Administrativo, a cargo de la
jueza Susana Córdoba, contra el Reino Unido y la corona por daños y perjuicios. El monto
inicial fue de 31 millones de dólares. Davidoff calcula que, de ganar la demanda, en la
actualidad la suma alcanzaría los 70 millones. En el primer caso, incluyó al Estado
argentino como garante, para evitar que la causa prescribiera. Pero en 1987, el procurador
del Tesoro nacional declaró que Argentina había actuado en “legítima defensa”
con lo que la pelota quedó únicamente del lado inglés, cuyo gobierno desconoció las
demandas, considerando que se trataba de una razón de Estado que no es materia
judiciable. “Es falso, porque el contrato era civil, y encubrieron el despojo del que
fui víctima”, sostiene Davidoff. Entonces envió una nota a la reina Isabel,
poniéndola en situación. “Dear Mr. Davidoff”, empezaba la respuesta de la
monarca, el 25 de marzo del ‘97, continuaba agradeciendo por haber sido tomada en
cuenta, y dando curso a las dos demandas.Pero las instancias no concluyeron allí. El
juicio avanzaba y el Foreign Office decidió tomar cartas en el asunto: envió una nota a
la Cancillería, fechada el 13 de setiembre de este año, con el sello de la embajada
británica. En medio del sello, una firma sin aclaración cierra la nota, en la que se
sostiene que la documentación de las demandas será devuelta –señal de que no las
reconocen–. Lo más interesante es el penúltimo párrafo, anterior a los saludos de
rigor. Textualmente dice que “la Embajada (británica) agradecería que el Ministerio
(de Relaciones Exteriores argentino) tome las medidas pertinentes para asegurar que las
buenas relaciones entre nuestros dos países no se vean adversamente afectadas por la
continuidad de estas dos causas judiciales”.