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Por L. V. La Justicia prohibió salir del país a ocho personas investigadas por el supuesto lavado de narcodólares provenientes del mexicano Cártel de Juárez. La medida cautelar incluye a Aldo Ducler --uno de los principales directivos de la financiera Mercado Abierto-- y a los hermanos Nicolás y Domingo Di Tulio, sospechosos de haber sido el contacto con los narcotraficantes para transferir el dinero a la Argentina. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral aseguró ayer que la inhibición para atravesar las fronteras fue dictada para garantizar "que el proceso siga adelante con éxito", y ratificó que no hubo detenciones, para lo que espera una serie de datos que sólo pueden ser aportados por los Estados Unidos, necesarios para probar que el narcotráfico está en el origen de los capitales en cuestión. El avance de las investigaciones sobre lavado de dinero en la Argentina --al caso del cártel mexicano se suma el de la viuda de Pablo Escobar Gaviria, descubierta en Buenos Aires hace menos de un mes a pesar de que el gobierno sabía que la mujer estaba en el país desde el '96-- va de la mano con una avanzada del gobierno norteamericano para que se sancione la ley contra el lavado de dinero. En realidad, ya desde un mes antes de las elecciones de octubre funcionarios vinculados a la embajada de Estados Unidos, en reuniones reservadas, manifestaron su preocupación en relación a la política para el área de narcotráfico de la Alianza. La inquietud estaba centrada no sólo en la sanción de la ley, sino también en la posibilidad de que el futuro gobierno quitara poder y jerarquía a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. En el proyecto de reforma de la Ley de Ministerios que manejaban entonces los aliancistas la Secretaría dejaba de depender del área de Presidencia para quedar bajo la órbita del Ministerio de Acción Social, una modificación que finalmente fue dejada de lado. La ley contra el lavado de dinero, que fue aprobada por la Cámara de Diputados en setiembre pasado ante la llegada al país del zar antidrogas de Estados Unidos Barry Mc Cafrey, está trabada en el Senado en medio de fuertes presiones. Entre sus principales opositores se cuentan los representantes de los bancos nacionales, incluido el Central, quienes señalan que la norma sería perjudicial para las inversiones. La dilación en la aprobación de la ley fue uno de los temas presentes en la cena que el ex presidente George Bush mantuvo el miércoles en la casa del banquero Jorge Rohm con Carlos Menem y Fernando de la Rúa, y también estuvo el centro de las conversaciones que, según fuentes de la Alianza, mantuvieron funcionarios norteamericanos con algunos ministros del futuro gobierno. La causa a cargo de Canicoba Corral fue abierta por una denuncia presentada el 23 de noviembre por Interpol de México junto delegados de la Procuraduría de Delitos contra la Salud de ese país. Anteayer, el titular de la Interpol mexicana, Juan Miguel Ponce Edmonson, reveló que su gobierno detectó la presencia en Buenos Aires de Amado Carrillo Fuentes, jefe del Cartel de Juárez, durante los últimos días de 1996 y los primeros meses del 97. A Carrillo Fuentes lo llamaban "el señor de los cielos" y se supone que murió poco tiempo después, según la versión oficial a consecuencia de una fallida cirugía para cambiar sus facciones. La justicia norteamericana investiga una denuncia referida a una operación de lavado por más de 130 millones de dólares del cartel manejado por Carrillo Fuentes; parte de ese dinero --unos 25 millones-- habría sido transferido después a Buenos Aires. La ruta argentina de esos fondos se origina en una cuenta del Citibank de Nueva York, que giró fondos a la financiera Mercado Abierto, de Aldo Ducler. El economista fue ex secretario de Hacienda del dictador Reinaldo Bignone y reciente miembro del equipo de campaña de Ramón "Palito" Ortega. Ducler admite haber participado de la transacción, pero alega no tiene ninguna responsabilidad en el lavado de dinero, ni tampoco vinculaciones. El papel de los hermanos Nicolás y Domingo Di Tulio, otras de las ocho personas sobre las que ahora pesa la prohibición de abandonar el país, habría sido en cambio el de hacer los contactos iniciales en Estados Unidos con los narcotraficantes. Una vez en el país los capitales se habrían invertido en la compra de inmuebles en Mar del Plata, Balcarce y la Capital Federal. El juez Canicoba Corral sostuvo ayer que, como las operaciones se originaron en otros países, todavía no puede asegurar que el dinero provenga efectivamente del narcotráfico y que en todo caso eso se desprenderá del avance de la pesquisa. En los tribunales federales se espera la denuncia que el gobierno norteamericano presentará el próximo lunes, que incluirá el resultado del trabajo realizado por un grupo de sus agentes --integrantes de la Reserva Federal, el Departamento de Justicia y la Aduana-- que desde hace tiempo llegaron a la Argentina para reunir evidencias.
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