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El juez Ricardo Farías procesó al ex intendente
porteño por violación de los deberes de funcionario público por la concesión
irregular de Parque Norte. |
 El juez de
Instrucción, Ricardo Farías, procesó ayer al ex intendente Carlos Grosso por abuso de
autoridad y violación de los deberes del funcionario público, además de embargarlo en
un millón de pesos en la causa que investiga la concesión irregular de Parque Norte al
Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) que lidera Armando Cavalieri. Según la
resolución judicial a la que tuvo acceso exclusivo Página/12, el ex intendente pergeñó
una maniobra que perjudicó a los verdaderos dueños de los terrenos en los que está
ubicado ese predio. La denuncia había sido formulada el año pasado por el procurador
porteño Ernesto Marcer.La resolución del juez Farías tiene fecha del 2 de diciembre. Mientras tanto, en la Justicia Federal se tramita otra causa que cuestiona la posterior donación que hizo el presidente Carlos Menem de esos terrenos a Cavalieri. Una de cal, una de arena. Así podría resumirse la suerte de Grosso en la Justicia, ya que aunque ayer recibió la mala noticia de que había sido procesado y embargado, hace tres semanas había sido sobreseído por tercera vez en la causa sobre la privatización del Velódromo y del Golf Club. Esa causa se había iniciado en 1992, con una denuncia del entonces concejal frepasista Aníbal Ibarra. Luego se presentó como querellante el ex defensor del pueblo, Antonio Cartañá, y en 1998 se sumó el procurador del Gobierno de la Ciudad, Ernesto Marcer. En julio de 1991, la concesión del Golf Club y el Velódromo fue adjudicada en forma directa a la empresa Asesores Empresarios SA, presidida por Osvaldo Diéguez, vinculado con el secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, y financista de la campaña presidencial de Menem desde la Fepac. Entre sus socios en este emprendimiento estaba Héctor Antonio, hijo del empresario Jorge Antonio, de reconocida amistad con el Presidente. El decreto municipal 1628 creó una comisión para evaluar la capacidad financiera, la experiencia en el rubro y el proyecto de la licitación. En principio, Diéguez compró los pliegos a título personal, pero luego apareció en escena la empresa mencionada, que fue eximida de pagar la tasa de alumbrado, barrido y limpieza durante los veinte años de la concesión, entre otras ventajas. El fiscal Pablo Lanusse no dudó en calificarla como "un sello de goma". Además de Grosso, están imputados Diéguez, los ex funcionarios municipales Jorge Salomone, Miguel Guerrero y Raúl Kalinsky, el ex concejal Jorge Castells y el ex procurador Carlos Galina. En agosto de 1998, cuando fue indagado por el juez Carlos Bourel (Otero había sido recusado), Grosso aseguró que desconocía la estrategia empresarial de Diéguez, así como las relaciones de éste con Kohan, y que tampoco sabía de quién era hijo Héctor Antonio. "He sido absuelto en tantas causas que investigan hechos como éstos que no veo por qué sería distinto ahora", dijo confiado ante el magistrado. Tenía razón. En ese momento, Cartañá opinó que el juez Otero "cajoneó durante cinco años el expediente".
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